FRONTERA SUR ā La semana pasada, cuando el juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Andrew Hanen dictaminĆ³ que el programa de AcciĆ³n Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglĆ©s) se creĆ³ ilegalmente, miles de familias en la regiĆ³n fronteriza sur sintieron nuevamente la incertidumbre de vivir sin protecciones permanentes, superpuesta con el miedo de vivir en una zona fronteriza altamente militarizada donde agentes fronterizos irresponsables actĆŗan con impunidad.
Innumerables habitantes fronterizos indocumentados y sus familias cosecharĆan los beneficios de la reforma migratoria. Ahora es el momento de que el Congreso actĆŗe y cree un camino hacia la ciudadanĆa para las personas indocumentadas, que son estadounidenses en todo menos en el papel. La protecciĆ³n temporal siempre dejarĆ” a las personas vulnerables.
La legalizaciĆ³n protegerĆa a 305,000 beneficiarios activos de DACA y aproximadamente 854,000 personas que son elegibles para DACA en los estados fronterizos del sur (California, Arizona, Nuevo MĆ©xico y Texas). AdemĆ”s, beneficiarĆa a unos 97.000 beneficiarios del Estatus de ProtecciĆ³n Temporal (TPS) y aproximadamente a 2.3 millones de trabajadores esenciales indocumentados en los estados fronterizos del sur. Hay aproximadamente 1.2 millones de trabajadores agrĆcolas indocumentados y aproximadamente la mitad trabaja en un estado fronterizo sur, y la mayorĆa apoya las granjas de California. Decenas de miles de otros indocumentados en la frontera han pasado mĆ”s de diez aƱos en los Estados Unidos y se han convertido en miembros bien establecidos de nuestras comunidades. Muchos estĆ”n casados o son padres de un ciudadano estadounidense.
Dulce GarcĆa, directora ejecutiva de Border Angels y miembro de la CoaliciĆ³n de Comunidades de la Frontera Sur, dijo:
He llamado a la ciudad fronteriza de San Diego mi hogar durante mĆ”s de treinta aƱos. Soy abogada, emprendedora, lĆder. Sin embargo, tambiĆ©n soy indocumentado. Ser indocumentada significa vivir con miedo a ser aprehendida y deportada. Cuando ganamos nuestro caso defendiendo DACA en la Corte Suprema, miles de personas sintieron la esperanza de que tuviĆ©ramos protecciĆ³n contra la deportaciĆ³n y la oportunidad de trabajar legalmente. Nuestros sueƱos, con la reciente decisiĆ³n de la corte de Texas, quedan en suspenso una vez mĆ”s. TambiĆ©n es devastador ver a mis clientes, muchos de ellos niƱos menores, sufrir tal confusiĆ³n. Hacemos todo lo que se nos dice que hagamos. Nuestras contribuciones a este paĆs son innumerables. Sin embargo, no existe un camino hacia la ciudadanĆa para nosotros. Pagamos impuestos, construimos la economĆa y contribuimos a nuestras comunidades durante una pandemia. Sin embargo, somos rechazados e insultados una vez mĆ”s. Cada dĆa que vivimos sin un camino hacia la ciudadanĆa, es un dĆa lleno de ansiedad y miedo.
Decimos basta. Basta de negociar y politizar nuestros medios de vida. Basta del apoyo verbal artificial sin una acciĆ³n significativa. La ciudadanĆa para todos estĆ” ya es tiempo. El Congreso debe actuar ahora.
Viviana Arciniega, organizadora comunitaria de NM CAFĆ© y miembro de la CoaliciĆ³n de Comunidades de la Frontera Sur, dijo:
Es devastador ver que en este momento la corte y los funcionarios electos todavĆa estĆ”n jugando con nuestro futuro. DejĆ”ndonos en la incertidumbre y el miedo. Estamos cansados de escuchar falsas promesas y nada en el futuro. Cansado de que intenten detener cualquier ayuda que nos brinde oportunidades en esta vida.
Ahora es el momento de que el Congreso se haga cargo y luche por lo que realmente importa, el bienestar de nuestras familias.
Ahora mĆ”s que nunca, nuestros funcionarios electos deben luchar por una protecciĆ³n permanente. No solo para los Dreamers, sino tambiĆ©n para los 11 millones de estadounidenses indocumentados en este paĆs.
ACERCA DE LA COALICIĆN DE COMUNIDADES FRONTERIZAS DEL SUR
La CoaliciĆ³n de Comunidades de la Frontera Sur (SBCC) reĆŗne a organizaciones desde San Diego, California hasta Brownsville, Texas, para garantizar que las polĆticas y prĆ”cticas de control fronterizo sean responsables y justas, respeten la dignidad humana y los derechos humanos y eviten la pĆ©rdida de vidas en la regiĆ³n.
Nuestros funcionarios electos deben luchar por una protecciĆ³n permanente para los Dreamers y para los 11 millones de estadounidenses indocumentados.
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