Los defensores acusan ante el Tribunal Supremo de EE.UU. las políticas de barrido de San Francisco

Una coalición de antiguos y actuales funcionarios y organizaciones cívicas de San Francisco presentaron un escrito de “amigo del tribunal” ante el Tribunal Supremo de EE.UU. antes de que se celebre una vista sobre si las ciudades pueden penalizar el hecho de permanecer en ellas mientras no se dispone de vivienda. Los miembros de la coalición y su abogado, el Comité de Abogados por los Derechos Civiles de la Bahía de San Francisco, anunciaron la presentación en una rueda de prensa celebrada en Zoom

Este veterano sin hogar será criminalizado aún más por el mezquino sistema que lo ha arrojado a las calles de San Francisco si el Tribunal Supremo falla en contra de su derecho humano básico a simplemente existir. Foto de Sarah Menefee

Por su parte, el Western Regional Advocacy Project presentó su propio escrito de apoyo a los demandantes contra la ciudad de Grants Pass (Oregón). Más de mil organizaciones, entidades y personas de todo el país han presentado de forma independiente unos 40 escritos similares…

El caso de Grants Pass, que se verá el 22 de abril, podría determinar si se mantiene la sentencia de 2018 en el caso Martin contra Boise. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos confirmó sentencias anteriores que declaraban que detener y multar a personas sin vivienda por dormir en público sin poner a su disposición un refugio es un castigo cruel e inusual.

Ese precedente podría ser anulado por la mayoría conservadora que preside el más alto tribunal del país si falla a favor de Grants Pass. Si eso ocurre, San Francisco y otras ciudades podrían establecer políticas en las que vivir a la intemperie esté penado por la ley, incluso cuando no se disponga de un refugio.

El gobernador de California, Gavin Newsom, y el alcalde de San Francisco, London Breed, presentaron sendos escritos en Grants Pass. Coincidían en que penalizar el hecho de dormir en la vía pública cuando no se dispone de un refugio es inconstitucional, al tiempo que instaban al Tribunal Supremo a que les permitiera, en esencia, criminalizar a las personas sin techo que no tienen adónde ir. En la rueda de prensa, Zal Shroff, entonces director jurídico en funciones del Comité de Abogados, dijo que Newsom y Breed estaban haciendo “teatro político” al culpar a los tribunales de sus propios fracasos a la hora de aplicar soluciones reales al problema de los sin techo.

“¿Por qué? dijo Shroff. “La realidad es que nuestros líderes han elegido jugar a la política en lugar de hacer su trabajo [sobre garantizar servicios y viviendas asequibles]”.

Por extensión, el informe amicus curiae de la coalición de San Francisco también se refería al fracaso de la respuesta de San Francisco a los sin techo, a pesar del supuesto “enfoque compasivo y centrado en los servicios” de los programas de atención a los sin techo. El incumplimiento por parte del Ayuntamiento de sus propias políticas es objeto de otra demanda que la Coalition on Homelessness, la organización de defensa de los sin techo que publica Street Sheet, interpuso contra el Ayuntamiento.

El escrito de la Coalición citaba una auditoría interna del Ayuntamiento en la que se afirmaba que “los equipos de calle del Ayuntamiento no alcanzan sus objetivos establecidos” de proporcionar un lugar cerrado a las personas que viven a la intemperie. También hacía referencia a una sentencia del Tribunal del Distrito Norte de California, según la cual San Francisco no facilitó refugio a los detenidos antes de detenerlos, algo que el Ayuntamiento nunca ha puesto en duda.

Campaña de desinformación

En el escrito, la coalición del Comité de Abogados acusó al Ayuntamiento de difundir desinformación sobre la orden del Distrito Norte de 2022 que prohíbe las redadas de campamentos mientras haya más personas que plazas de alojamiento disponibles.

“San Francisco afirma que el Distrito Norte ‘se insertó a sí mismo como formulador de políticas’ para cambiar la política de la Ciudad sobre la falta de vivienda”, escribió la coalición del comité.

“Eso es falso”, añadió. “Lo que está en cuestión es el conjunto de pruebas detalladas que demuestran importantes incumplimientos de la política”.

La coalición del comité prosiguió: “Lo único que no pueden hacer las ciudades es desterrar intencionadamente a sus residentes sin techo que por no tenerlo, algo que los líderes de California están de acuerdo en que es cruel, inusual y contraproducente.”

Una cuestión de justicia racial

En una presentación adicional ante el Tribunal Supremo, el Western Regional Advocacy Project, con sede en San Francisco, señaló que las redadas de personas sin hogar siguen el modelo de otras prácticas de expulsión de la historia de EE.UU., en particular las leyes de segregación de Jim Crow promulgadas después de la Guerra Civil y el establecimiento de “ciudades del ocaso” que excluían de hecho a las personas de color.

En su escrito también se afirmaba que Grants Pass era una ciudad del ocaso, citando un editorial del siglo XIX que advertía a negros, latinos e indígenas de que se mantuvieran alejados.

En la rueda de prensa, Brandon Greene, director de políticas de la organización, enmarcó la falta de vivienda en una cuestión de justicia racial. A pesar de la proporción relativamente pequeña de negros y morenos en toda la ciudad, constituyen una parte significativa de la población sin techo, según las cifras de los recuentos puntuales de la ciudad.

Greene afirmó que la raza tiene una gran importancia en la respuesta de la ciudad al problema de los sin techo, así como en la justicia penal.

“Si esas cifras fueran diferentes y los negros y morenos no estuvieran desproporcionadamente representados entre la población sin techo, las soluciones serían muy distintas”, afirmó.

En una ciudad que se gasta más de 20 millones de dólares en vigilar a los sin techo, Greene afirmó que las redadas no consiguen colocar a la gente en sus casas, sino que lo único que hacen es fomentar el desplazamiento.

“Sabemos que cuando se desplaza a la gente de una zona de la ciudad, acaba yéndose a otra”, afirmó. “No es una solución fiscalmente responsable ni una solución que nos ayude”.

Grants Pass contra Johnson, expediente nº 23-175, está previsto para el 22 de abril.


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