El siguiente comunicado de prensa es presentado por Alliance San Diego.
Maria Puga, viuda de Anastasio y peticionaria en este caso dijo:
Me he quedado despierto muchas noches llorando la muerte de Anastasio. Lucho por dejar atrás la imagen de los agentes golpeando brutalmente a Anastasio. No puedo entender cómo los agentes le quitaron la vida a mi esposo sin consecuencias o incluso una simple disculpa. Torturaron a mi marido en público. Si los agentes del gobierno pudieran hacer esto frente a decenas de testigos, no puedo evitar pensar: ¿qué le están haciendo a los migrantes a puerta cerrada? No estaré en paz hasta lograr justicia para mi esposo. La petición ante la Comisión Interamericana me da la esperanza de una verdadera justicia, una oportunidad para crear un cambio duradero.
15 de febrero de 2023 — Ayer, la familia de Anastasio Hernández Rojas presentó sus argumentos finales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes de que decida un caso histórico sobre el abuso y la impunidad de las fuerzas del orden público en los Estados Unidos. La presentación sigue a una audiencia histórica ante la CIDH el 4 de noviembre de 2022, la primera audiencia sobre el uso excesivo de la fuerza que involucra al Gobierno de los Estados Unidos. La CIDH otorgó a la familia y al Gobierno hasta el 14 de febrero de 2023 para presentar sus observaciones finales sobre la audiencia.
En su alegato presentado ayer la familia asegura que lo que le pasó a Anastasio nunca le debería pasar a ningún ser humano. En la noche del 28 de mayo de 2010, frente a decenas de testigos presenciales, en el puerto de entrada de San Ysidro, al menos ocho agentes fronterizos estadounidenses golpearon, patearon, arrastraron, electrocutaron, amarraron y se arrodillaron sobre el cuello y el cuerpo de Anastasio mientras suplicaba para ayuda y luego dejó de respirar mientras otros nueve agentes esperaban al lado. El funcionario del Gobierno mexicano que presenció el incidente afirmó que los agentes fronterizos estadounidenses trataron a Anastasio “como un animal”.
En la audiencia, los Estados Unidos no controvirtió los hechos presentados por la familia, no ofreció ninguna prueba propia y no abordó las violaciones específicas, serias y graves de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, que incluyen, entre otras violaciones:
* Torturar a Anastasio y privarlo arbitrariamente de la vida;
* No realizar una investigación exhaustiva, oportuna, independiente e imparcial;
* No juzgar y sancionar a los responsables;
* No proporcionar la verdad plena, completa y pública sobre el asesinato; y
* Aplicar leyes y políticas sobre el uso de la fuerza que no se adhieren al estándar internacional de derechos humanos de ‘necesaria y proporcionada’.
En cambio, los Estados Unidos repitió su argumento de que el caso no era admisible para revisión, a pesar de que la CIDH dictaminó lo contrario en 2020. Defendió la narrativa fabricada de los agentes fronterizos de que Anastasio era combativo para justificar sus acciones, a pesar de la abrumadora evidencia de lo contrario. Además, afirmaron que habían llevado a cabo una investigación “exhaustiva” y “comprensiva”, a pesar de que la investigación del Departamento de Policía de San Diego nunca se reabrió después de que surgieron nuevas y condenatorias pruebas en video. Tampoco se volvió a examinar después de las recientes revelaciones de que la Patrulla Fronteriza estaba ejecutando unidades de encubrimiento llamadas Equipos de Incidentes Críticos (CIT), que interfirieron con la investigación policial en este caso.
Aunque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos disolvió los CIT en 2022 luego de que se hiciera pública su existencia y el Congreso iniciara investigaciones la agencia nunca abordó el daño causado en el caso de Anastasio ni en ningún otro. Más notablemente, todos los órganos de supervisión que Estados Unidos sugirió a la CIDH son independientes e imparciales, incluida la Oficina del Inspector General (OIG), la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) y las Juntas Nacionales de Revisión del Uso de la Fuerza (NUFRB), han todos se basaron en la evidencia recopilada por los ahora desacreditados CIT, cuestionando todas las investigaciones que alguna vez realizaron. De preocupación constante es el hecho de que los equipos de gestión de la Patrulla Fronteriza todavía están involucrados en las investigaciones, lo que compromete su integridad.
Los Estados Unidos también afirmó que los cambios en su política de uso de la fuerza desde la muerte de Anastasio son suficientes para abordar las preocupaciones de la familia sobre la repetición del daño. Pero ninguna de las reformas limitadas cambia el estándar del uso de la fuerza. Ninguno de ellos limita el uso de la fuerza a lo que es necesaria y proporcionada. Ninguno de ellos ha evitado la muerte de más de 250 mujeres, niños y hombres en encuentros con agentes fronterizos desde que mataron a Anastasio. Ninguno de ellos ha llevado a más rendición de cuentas. Lo más contundente es que CBP participó en un número récord de incidentes de uso de la fuerza el año pasado, con más de 900 incidentes que incluyeron aquellos que provocaron la muerte y lesiones graves.
La familia de Anastasio ahora solicita a la CIDH que acepte los hechos no controvertidos en este caso, determine que Estados Unidos ha violado sus obligaciones en virtud de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y ordene a Estados Unidos que responda a las oraciones de la familia, incluyendo:
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- Reabrir la investigación de la muerte de Anastasio y la obstrucción que siguió;
- Divulgar públicamente todos los registros oficiales relacionados con investigaciones previas;
- Reconocer públicamente y disculparse por matar a Anastasio; y
- Promulgar reformas de políticas para evitar la repetición del daño a otras familias, entre otras cosas, cambiando el estándar de uso de la fuerza a necesario y proporcionado.
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Roxanna Altholz, co-directora de la Clínica de Derecho Internacional de Derechos Humanos en UC Berkeley y abogada en el caso de Anastasio, dijo:
El caso de Anastasio es la primera oportunidad para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evalúe la ley de uso de la fuerza en los Estados Unidos. Su revisión llega en un momento en que la nación enfrenta abusos arraigados e impunidad en las fuerzas del orden de los Estados Unidos, incluso en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), la agencia policial más grande del país. Este caso histórico brinda a la Comisión la oportunidad no solo de brindar justicia a la familia de Anastasio, que tanto anhelaba, sino también de alinear los estándares de uso de la fuerza de EE. UU. con los estándares y obligaciones internacionales de derechos humanos.
Maria Puga, viuda de Anastasio y peticionaria en este caso dijo:
Me he quedado despierto muchas noches llorando la muerte de Anastasio. Lucho por dejar atrás la imagen de los agentes golpeando brutalmente a Anastasio. No puedo entender cómo los agentes le quitaron la vida a mi esposo sin consecuencias o incluso una simple disculpa. Torturaron a mi marido en público. Si los agentes del gobierno pudieran hacer esto frente a decenas de testigos, no puedo evitar pensar: ¿qué le están haciendo a los migrantes a puerta cerrada? No estaré en paz hasta lograr justicia para mi esposo. La petición ante la Comisión Interamericana me da la esperanza de una verdadera justicia, una oportunidad para crear un cambio duradero.
Andrea Guerrero, Directora Ejecutiva de Alliance San Diego y abogada en el caso de Anastasio dijo:
Todos los días, un promedio de tres personas mueren a manos de las fuerzas del orden locales, estatales, y federales en los Estados Unidos. Más personas fueron asesinadas el año pasado que en cualquiera de los años desde que mataron a Anastasio. Solo un puñado de agentes del orden público locales y estatales han sido condenados y nunca en los últimos 100 años un agente fronterizo ha sido condenado por un asesinato, incluido en el caso de Anastasio. Esto se debe a que el estándar para el uso de la fuerza es muy bajo en los Estados Unidos, no se ajusta al estándar de derechos humanos de necesaria y proporcionada, y viola nuestras obligaciones internacionales. En su próxima decisión en el caso de Anastasio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría ayudar a cambiar eso.
Si casos como el de George Floyd abrieron la mente de las personas a las reformas de las fuerzas de orden, el caso de Anastasio podría abrir la puerta a cambiar el estándar de uso de la fuerza que ha permitido el abuso y la impunidad durante demasiado tiempo. Cambiaría la pregunta de “¿Fue la fuerza objetivamente razonable?” a “¿Fue la fuerza necesaria y proporcionada?” Cambiar la pregunta salvará vidas. Tendrá un efecto cascada, cambiando las expectativas, la capacitación, la evaluación y la rendición de cuentas. Sabemos que Anastasio no murió en vano. Este caso y el cambio que presagia es su legado.
Acerca de Alliance San Diego:
Alliance San Diego es una organización comunitaria 501(c)(3) no partidista y sin fines de lucro que está construyendo poder colectivo para crear una democracia más inclusiva, en la que todas las personas puedan participar con dignidad en un entorno de armonía, seguridad, igualdad y justicia. Perseguimos esta misión desarrollando líderes, involucrando a la comunidad, abogando por políticas, comunicándonos estratégicamente y protegiendo los derechos humanos.
Acerca de la Clínica Legal Internacional de Derechos Humanos de UC Berkeley:
La Clínica Legal Internacional de Derechos Humanos (IHRLC) diseña e implementa proyectos innovadores de derechos humanos para promover la lucha por la justicia en nombre de las personas y las comunidades marginadas a través de la promoción, la investigación y el desarrollo de políticas públicas.
Ver el dossier de prensa: alliancesd.org/caso_de_anastasio_hernandez_rojas_kit_de_prensa
Para ver la audiencia de la CIDH en inglés del 4 de noviembre de 2022, haga clic aquí.
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