Nota del editor: El siguiente artículo fue publicado originalmente por Documented, un medio de noticias independiente y sin fines de lucro dedicado a informar con y para las comunidades inmigrantes en la ciudad de Nueva York. El artículo original puede consultarse aquí. Fue escrito originalmente por Eileen Grench el 14 de septiembre de 2026.
La ampliación de la norma de “carga pública” es sólo el último de una serie de esfuerzos de la administración Trump para impedir la participación de los inmigrantes en la vida pública.
El alcalde Zohran Mamdani anunció el lunes que una coalición de ciudades, incluida Nueva York, que ha presentó una demanda desafiando la nueva norma de carga pública de la administración Trump, que permitiría al gobierno federal denegar con mayor facilidad las tarjetas de residencia y las visas a los inmigrantes basándose en el uso que hagan de los beneficios públicos. La demanda se presenta apenas cuatro días antes de que la nueva norma entre en vigor.
Junto a Mamdani estaba la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, quien también está demandando al gobierno federal como parte de una demanda complementaria en nombre de 22 estados, así como de otros defensores y políticos locales.
Mamdani denunció la norma de carga pública como una forma de castigo para los inmigrantes que utilizan beneficios públicos tan simples como los almuerzos escolares o las clínicas de salud pública, y agregó que los inmigrantes neoyorquinos pueden verse obligados a elegir entre la posibilidad de obtener la residencia permanente en Estados Unidos y la salud de sus familias.
“Nada de esto es abstracto. La gente podría morir como consecuencia de estos cambios”, declaró Mamdani en una rueda de prensa el lunes. “La tasa de mortalidad prematura en las comunidades inmigrantes de la ciudad de Nueva York podría aumentar hasta un 10.6 por ciento en los próximos cinco años”.
La última versión de la regla de carga pública, que entrará en vigor el 18 de septiembre, se utiliza para determinar si un extranjero podría depender de la asistencia gubernamental en el futuro. Si el gobierno clasifica al solicitante como una carga pública, puede denegarle la residencia permanente o la visa.
Según informaron funcionarios electos el lunes, entre las formas de asistencia gubernamental que podrían ser objeto de escrutinio se incluyen Medicaid, el programa SNAP, los beneficios de salud para niños y los almuerzos escolares subsidiados. Mamdani señaló que esto podría tener un efecto disuasorio, provocando que hasta cuatro millones de personas, incluidos 1.8 millones de niños, se den de baja de sus planes de salud.
Según Mamdani, tales acciones generarían un “mayor costo para nuestro sistema que recaerá sobre los trabajadores durante los próximos años”, y añadió que la ley es un “instrumento de crueldad”.
Otro obstáculo para los inmigrantes
La expansión de la regla de carga pública es sólo el último en una andanada de esfuerzos de la administración Trump destinados a obstaculizar a los inmigrantes y desalentar su participación en la vida pública. Las medidas contra la deportación como retrasos en renovación del estatus migratorio, miedo a ser arrestado en los tribunales de inmigración y el despojo de protecciones de larga data han generado cada vez más obstáculos que dificultan la vida diaria de los inmigrantes, ya que las detenciones en la calle por parte de los agentes de inmigración siguen alcanzando máximos históricos.
La nueva norma sobre carga pública permite al gobierno estadounidense considerar el uso de cualquier beneficio público basado en los ingresos —incluidos los beneficios solicitados para dependientes, independientemente de su estatus migratorio— como un factor negativo para el solicitante. Anteriormente, durante la administración Biden, la norma sobre carga pública se aplicaba únicamente si el solicitante había utilizado programas de asistencia económica como el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) y la atención institucional a largo plazo.
“Cada vez más, los padres de ciudadanos estadounidenses preguntan si es seguro participar en programas como las comidas escolares gratuitas”, dijo Arline Cruz Escobar, directora de programas de salud de la organización sin fines de lucro para inmigrantes Make the Road NY.
Aunque la ciudad aún no tiene datos oficiales sobre si los inmigrantes se han estado retirando de la asistencia pública,Faiza Ali la comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía (MOIA, por sus siglas en inglés) dijo que las organizaciones locales ya han comenzado a ver un cambio.
“Visité un banco de alimentos comunitario en Queens… Normalmente, su banco de alimentos tendría una fila que daría la vuelta a la esquina, pero ahora solo ven gente entrando y saliendo poco a poco”, dijo Ali a Documented. “De hecho, algunas personas les han preguntado: ‘Si solicito este servicio y este apoyo, ¿afectará eso a mi caso?’”.
Una advertencia de salud pública
La demanda ataca la nueva norma de carga pública como un intento de “cambiar radical y unilateralmente el significado del término legal ‘carga pública'”, trastocando “más de un siglo de jurisprudencia y práctica administrativa”.
Además de considerar la nueva norma de carga pública como una violación de la ley federal, la demanda argumenta que el uso de beneficios públicos no demuestra adecuadamente la dependencia. Asimismo, sostiene que la ampliación de esta norma provocaría una mayor inseguridad alimentaria, con las consiguientes repercusiones negativas para la salud, y perjudicaría económicamente a las ciudades. La ciudad alega, además, que la norma comprometería su capacidad para combatir brotes de enfermedades debido a la dificultad de los neoyorquinos para acceder a la atención médica.
“Se trata de una denuncia de 100 páginas, y se requerían 100 páginas porque la normativa contiene tantas ilegalidades que era necesario”, declaró Steve Banks, fiscal jefe de la ciudad de Nueva York, en la rueda de prensa del lunes. “Esto no es una simple repetición de lo ocurrido en 2019, cuando la ciudad y el estado acudieron a los tribunales y lograron desestimar una demanda similar por carga pública. Es incluso más perjudicial y extrema”.
En 2019, la ciudad participó en una demanda que detuvo temporalmente el primer intento de la administración Trump de modificar la normativa municipal. Si bien lograron impedir temporalmente que el cambio siguiera adelante, finalmente se permitió que entrara en vigor brevemente antes de que el recién elegido presidente Joe Biden lo revirtiera.
“Vamos a agotar todas las herramientas a nuestro alcance para combatir esta norma”, declaró Mamdani. Sin embargo, también reconoció: “Ninguna ciudad en este país puede compensar, dólar por dólar, lo que el gobierno federal pretende recortar en términos de servicios para quienes los necesitan”.
Mamdani instó a los neoyorquinos preocupados por acceder a las prestaciones a que se pusieran en contacto con la línea directa de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía.
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