En octubre de 2024, en medio de los campamentos propalestinos que surgieron en universidades de todo el país, la Universidad de Cornell expulsó del campus por tres años a cuatro estudiantes que participaron en una protesta a favor de Palestina que interrumpió la feria de empleo de la universidad. Tres de los estudiantes fueron arrestados. Su castigo ocurrió en medio de una represión más amplia contra las protestas estudiantiles en oposición a la guerra de Israel en Gaza, con decenas de estudiantes de Cornell enfrentando arrestos o medidas disciplinarias por sus protestas.
Ese mismo mes, una estudiante de Cornell de 20 años denunció haber sido drogada y agredida sexualmente por varios hombres en una fraternidad Chi Phi.
La joven, identificada como Jane Doe, alega que miembros de la fraternidad le dieron ketamina, alcohol y marihuana antes de agredirla sexualmente mientras se encontraba incapacitada. Su demanda también incluye un mensaje grupal en el que presuntamente se invitaba a otros miembros de la fraternidad a subir, refiriéndose a ella como “free pussy”
Pensemos en estos dos escenarios tan distintos.
Los estudiantes que protestaban contra un genocidio fueron rápidamente identificados como una amenaza para las operaciones de la universidad. Sus cuerpos, sus posiciones políticas y su presencia fueron tratados como una interrupción que debía ser castigada.
Pero cuando una joven denunció haber sido drogada y agredida sexualmente en una fraternidad, la universidad tardó mucho más en responsabilizar a los involucrados.
Cornell finalmente expulsó a dos de los estudiantes involucrados, mientras que la fraternidad Chi Phi fue suspendida del campus. Sin embargo, los demás estudiantes acusados no enfrentaron consecuencias disciplinarias significativas. Según se informó, algunos tuvieron que escribir ensayos para la universidad en lugar de ser expulsados, y esa tarea fue considerada su castigo. Inicialmente, no se presentaron cargos penales contra los siete hombres acusados de participar en la agresión sexual.
En septiembre de 2026, Jane Doe presentó una demanda civil, lo que volvió a poner el caso bajo la atención pública y provocó que se reabriera la investigación criminal.
Esto no se trata simplemente de una fraternidad o de una universidad. Se trata del poder.
Las universidades no existen fuera de las luchas y las realidades de la sociedad. Son instituciones con dinero, donantes, administradores, alianzas corporativas, juntas directivas, abogados y reputaciones que proteger. Las fraternidades funcionan dentro de ese mismo sistema de privilegio y poder institucional.
Y cuando proteger la reputación de una institución se vuelve más urgente que proteger la seguridad de una estudiante, ¿a quién está sirviendo realmente la institución?
Constantemente nos dicen que las universidades son lugares donde los jóvenes aprenden, crecen y se convierten en líderes. Pero ¿qué están aprendiendo cuando las protestas políticas son castigadas mientras las sobrevivientes de violencia sexual pasan años luchando para ser escuchadas?
El problema es más grande que los llamados “Cornell 7”, cuyos nombres son Matthew Ingalls, Jonathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar. Es la cultura que permite que las instituciones poderosas controlen las relaciones públicas, protejan su nombre y minimicen los escándalos.
Así es como sobrevive el patriarcado: no solamente a través de actos individuales de violencia, sino también a través de las instituciones que hacen que esa violencia sea más fácil de ignorar.
El mismo sistema que les dice a los manifestantes que guarden silencio les dice a las sobrevivientes que esperen. Les dice a los estudiantes que interrumpir es inaceptable mientras les pide a las víctimas que tengan paciencia. Protege el nombre de la universidad mientras deja que otras personas carguen con las consecuencias. El Título IX está diseñado para proteger a los estudiantes. Pero ¿qué sucede cuando la institución responsable de investigar el daño es la misma institución preocupada por su reputación, sus donantes, sus relaciones con las fraternidades y su responsabilidad legal?
No debemos aceptar instituciones que tengan más miedo de la vergüenza que de la injusticia.
No debemos aceptar una sociedad donde la disidencia política de un estudiante resulta en un castigo inmediato, mientras una sobreviviente puede pasar años luchando por obtener justicia.
El silencio protege al poder.
La rendición de cuentas significa enfrentarlo.
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