«Este artículo fue publicado originalmente por Texas Observer , una revista y medio de comunicación de investigación sin fines de lucro. Suscríbase a su boletín semanal o sígalos en Facebook , X y Bluesky ».
En lo profundo del Valle del Río Grande, Brenda Dumas y su familia se están adaptando a una nueva normalidad.
Un miembro de la familia, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias del gobierno federal, tiene un permiso de trabajo. Tiene que salir temprano de su casa en Olmito, un pequeño pueblo junto a la autopista 69 entre Harlingen y Brownsville, para dirigirse al este hacia South Padre Island, donde trabaja. Llega casi dos horas antes de que empiece su turno. Pero si llega más tarde, se arriesga a que lo detengan las camionetas sin distintivos que circulan por la zona de Laguna Madre —la pequeña región costera de 39 kilómetros cuadrados que rodea la laguna salada del mismo nombre— a partir de las 7 de la mañana, deteniendo, aparentemente al azar, a otras personas que se dirigen al trabajo.
El esposo de Dumas, quien está a punto de obtener la residencia permanente en Estados Unidos, comienza a trabajar como jardinero para clientes al anochecer, cuando es menos probable que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) circulen buscando camionetas de trabajo. Otro miembro de la familia, quien también tiene un permiso de trabajo y solicitó anonimato, fue detenido por ICE en la cercana ciudad de Port Isabel. ICE lo liberó la semana pasada con un monitor electrónico en el tobillo, uno de los más de 50,000 individuos a quienes la agencia está monitoreando mediante estos dispositivos. Dumas ahora usa una aplicación en su teléfono para saber dónde están sus familiares, y la comunicación entre ellos es constante.
“Es como si viviéramos en las sombras, cuando solo salimos al atardecer.”
Desde principios de julio, el ICE ha arrestado diariamente a personas en controles de tráfico en toda la zona de Laguna Madre, que incluye Port Isabel, South Padre Island, Laguna Vista y Laguna Heights, según un análisis del Texas Observer de publicaciones, fotos y videos en redes sociales. Al igual que gran parte del Valle del Río Grande, estas comunidades tienen una alta población de personas nacidas fuera de Estados Unidos. El 21% de sus habitantes nacieron en otros países, y más de la mitad no son ciudadanos estadounidenses, según datos del Censo.
El ICE arrestó a más de 46 000 personas en todo el país en julio, lo que representa alrededor de 3000 personas más que en junio, según datos internos obtenidos por CBS News . El 14 de julio, la agencia anunció que en un solo día de junio había arrestado a 238 personas en el Valle del Río Grande, un aparente récord para la oficina de campo de Harlingen, que supervisa el área de Laguna Madre. El ICE desconectó discretamente su panel de estadísticas en julio, después de no actualizar sus datos de detención durante meses . El 20 de julio, el ICE publicó sus datos más recientes , que muestran que la agencia ha deportado a más del 80 % de las personas que ha arrestado desde septiembre del año pasado.
Estas detenciones suelen ocurrir temprano por la mañana o al final de la tarde, cuando la gente va y viene del trabajo. Dumas, quien ha vivido en Port Isabel la mayor parte de su vida, es una de las varias residentes que se manifiestan en las redes sociales contra las detenciones realizadas por el ICE a personas de la comunidad que no tienen antecedentes penales violentos.
“La situación se ha vuelto tan grave que la gente no quiere matricular a sus hijos en la escuela, ni hacer la compra, ni siquiera pasar por la tienda a tomarse el café de la mañana”, declaró Dumas al Observer . Estas detenciones suelen ser documentadas por un grupo informal de residentes como Dumas, quienes ven a agentes del ICE deteniendo a personas o sus coches abandonados, y comparten los vídeos y las fotos en redes sociales y chats grupales para alertar a otros sobre los vehículos que utilizan los agentes del ICE.
En agosto, fotos y videos mostraron al ICE arrestando a un hombre dueño de una tienda de bocadillos en Laguna Heights mientras él y otra persona pintaban una casa. Su esposa fue deportada a principios de este año. El arresto ocurrió apenas unas horas antes de una protesta en el faro de Port Isabel, la primera de cuatro que se han realizado en la zona desde julio.
Las protestas han tenido poca participación, pero no necesariamente por falta de apoyo. La gente tiene miedo de salir de sus casas y prefiere ir de compras por la noche o pedir a personas con ciudadanía estadounidense, como Dumas, que los lleven en coche. Los residentes han grabado a agentes del ICE arrestando a personas frente a restaurantes y tiendas de conveniencia en la zona o deteniendo vehículos en la autopista 100, que atraviesa toda la zona de Laguna Madre. Un video del 7 de agosto, obtenido por el Observer , muestra a un agente del ICE tocando la puerta de una casa en Laguna Heights durante unos dos minutos antes de marcharse con otros agentes.
Al menos un restaurante de la ciudad se convirtió temporalmente en un negocio exclusivamente de servicio para llevar, cerrando su comedor al público. Una tienda de conveniencia en Laguna Heights cerró sus puertas con llave, abriéndolas únicamente para los clientes.
Dumas y otros residentes de Port Isabel y Laguna Heights entrevistados por el Observer describieron la zona como un “pueblo fantasma” desde que el ICE intensificó los arrestos. “Es como si viviéramos en las sombras, y solo salimos cuando se pone el sol”, dijo Dumas. “Siento que ahora vivimos como vampiros”.
El alcalde de Port Isabel, Martin Cantu Jr., declaró que ha estado hablando con el congresista demócrata de la zona, Vicente González, sobre las detenciones realizadas por el ICE y que quiere que los residentes hagan lo mismo.
«Personalmente, me preocupa el potencial de las operaciones de inmigración para violar las libertades civiles de los ciudadanos estadounidenses, así como la aparente falta de responsabilidad mostrada por algunos agentes de inmigración», escribió Cantu. «Me resulta profundamente inquietante que, según informes, ciudadanos estadounidenses hayan sido detenidos o maltratados por agentes de inmigración que llevaban mascarillas y viajaban en vehículos sin distintivos. Nadie que haga alarde de la autoridad del gobierno debería poder hacerlo de forma anónima, detrás de una mascarilla».
Respecto a la declaración de Cantú, Dumas dijo: “No responde a nuestras preguntas. No responde a nuestras preocupaciones”.
Al menos un ciudadano estadounidense fue detenido y posteriormente liberado por el ICE en la zona. Los residentes informan que la mayoría de los arrestados son personas con estatus legal mixto que han vivido en la comunidad durante años y no tienen antecedentes penales. Al menos uno de estos residentes está considerando abandonar la zona , luego de que agentes del ICE fueran vistos cerca de una de las escuelas primarias de Port Isabel, según informó ValleyCentral.
En Texas, gracias a la prohibición estatal de 2017 sobre las “ciudades santuario”, los gobiernos locales no pueden impedir que la policía coopere con ICE. Aun así, Cantu dijo que “no es función del departamento [de policía de Port Isabel] participar activamente con ninguna agencia federal en la aplicación de las leyes federales, y esto también se aplica a la aplicación de la ley de inmigración”. Y la ciudad no recibe dinero del programa de subvenciones Operación Stone Garden . Bajo esta subvención, el gobierno federal da dinero o equipo a las ciudades a cambio de ayuda con la seguridad fronteriza. Port Isabel dejó de solicitar la subvención Operación Stonegarden el año pasado, según el administrador de la ciudad Jared Hockema. South Padre Island y Laguna Vista todavía reciben subvenciones de Operación Stonegarden. El condado de Cameron, donde se encuentra la región de Laguna Madre, ha recibido dinero del programa en el pasado, gastándolo en vehículos todoterreno .
Bajo la misma ley de 2017, Texas también exige que las cárceles de los condados acaten las solicitudes de ICE para retener a los reclusos a fin de que la agencia federal pueda recogerlos. En 2025, Texas también aprobó el Proyecto de Ley del Senado 8 , que exige que los condados que administran cárceles establezcan los llamados acuerdos de colaboración 287(g) con ICE. Estos acuerdos se presentan en tres modalidades, y el condado de Cameron ha optado por la menos extensa de estas colaboraciones exigidas por el estado, en la que los agentes del departamento del sheriff pueden ejecutar órdenes de detención migratoria contra personas que ya se encuentran encarceladas y trasladar a los detenidos a las instalaciones de ICE.
Primera, un pequeño pueblo al noroeste de Harlingen, es el único municipio del condado de Cameron que tiene un acuerdo de colaboración con ICE, el más extenso de los tres modelos 287(g), que autoriza a agentes de policía locales capacitados a actuar como agentes de ICE. Otros pueblos del Valle del Río Grande con acuerdos similares son Port Mansfield, Escobares y Roma.
Los cuatro condados del Valle —Cameron, Hidalgo, Starr y Willacy— también se encuentran dentro de las zonas de control migratorio de 25 o 100 millas , lo que significa que los agentes de ICE o de la Patrulla Fronteriza pueden ingresar a terrenos privados o abordar cualquier tipo de vehículo sin una orden judicial, respectivamente. Estas agencias también emplean a miles de personas en las comunidades fronterizas de Texas, incluido el Valle del Río Grande, con altos salarios y, últimamente, bonificaciones . Este año y el anterior, el Congreso asignó al Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz de ICE, 240 mil millones de dólares hasta 2029 , la mayor cantidad de dinero que la agencia haya tenido jamás. Setenta mil millones de esos dólares se destinaron a ICE.
Estas agencias tienen un poder económico y político considerable en el Valle, lo que explica en parte por qué pocos funcionarios electos de la región se han pronunciado sobre las detenciones de personas por parte del ICE en sus comunidades, en comparación con lugares como Minneapolis y Chicago . El gobierno estatal de Texas también apoya la agenda de deportación de Trump y lleva años atacando a las localidades que intentan proteger a los inmigrantes indocumentados.
“El clima político en la sede del gobierno estatal en St. Paul [Minnesota] y Austin sí influye en el punto de partida de las respuestas políticas de los funcionarios electos locales; esto también limita las opciones legales disponibles”, declaró al Observer César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de Derecho en la Universidad Estatal de Ohio, quien estudia la criminalización de la migración . “La Legislatura de Texas ha sido extremadamente proactiva en los últimos 10 años, aproximadamente, al ejercer el poder económico de Texas para que el estado sea lo menos acogedor posible para los migrantes”.
En 2023, Texas también aprobó una ley que permitía a la policía estatal arrestar a personas por cruzar ilegalmente al estado desde México y autorizaba a los jueces a emitir órdenes de deportación, incluso si no tenían formación en derecho migratorio. Tras varias demandas, la ley, que la ACLU califica de “inconstitucional”, entró en vigor en mayo.
Sin embargo, en algunas partes del estado, la resistencia a los abusos del ICE podría estar creciendo: fiscales de todo el país se están organizando para apoyarse mutuamente en caso de que presenten cargos formales contra el ICE, incluidos los fiscales de distrito de los condados de Travis y Dallas . El fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, está investigando el tiroteo y asesinato de Lorenzo Salgado Araujo a manos del ICE el mes pasado en Houston.
En Austin, el congresista Greg Casar y funcionarios locales electos se pronunciaron en contra de las redadas del ICE en el norte de la ciudad, dos días después de que el ICE arrestara a una persona que se dirigía a un banco de alimentos en una iglesia. Casar declaró haber presentado una consulta formal al Departamento de Seguridad Nacional sobre la actividad del ICE en la zona y el costo que esto representa para los contribuyentes, y le dijo a la agencia en las redes sociales que se largara de Austin.
Al menos un agente de policía local de Laguna Vista elaboró un informe en respuesta a la llamada al 911 de un residente debido a que el ICE posiblemente estaba infringiendo la ley, según informó el Observer en julio. El Observer solicitó acceso al informe policial, pero no ha recibido respuesta del municipio. Los correos electrónicos, las llamadas y los mensajes de texto solicitando información actualizada tras el plazo estatal de 10 días quedaron sin respuesta.
En el Valle, los dueños de negocios han sido, sin duda, más críticos que los funcionarios electos locales. La Asociación de Constructores del Sur de Texas ha llamado la atención sobre la grave escasez de mano de obra para la construcción de viviendas en la región. Al menos una publicación en redes sociales muestra a agentes del ICE deteniendo a personas cerca de casas en construcción en Laguna Heights, pero la mayoría de las personas detenidas por la agencia parecen provenir de controles vehiculares o ser detenidas una vez que ya se encuentran en prisión. Al solicitar más información sobre cómo el ICE determinaba a las personas que arrestaba, un portavoz envió al Observer una lista de cuatro personas que, según el ICE, se encontraban ilegalmente en el país y habían cometido delitos graves en Texas. La agencia no respondió a ninguna de las preguntas del Observer .
La zona de Laguna Madre, donde miles de turistas se reúnen durante todo el año para hospedarse en hoteles y comer en restaurantes, no funcionaría sin la mano de obra de personas que no nacieron en Estados Unidos, quienes constituyen una gran parte de la población de Port Isabel y Laguna Heights. Entre estas personas se encuentra la familia de Dumas, que ya no se siente segura en la comunidad que ha sido su hogar durante años.
“Estoy harta de que tenga que esconderse como si fuera un criminal”, dijo Dumas refiriéndose a su marido. “Siento que lo tienen secuestrado por algo que no hizo”.
Es probable que esta región fuera la primera en experimentar un homicidio a manos del ICE durante la segunda administración Trump. Un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que forma parte del ICE, disparó y mató a Ruben Ray Martinez, un joven de 21 años de San Antonio, en South Padre Island el pasado mes de marzo. La agencia alegó que Martinez atropelló al agente y que este le disparó en respuesta, pero las imágenes de la cámara corporal y el posterior reportaje del Texas Tribune contradicen esta versión.
El congresista González fue el único funcionario electo del Valle del Río Grande que el Observer pudo encontrar que se pronunciara públicamente sobre el tiroteo. En una declaración al Observer , González dijo que pronto presentaría una ley que permitiría a las pequeñas empresas patrocinar a trabajadores indocumentados que hayan estado en el país por al menos cinco años y no tengan antecedentes penales. El Congreso debe hacer su parte para controlar al ICE, escribió también.
“La realidad es que Estados Unidos depende de trabajadores indocumentados para realizar muchos trabajos importantes y difíciles que la mayoría de los estadounidenses no harían, como la construcción de viviendas, la cosecha y la pesca comercial de camarones”, continúa la declaración de González. “Sin esta fuerza laboral, los costos cotidianos para las familias y empresas estadounidenses siguen aumentando”.
García Hernández, el profesor de Ohio originario del Valle del Río Grande, dijo que si bien la presencia de las autoridades federales de inmigración es desproporcionada en la actualidad, las condiciones económicas y políticas cambian, y los funcionarios electos deben tener esto en cuenta cuando las comunidades les piden ayuda.
“Espero que los funcionarios electos del Valle consideren sus cargos como algo en lo que creen, en lugar de algo que han heredado y que es un hecho consumado”, dijo. “Eso sería lo contrario del liderazgo, y espero que los residentes del Valle esperen más de sus representantes electos”.
El ICE parece seguir deteniendo personas a diario en la zona. En grupos locales de Facebook, algunos usuarios desestiman las preocupaciones de residentes como Dumas, quienes temen que el ICE detenga y arreste a personas sin importar su estatus legal en Estados Unidos.
“La gente no nos cree. Simplemente dicen: ‘Si estás aquí legalmente, no tienes por qué tener miedo’. Y nosotros les respondemos: ‘Sí, sí que tienes que tenerlo’”, dijo Dumas. “Realmente piensan que los agentes del ICE y la administración en general están haciendo las cosas correctamente, pero no es así”.
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