Llevaba cuatro días viajando desde que en Machala, Ecuador, había subido al primero de cuatro buses que los llevaría a Tacna. Lorena Zambrano venía con sus dos pequeños hijos agotados de tanto mal dormir y mal comer en los buses.
Tenía el pasaporte al día, la invitación de su madre, los permisos del padre de los hijos, los pasajes de regreso y mil dólares: cumplía con todos los requisitos que se exigen para una visa de turista chilena. Sin embargo, la oficial de policía de investigaciones (PDI), que tramita los ingresos al país, no le permitió entrar. La joven regresó al día siguiente y le tocó la misma guardia: “¿cómo se llama la dueña del departamento que arrienda su madre?”, fue la pregunta imposible de contestar que nuevamente impidió su paso. No se dio por vencida. Al tercer día, hubo cambio de guardia y el nuevo oficial, sin ningún rodeo, timbro su pasaporte, permitiéndoles pisar tierra chilena y abrazar a su madre por primera vez en dos años.
Este episodio,a pequeña escala, ejemplifica, por un lado, el poder discrecional, arbitrario y cambiante de la política migratoria de Chile; y por el otro, el tesón que impulsa a las personas que toman la decisión de buscar mejores horizontes fuera de su país.
La travesía de Lorena y sus hijos ocurrió hace 11 años, poco después de inaugurarse el primer período del Presidente Sebastián Piñera. Un poco antes, su madre había sido beneficiada por la amnistía que la Presidenta Michelle Bachelet decretó para regularizar el estado legal de miles de migrantes.
Desde entonces, el gobierno de Sebastián Piñera se convirtió en uno de los más severos del continente en materia migratoria. Lorena Zambrano, por su parte, se transformó en una apasionada defensora de los derechos de los migrantes, a través de la organización Asamblea de Migrantes y ProMigrantes de Tarapacá (AMPRO).
Entre los años 2000 y 2017 la población migrante en Chile se elevó 176%, con las comunidades peruanas y haitianas llevando la delantera, con más de 249.000 y 73.000 migrantes, respectivamente. En aquellos años todavía eran habituales las fronteras abiertas en Chile, igual que en otros países de Sud América. No hacía falta más que el carnet de identidad para cruzar fronteras, especialmente, entre países del Mercosur. A partir de 2017 la comunidad migratoria venezolana igualó a la peruana, llegando, dos años después, a ser el mayor grupo migratorio de Chile. Hoy la comunidad venezolana supera 455.000 personas, según cifras oficiales.
La creciente presencia inmigrante posicionó el tema por primera vez en la agenda política y puso a prueba los principios que sostienen el andamiaje valórico del Estado chileno. En la actualidad, se evidencia más nítidamente con respeto a migrantes venezolanos la errática política migratoria de Chile que emana directamente del Presidente Sebastián Piñera.
En febrero de 2019 el mandatario subió a una tarima en Cúcuta, pueblo colombiano fronterizo, para “solidarizar con la lucha del pueblo venezolano en la recuperación de su democracia.” Esto se interpretó como gesto humanitario, y miles de venezolanos se dirigieron hacia Chile.
Reiteradas expresiones de parte del propio mandatario y de voceros del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de “ordenar la casa”, “proteger nuestras fronteras”, “hacer frente a los delincuentes extranjeros,” diferenciar entre “migrantes buenos y malos”, señalaron el fin de la luna de miel. Haciendo eco de tales expresiones que criminalizan a los migrantes, a mediados de abril 2021, el Intendente de Atacama, afirmó: “No queremos que lleguen personas al servicio del crimen organizado.”[i] Esta lógica constituye la base de la política migratoria chilena.
Apenas meses después de la mediática visita a Cúcuta, en junio de 2019, cientos de migrantes, la mayoría venezolanos, quedaron varados en las calles y plazas de Tacna, pueblo peruano fronterizo, cuando Chile cerró el trámite de reconocimiento de la condición de refugiado. Sin embargo, en septiembre de 2019, ante las Naciones Unidas, Piñera nuevamente criticó a Venezuela por “no respetar las libertades ni los derechos humanos”.
Durante el 2020 el estatus de refugiado fue concedido a únicamente siete personas. En noviembre, el Ministro de Relaciones Exteriores rechazó miles de solicitudes de Visas de Responsabilidad Democrática presentadas en el Consulado de Caracas. La Visa de Responsabilidad Democrática fue un mecanismo introducido en 2018 con el fin explícito de facilitar la entrada de los migrantes venezolanos.
Tomás Greene es director del área jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes, expresa: “Creo que el gobierno… simplemente no quiere dar refugio porque le obliga al estado a entregar una visa mientras se tramitan las solicitudes. Los flujos migratorios más grandes se entienden como amenaza que la autoridad debe prevenir. Para mí es una irresponsabilidad grave también porque están infringiendo tratados internacionales”.
De los convenios internacionales humanitarias incorporados por Chile a su derecho interno, es la Declaración de Cartagena de 1984 la que permite declarar refugiados a quienes vienen de Venezuela. Su definición amplia señala que personas que huyen de sus países por “circunstancias [generalizadas] que hayan perturbado gravemente el orden público” deben ser consideradas refugiadas. La incertidumbre y las dificultades de subsistencia prevalentes en su país calificarían a los migrantes venezolanos como refugiados humanitarios.
En abril de 2021, tras una audiencia sobre las condiciones migratorias de la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)llamó a los estados a adoptar políticas migratorias y de gestión de fronteras que incorporen un enfoque de derechos humanos. En relación a Chile, la CIDH repudió “… la deportación de personas sin consideraciones sobre posibles necesidades de protección internacional o reunificación familiar”.
La CIDH hacía referencia a las amenazas emitidas por voceros del gobierno de expulsar extranjeros. A principios de febrero, el gobierno licitó 15 aviones para expulsar a extranjeros. Solo una semana antes, una mujer colombiana y un hombre venezolano murieron en el desierto altiplánico al ingresar a Chile. A pesar del peligro, en el mismo día del anuncio, más de mil migrantes llegaron hasta Colchane, aldea de 1600 habitantes, donde son comunes el frío penetrante de noche y el sol quemante de día. Desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021, a pesar de la pandemia, las autoridades regionales estiman que más de 15.000 migrantes pasaron por Colchane.
Señala Tomás Greene: “Para el gobierno, mostrar un avión con gente que sale expulsada debería operar como desincentivo para que todo el mundo vea que en Chile se respetan las normas migratorias y que la gente que no ingresa de forma regular será expulsada. Pero cuando se producen contextos de violencia y pobreza, no se desincentiva fácilmente. Obviamente quisiéramos que todos entraran con sus visas y con sus carnets de identidad chilena desde el primer día, pero esa no es la realidad de nuestra región, sino una mentalidad un poco idealista que no funciona como política”.
Francisco Bazo, integrante del Movimiento Acción Migrante, ha observado el clima cada vez más hostil hacia los migrantes y el endurecimiento de las medidas represivas, con el pretexto de proteger las fronteras. “El estado chileno nunca ha querido reconocer ni hacerse cargo de las raíces de los problemas que afectan el país. Lo vemos en la represión contra los mapuches. Lo vimos en el estallido social. Lo vimos en el desalojo de un campamento, donde vivían muchos migrantes. Si solo respondes con mano dura se genera un movimiento contra los migrantes, y campañas racistas.”[iii]
En Iquique, Lorena Zambrano y AMPRO fueron testigos de que el caudal migratorio no se detiene. En la primera semana de la promulgación de la ley, su teléfono no dejaba de sonar con las llamadas de migrantes angustiados por lo que podría significar para sus vidas.[iv] Desde enero AMPRO observó la llegada de una migración en masa: viajan juntos grupos de migrantes, integrados por muchas mujeres con niños. Vienen caminando, prácticamente a pie, los 200 kilómetros desde Colchane. Antes de cruzar la frontera, su trayecto los lleva por Colombia, Ecuador, Perú, y Bolivia, pero siguen hacia Chile porque en los otros países “no se los tratan bien y hay alta incidencia de agresividad” hacia migrantes, señala. Además, en Chile, muchos tienen familiares.
Los migrantes veteranos de AMPRO ha movilizado campañas para conseguir “todo lo que un ser humano necesita para tener calidad de vida hasta que se vaya a reunirse con sus familiares” dice Zambrano. Ha sido un puente importante entre migrantes y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ente gubernamental que lleva casos de vulneración de derechos.
Cada persona que Zambrano atiende le evoca la memoria de su propia llegada. “No puedo permitir que otras personas pasen por esto”. Agrega, “Todos tenemos el derecho a vivir en paz sin sobresaltos”.
El gobierno de Piñera se ha convertido en uno de los más duros del continente en su enfoque de los problemas de inmigración.
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