El 15 y el 16 de mayo del 2021, vía elección democrática, más del 80% de los votantes, tomó la decisión de crear una Convención Constituyente que tuviera como misión la redacción de una nueva Carta Magna para Chile que reemplazara la Constitución de l980, elaborada durante la dictadura militar, encabezada por Augusto Pinochet. En esa oportunidad, la ciudadanía tuvo la oportunidad de escoger a sus representantes a la Convención Constitucional compuesta, en su gran mayoría, por representantes independientes, de izquierda, y de centro izquierda.
La ciudadanía otorgó a esta instancia democrática la misión de plasmar, en este nuevo texto constitucional, las aspiraciones de la gran mayoría de los chilenos en materias como; salud, educación, vivienda, mejora en las pensiones, derechos humanos y mecanismos que promuevan la inclusión, entre otras.
Cabe señalar, que en esos comicios la derecha sufrió una gran derrota, ya que obtuvo un número muy reducido de representantes en la Convención Constitucional, por lo tanto, teniendo un impacto mínimo en las decisiones finales de este espacio democrático, es decir, durante todo este proceso, la burguesía quedó aislada del diálogo que se estaba generando. Hasta el día de hoy ellos están sangrando por la herida.
Después de un año de trabajo, los miembros de la Convención Constitucional presentaron su propuesta a la ciudadanía. Entre los puntos más relevantes que incluyeron el la propuesta, fue la declaración de Chile como un estado social y democrático de derechos. La propuesta constitucional también incluía cambios estructurales significativos, como la descentralización del sistema político, es decir, eliminar el Senado y mantener como estructura legislativa, única, a la Cámara de Diputadas y Diputados. Al mismo tiempo, el borrador proponía la creación de las Cámaras de las Regiones, a las cuales se les debía otorgar recursos económicos para suplir sus necesidades de una manera equitativa, en relación a los grandes centros urbanos como Santiago, y al mismo tiempo entregarles un mayor poder e independencia en la toma de decisiones en el contexto regional.
Otro punto de gran relevancia, es que el texto constitucional reconocía la urgencia de acciones concretas para la protección del medioambiente, haciendo énfasis en un desarrollo económico sostenible que protegiera la naturaleza y los ecosistemas que hacen parte del territorio de la nación.
Sin lugar a dudas, uno de los puntos más controvertidos de la propuesta de constitución, fue el reconocimiento de los pueblos originarios. El borrador de la nueva constitución, proponía, no solo la devolución de parte de sus territorios, sino el respeto y valorización de su cultura, lenguaje, cosmovisión y de su sistema de organización de justicia que, en muchos casos, se distancia mucho del concepto tradicional del Estado Chileno, basado en un sistema social, clasista y excluyente con profundas raíces del modelo de dominación europeo.
Por otro lado, la propuesta del nuevo texto constitucional, incluía el agua como un bien común de todos los chilenos, declarándolo como un bien inapropiable. Además establecía la igualdad de género y el derecho a la no discriminación, entre otros.
Finalmente, el 4 de septiembre del 2022, más de 13 millones de chilenos salieron a las urnas con la intención de “aprobar” o “rechazar” el borrador del nuevo texto constitucional. La participación masiva en los comicios no se debió exclusivamente al entusiasmo de los votantes, sino que el Congreso Nacional, anteriormente, había legislado que, el voto en el plebiscito de salida, fuera obligatorio. Los resultados finales del plebiscito fueron contundentes: 31.14% de los electores votó por el “apruebo” y el 61.86% por el “rechazo”.
Después de ver estos resultados, son varias las preguntas que se vienen a la mente: ¿Cómo es posible que el pueblo de chile haya rechazado un borrador constitucional, progresista y democrático? ¿Será posible que los votantes, durante el espacio de un año, se hayan transformado en una sociedad conservadora, reticente a los cambios? ¿Tal vez el borrador de la propuesta constitucional no incorporó las aspiraciones y expectativas de los ciudadanos?
Vamos a intentar responder estas y otras interrogantes. En agosto de 2021 el periódico el Tribuno del Pueblo, publicó un artículo Convención Constituyente 2021: una ventana abierta para cambios profundos en el sistema político chileno, de mi autoría, el cual analizaba las posibles reacciones de la derecha chilena ante los posibles cambios que propondría el borrador de la nueva constitución:
“La Burguesía chilena es consciente, que lo más probable sea, que la nueva constitución los despojará de los instrumentos jurídicos que históricamente les ha permitido el saqueo de los recursos económicos del país. No será nada fácil para los miembros de la Convención Constituyente y para la ciudadanía, resistir los ataques que seguramente serán perpetrados contra esta instancia democrática. ”https://tribunodelpueblo.org/convencion-constituyente-2021-una-ventana-abierta-para-cambios-profundos-en-el-sistema-politico-chileno/
Pues bien, el análisis no estaba equivocado. La derecha chilena utilizó la mentira y el miedo como armas políticas para desprestigiar uno de las propuestas constitucionales más avanzadas de la historia de América Latina. Para hacer posible este objetivo, recaudaron los fondos necesarios para implementar una gran campaña mediática para difundir falsedades e implantar el miedo en la ciudadanía.
La burguesía nacional aportó millones de dólares para llevar a cabo esta macabra tarea. Fue así, que tuvimos la oportunidad de apreciar, en vivo y en directo, a través de los principales medios de comunicación, la emisión de entrevistas que, descaradamente, difundían notas llenas de desinformación y mentiras que los políticos derechistas promulgaban sin siquiera sonrojarse. Algunas de las mentiras que fueron transmitidas, de manera recurrente por los medios, fueron las siguientes:
– Que la nueva constitución dejaría abiertas las puertas para quitarles los fondos previsionales (pensiones) a los trabajadores.
– Que las viviendas construidas con parte de fondos estatales, no serían heredables.
– Que el texto constitucional dividía a los chilenos, ya que proponía el reconocimiento de los pueblos originarios, y que pueblos como los Mapuches no querían tal reconocimiento, ya que se consideraban 100% chilenos.
– Que la propuesta constitucional inhibía la inversión privada, ya que ofrecía demasiados derechos sociales a los chilenos, por lo tanto, no se podrían financiar ni cumplir los beneficios que planteaba la propuesta de la nueva constitución.
– Que la declaración del agua como propiedad de todos los chilenos, contenida en la propuesta, ponía en peligro la inversión de transnacionales mineras, afirmando que el agua era un elemento esencial para tal industria.
– Que con la misma medida, los productores agrícolas iban a ser despojados del preciado liquido para llevar a cabo sus labores de cultivo.
Estas y otras mentiras fueron difundidas todos los días que duró la campaña por el “Apruebo” o el “Rechazo”, sin que nadie saliera con fuerza a desmentirlas. Es importante destacar, que la gran mayoría de los ciudadanos chilenos nacieron en dictadura, y si hay algo que están acostumbrados a sentir, es miedo. Por otro lado, hay que reconocer que existe una falta de credibilidad en las instituciones del gobierno debido, fundamentalmente, a la distancia existente entre el discurso en momentos de campaña electoral y la práctica política.
Este fenómeno fue lo que marcó a las administraciones de la supuesta “izquierda”, como fueron los gobiernos de Michelle Bachelet y Gabriel Boric. Ambas administraciones intentaron e intentan proyectar una imagen de estabilidad , con énfasis en el respeto a las instituciones y tradiciones “republicanas”. Lamentablemente, actuando de esa manera, esta administración le ha dado el poder a la derecha para torpedear cualquier iniciativa, ya sea económica o política, que beneficie la clase trabajadora chilena.
Un buen ejemplo de ello, ha sido que el gobierno de Gabriel Boric se vio inmovilizado para defender la propuesta de la nueva constitución, ya que la Contraloría General de la República se lo impidió, argumentado que los funcionarios del Gobierno de Chile no podían hacer uso de recursos económicos y del poder que emanan sus posiciones para hacer campaña política. Si a eso le agregamos la incompetencia e inmadurez de los funcionarios del nuevo gobierno, quienes con su postura temerosa “normalizaron” el uso del engaño y la desinformación para llevar al pueblo de Chile a votar en contra de sus propios intereses.
El 4 de septiembre, a una semana de cumplir 49 años del golpe militar fascista del 11 de septiembre de 1973, la derecha chilena conmemoraba el triunfo del “rechazo”, comenzando a recoger los frutos de una campaña maquiavélica que llevó al pueblo chileno a perder la oportunidad histórica de reivindicar sus derechos.
Actualmente, los partidos políticos chilenos están negociando si se va a crear una nueva Convención Constitucional, democráticamente electa. La derecha y sus cómplices, la centro izquierda, están tratando de convencer al gobierno social demócrata encabezado por Gabriel Boric, que este proceso convencional debería ser guiado por una comisión de “expertos”. El problema es definir ¿quienes serían parte de éste grupo de “expertos”? El “sentido común” nos indica que ésta será la nueva estrategia de la burguesía chilena para obstaculizar la redacción de un documento constitucional progresista, y así asegurar su hegemonía y proteger sus intereses en el escenario político de ese país sudamericano en las próximas décadas.
Se puede concluir, que en el fondo, la derecha y sus cómplices, la centro-izquierda, se “dieron un tiro en el pie”. Ninguno de ellos podrá dilatar la necesidad de construir un Chile más justo y democrático. Recordemos las razones del surgimiento del “Estallido Social”; el pueblo chileno, aunque aterrorizado y manipulado, seguramente podrá superar, nuevamente, otro periodo oscuro de la historia de Chile.
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