Nota del editor: El siguiente artículo fue publicado originalmente por Jessica Corbett de Common Dreams el 6 de junio de 2026.
“Esto protege a todas las familias de Oregón que dependen de estos programas para poder llevar comida a la mesa”, dijo el fiscal general del estado, quien se encuentra entre los 21 fiscales generales que respaldan el caso.
Un juez federal bloqueó temporalmente el viernes un intento del Departamento de Estados Unidos de Agricultura para obligar a los gobiernos estatales a cumplir con las posiciones del presidente Donald Trump sobre género y inmigración o perder billones de dólares en financiación, incluso para asistencia alimentaria.
Los fiscales generales del Distrito de Columbia y de 20 estados liderados por demócratas demandado a el departamento y la Secretaría de Agricultura Brooke Rollins en marzo, argumentando que “USDA ahora ha interpuesto obstáculos inconstitucionales e ilegales entre los programas creados por el Congreso y los estados que dependen de ellos, poniendo en peligro el apoyo nutricional fundamental, la investigación agrícola vital y la seguridad de nuestra cadena alimentaria nacional y nuestras comunidades”.
Específicamente, la Administración Trump impuso “un conjunto vago de condiciones de financiación relacionadas con las supuestas ‘políticas’ antidiscriminatorias del USDA, su ‘ideología de género’, las ‘oportunidades deportivas justas’ para mujeres y niñas, y la inmigración”, sin especificar las políticas ni siquiera confirmar “que la certificación se limita a las políticas actualmente existentes”, afirma la denuncia, presentada en el Distrito de Massachusetts.
La presentación de marzo también argumenta que “incluso si el USDA rectifica su problema de ambigüedad y realizará un análisis razonado antes de tomar una decisión final, las condiciones impugnadas seguirán siendo ilegales”.
Si bien el juez de distrito estadounidense Myong Joun no ha estado explícitamente de acuerdo, el nombramiento del ex presidente Joe Biden concedió la medida cautelar solicitada por los fiscales generales y dijo que emitió un memorándum explicando su decisión en una fecha posterior.
Acogiendo con beneplácito la decisión inexplicable del juez sobre redes sociales, Fiscal General de Oregón, Dan Rayfield resaltó que la medida salvaguarda la financiación de los almuerzos escolares, la ayuda de emergencia y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños(WIC).
“Esto protege a todas las familias de Oregón que dependen de estos programas para alimentar a sus hijos”, dijo Rayfield. “El tribunal rechazó el intento del gobierno de Trump de utilizar los almuerzos escolares, el programa WIC y el programa SNAP como moneda de cambio para su agenda política. Estos programas son vitales para 86,000 niños, familias trabajadoras, personas mayores y comunidades rurales de Oregón, y seguirán protegidos”.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, también celebró que “obtuvimos una orden judicial que protege miles de millones de dólares en fondos del USDA mientras continúa nuestra demanda”, y prometió que “mi oficina seguirá luchando para proteger a los neoyorquinos e impedir que el gobierno federal castigue a nuestro estado por negarse a ceder”.
Los otros estados involucrados en el caso son California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois,Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Rhode Island,Vermont,Virginia,Washington, y Wisconsin. En conjunto, según la demanda, “los estados demandantes reciben más de 74 billones de dólares anuales en fondos del USDA”.
La decisión del juez se produjo después de que cuatro demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos votaran junto a republicanos para aprobar la legislación, que según estimaciones del Centro en Presupuesto y Prioridades Políticas (CBPP), privará de modestos beneficios destinados a frutas y verduras a “casi 5.4 millones de niños pequeños, en edad preescolar y participantes del programa WIC que están embarazadas o en periodo de posparto”.
Ya, desde que los republicanos del Congreso aprobaron y Trump firmó la Ley One Big Beautiful Bill el año pasado, al menos cientos de miles de estadounidenses han perdido asistencia alimentaria federal. El mes pasado, el director del USDA de Trump sugirió que algunos de ellos estaban recibiendo beneficios del programa SNAP de forma fraudulenta —sin presentar pruebas— mientras que otros están “alcanzando el sueño americano y dejando de depender de la asistencia social”.
Katie Bergh, analista política sénior de CBPP, respondió que “a menos que la administración Trump haya redefinido ‘el sueño americano’ para que signifique ‘perder la ayuda que tu familia necesita para poder comprar alimentos debido a los recortes federales’, tengo malas noticias para el secretario Rollins”.
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