El siguiente artículo fue publicado por People’s Tribune el 24 de abril de 2023.
AUSTIN, TEXAS — Después de la decisión Dobbs de la Corte Suprema, la atención de la salud materna está bajo ataque. Bajo la bandera de “pro-vida”, fuerzas antiabortistas y antidemocráticas están aprobando leyes que amenazan vidas. Cuando ocurren abortos espontáneos, como en aproximadamente una cuarta parte de los embarazos, se requiere intervención médica, pero las nuevas leyes restringen los tratamientos médicos estándar. ProPublica encontró al menos 70 ejemplos en 12 estados de mujeres con complicaciones en el embarazo a las que se les negó la atención del aborto o se retrasó su tratamiento después de que se anuló Roe. Los médicos dicen que el número real es mucho mayor.
El 7 de abril, el juez Kacsmaryk de Texas ordenó suspender la aprobación federal de una píldora de uso común y segura para interrumpir embarazos. El fallo se retrasa mientras el Departamento de Justicia apela. Mientras tanto, un juez federal en el estado de Washington decidió retener la aprobación de la píldora. No está claro cómo se resolverá el problema. Si la droga se ilegaliza, no se podrían realizar abortos en ningún lugar del país usándola. No se detiene allí. Los proyectos de ley presentados en varios estados incluyen cargos de homicidio por aborto, ¡y el homicidio se castiga con la muerte en esos estados! Kimberley Harris, quien enseña derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de Texas, advierte: “Si el feto es [gobernado] una persona…. potencialmente podría ser culpable de homicidio involuntario o asesinato si tuvo un aborto espontáneo y no tomó las precauciones adecuadas”.
Aquellos con menos recursos para manejar los obstáculos a su atención médica serán los más afectados. Desde 2005, Texas ha desviado millones de dólares de la Ayuda Temporal Federal para Familias Necesitadas, dejando a los beneficiarios de asistencia social de Texas con la ayuda financiera más baja del país. En cambio, los fondos se destinaron a “centros de embarazo en crisis” antiaborto que se hacen pasar por clínicas reales, una gran ayuda para el lobby antiaborto.
Las tasas de mortalidad materna aumentaron un 40% durante la pandemia, con un aumento de más del doble para las mujeres negras, que siempre han tenido las peores tasas de mortalidad materna. Las mujeres rurales, con clínicas y hospitales a horas de distancia, sufrirán mucho. Las familias se hundirán aún más en la pobreza cuando se vean obligadas a tener más hijos de los que pueden pagar. A los pacientes con cáncer se les podría negar la atención si el tratamiento amenaza la salud o la vida del feto.
Un movimiento creciente por los derechos de todos
Decenas de miles de familias se ven afectadas por estas leyes y la gente se defiende de muchas maneras. Un grupo de mujeres de Texas y sus médicos están demandando al estado para dejar en claro que la ley permite la intervención para salvar la vida de las mujeres. “No es solo para mí. Es para todas las personas embarazadas y para todos los que conocen y aman a una persona embarazada. Es con y para todos los tejanos que, como yo, están asustados e indignados ante la idea de estar embarazada en este estado que me levanto y lucho”, dijo Amanda Zurawski, una de las demandantes.
La Dra. Marta Crispens dice: “Hicimos un juramento: tenemos que poder cuidar de estas mujeres”. La Dra. Jamila Perritt, obstetra y ginecóloga y presidenta de Physicians for Reproductive Health, dijo que el aumento de la nueva legislación debería ser “un llamado de atención para los médicos que no están comprometidos”. A los médicos de los principales hospitales se les impide contar las historias de daño de sus pacientes, incluso en los estados que permiten los abortos, si se identifica el hospital. “Me siento amordazado, completamente restringido y estoy indignado. . . Quiero… hacer que nuestras voces se escuchen”, dijo un médico.
Se están llevando a cabo debates urgentes entre los profesionales médicos y las organizaciones de mujeres sobre la ley y la moralidad, es decir, si se debe tratar a las mujeres donde parece ser ilegal, cuando existe una amenaza grave para su vida o su salud. Un bioeticista y cirujano de Harvard discutió la “desobediencia encubierta”, que es resistirse a la ley en privado.
En Texas, las organizaciones de derechos de atención médica unieron fuerzas para impulsar una legislación llamada Ley de Rosie. Según el proyecto de ley, los anticonceptivos, la atención prenatal y los abortos legales realizados para la atención de abortos espontáneos estarían cubiertos para los tejanos inscritos en el programa estatal de Medicaid para personas de bajos ingresos. El proyecto de ley también derogaría una prohibición de 2017 sobre la cobertura del aborto por parte de seguros privados. “A nadie se le debe negar la cobertura de ningún servicio reproductivo solo porque es pobre”, dijo Sheryl Cole, una de las patrocinadoras del proyecto de ley.
En febrero, el juez de distrito de EE. UU. Robert Pitman dictaminó que el fiscal general de Texas y los fiscales locales específicos no pueden dirigirse a personas o fondos que financian a personas que viajan fuera del estado para recibir servicios de aborto. Este fallo abre la puerta para que Texas Equal Access Fund, Fund Texas Choice y organizaciones similares reanuden el apoyo a los tejanos que necesitan viajar para hacerse un aborto. “Vamos a financiar abortos hasta que nos veamos obligados a detenernos”, dijo Denise Rodríguez del Texas Equal Access Fund. “No seremos intimidados por los legisladores que están tratando de aprobar estas leyes ilegítimas y francamente inconstitucionales”.
¿Que significa todo esto?
Si crees que esto se trata solo del aborto o que solo afecta a las personas que están embarazadas, es mucho más grande que eso. La gente de todo el país está horrorizada e indignada porque nuestros derechos están siendo despojados de una manera coordinada que se siente como si estuviéramos bajo asedio. Algunas de las corporaciones más grandes, como Google, Meta, AT&T y CVS, ayudan a organizaciones muy poderosas y bien financiadas a lograr que políticos y jueces dispuestos promulguen leyes que nos quitan nuestros derechos y nuestra democracia. Lo que estamos presenciando es una intervención extrema por parte del gobierno y las corporaciones en la vida de las personas. La única forma de contrarrestar estos ataques de manera efectiva es montar un movimiento grande y amplio por la libertad y la democracia, ¡y eso está en marcha!
Karel Riley es corresponsal del People’s Tribune de Texas.
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