Nota del editor: El siguiente artículo fue publicado originalmente por Stephen Prager de Common Dreams el 23 de julio de 2026.
Grupos defensores de la libertad de prensa denuncian citación del Congreso contra BreakThrough News como un ataque al periodismo
“BreakThrough News no es el primero, ni será el último, en ser objeto de un ataque oficial”, afirmó una defensora de la libertad de prensa.
Grupos defensores de la libertad de prensa emitieron serias advertencias este jueves al señalar que los esfuerzos de los republicanos de la Cámara de Representantes para citar judicialmente a la organización periodística sin fines de lucro de izquierda BreakThrough News representan un nuevo y peligroso paso en una guerra de estilo macartista contra la disidencia política.
El miércoles, Fox News informó que BreakThrough, un medio con sede en Nueva York, era una de las tres organizaciones sin fines de lucro que recibieron citaciones emitidas por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, controlado por el Partido Republicano, como parte de una investigación sobre 39 millones de dólares en donaciones realizadas por el empresario tecnológico Neville Roy Singham, un socialista autodeclarado que ha utilizado su fortuna para financiar organizaciones progresistas.
En cartas enviadas el martes, el comité, presidido por el representante Jason Smith (republicano por Misuri), afirmó que BreakThrough, junto con otras dos organizaciones —The People’s Forum Inc., un centro de activismo con sede en Nueva York, y Tricontinental: Institute for Social Research— no había entregado documentos solicitados como parte de una investigación sobre si deberían endurecerse las normas que regulan el estatus de exención fiscal de las organizaciones sin fines de lucro para protegerlas de la influencia extranjera.
El comité acusa a Singham, un ciudadano estadounidense que actualmente reside en Shanghái, de aprovechar el código tributario y utilizar empresas fantasma y fondos asesorados por donantes para ocultar dinero extranjero que supuestamente habría sido utilizado para promover los intereses del Partido Comunista Chino. Sin embargo, no presenta ninguna acusación específica de conducta ilegal.
La citación exige que BreakThrough News entregue registros relacionados con sus finanzas, donantes extranjeros y beneficiarios de subvenciones, acuerdos de patrocinio fiscal y comunicaciones con Singham y con cualquier entidad extranjera.
En un comunicado emitido el miércoles, BreakThrough News afirmó que está “bajo ataque”.
“Durante años, legisladores republicanos nos han puesto en la mira, afirmando falsamente que nuestras opiniones políticas y nuestro trabajo periodístico forman parte de algún complot extranjero”, señaló el medio. “Ahora, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, dominado por MAGA, nos ha emitido una citación exigiendo comunicaciones internas, registros financieros y más. Que no haya dudas: esto es un flagrante abuso de poder y un ataque directo contra nuestro trabajo como periodistas y contra la Primera Enmienda en general.”
BreakThrough aseguró que no recibe financiamiento de gobiernos ni instituciones extranjeras y que ya cumple con todos los requisitos fiscales y de transparencia que la ley exige a las organizaciones sin fines de lucro.
“No se nos acusa de ningún delito, porque nuestro único ‘crimen’ ha sido decir la verdad: cubrir las actividades del movimiento de solidaridad con Palestina, revelar el terror que ICE ejerce en nuestras comunidades y exponer los crímenes de Washington en todo el mundo, desde Cuba hasta el Congo”, declaró el medio. “Ese es el periodismo que quieren silenciar. Su objetivo es obligarnos a enfrentar procesos legales y campañas mediáticas hostiles para agotar nuestros recursos y detener este importante trabajo.”
Aunque el comité sostiene que investiga a BreakThrough por su financiamiento y no por su línea editorial, las cartas enviadas a la organización utilizan el contenido de sus reportajes como evidencia circunstancial de una supuesta influencia extranjera maliciosa, calificando su cobertura de “antiestadounidense” y afirmando que sus críticas a Israel estaban “sembrando división dentro de Estados Unidos”.
Chip Gibbons, director de políticas de la organización defensora de la libertad de expresión Defending Rights & Dissent, declaró a Common Dreams que la citación contra BreakThrough constituye “un ataque profundamente alarmante contra la Primera Enmienda”.
“Estas tácticas son, literalmente, un regreso al Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes, que hoy es considerado en gran medida una vergüenza histórica”, afirmó Gibbons. “Y digo ‘en gran medida’ porque hace apenas tres días el Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, publicó un informe que ataca absurdamente a la izquierda estadounidense, incluyendo a algunos de estos grupos, calificándolos de fachadas cubanas y citando antiguos informes del HUAC.”
Gibbons también enfatizó en un comunicado que no existe “ninguna necesidad plausible” de que una organización periodística entregue documentos como parte de una investigación congresional tan amplia.
“Lo único de lo que se acusa a estos grupos es, básicamente, de haber recibido donaciones de un ciudadano estadounidense que ha sido objeto de una intensa campaña de demonización”, dijo. “Es completamente legal que ciudadanos estadounidenses donen a causas activistas y proyectos periodísticos aunque sostengan opiniones que no sean del agrado del Congreso. Está claro que esto no constituye una investigación legislativa legítima, sino un intento de intimidar y desalentar las opiniones disidentes.”
Seth Stern, director de defensa de la Freedom of the Press Foundation, coincidió en que “el Congreso no debería utilizar una investigación fiscal como pretexto para revisar las comunicaciones internas o los registros financieros de una sala de redacción”.
“La libertad de prensa”, afirmó, “protege a todos los periodistas, independientemente de si a los políticos les gusta o no su línea editorial o sus posiciones políticas.”
En lo que la administración Trump ha presentado como una lucha contra el “terrorismo de izquierda”, el gobierno ha difuminado cada vez más la línea entre la actividad violenta y el discurso político protegido por la Constitución, al sostener que determinadas expresiones “incitan” a la violencia.
El Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7, firmado por Trump en septiembre, clasifica amplios sectores de opiniones de izquierda sobre raza, género, inmigración y otros temas como “indicadores” de terrorismo interno, utilizados para vincular a grupos enteros de personas con actos violentos que nunca cometieron.
La semana pasada, Marco Rubio declaró que la administración pronto designaría a más organizaciones de izquierda como grupos terroristas. Al mismo tiempo, el principal asesor de Trump, Stephen Miller, afirmó que se utilizaría todo el poder del Estado para “interrumpir, identificar, retirar financiamiento, excluir del sistema bancario, arrestar y procesar” a quienes se considere que fomentan la violencia política, y no únicamente a quienes la cometen directamente.
Anteriormente, Miller también prometió utilizar la ley para “desmantelar” organizaciones que empleen un lenguaje enérgico para referirse a sus oponentes de derecha, incluyendo calificativos como “fascistas” o “autoritarios”.
Nora Benavidez, asesora jurídica principal de Free Press, describió la citación contra BreakThrough como una extensión de la “actitud de represalia” que Trump ha adoptado hacia los periodistas críticos, “con el objetivo de silenciar las críticas y la disidencia”.
Benavidez declaró a Common Dreams:
“BreakThrough News no es el primero, ni será el último, en ser objeto de un ataque oficial por ofrecer a la población una cobertura informativa alternativa y útil sobre los abusos de ICE, la política exterior, los derechos del pueblo palestino y otros temas.”
Por su parte, Seth Stern concluyó:
“Permitir que un comité del Congreso acose a una sala de redacción independiente mediante una citación tan amplia establece un precedente terrible. Si hoy los legisladores pueden abusar de su autoridad de supervisión fiscal para atacar a medios cuyo trabajo periodístico les incomoda, mañana ningún medio de comunicación en Estados Unidos estará a salvo de la intimidación gubernamental.”
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