Nota del editor: El siguiente artículo fue publicado originalmente por Victoria Francis en Immigration Impact el 6 de diciembre de 2024.
Las comunidades estatales y locales están a la vanguardia de la conformación de las vidas de los inmigrantes. Si bien algunas han promovido políticas perjudiciales, otros gobiernos estatales y locales han defendido los esfuerzos para proteger a los recién llegados y permitir su plena participación en sus comunidades.
De cara al año 2025 y la incertidumbre en torno a la política federal de inmigración, será cada vez más importante que los estados y las localidades salvaguarden la seguridad y el bienestar de sus residentes inmigrantes. Pueden hacerlo promulgando políticas que protejan los derechos de los inmigrantes, garantizando un acceso equitativo a los servicios y priorizando la seguridad pública por sobre el cumplimiento innecesario de las obligaciones federales de aplicación de la ley de inmigración.
A continuación, se presentan algunos ejemplos que las comunidades pueden utilizar como punto de partida para promover la protección e inclusión de los inmigrantes.
Privacidad de datos:
Las políticas que restringen la recopilación o el intercambio de información por parte de los gobiernos estatales o locales son esenciales para proteger la privacidad de todos los miembros de la comunidad, incluida la protección de las poblaciones inmigrantes vulnerables de posibles riesgos, como la discriminación, el acoso e incluso la deportación. Las políticas pueden incluir limitaciones a la información recopilada por las agencias gubernamentales, incluido el estado migratorio, a menos que lo exija la ley o para la elegibilidad del programa, y prohibir compartir cierta información con las autoridades federales.
Financiamiento de los servicios legales de inmigración:
Las personas que se encuentran en un proceso de inmigración o ante un tribunal de inmigración no tienen derecho a un abogado financiado por el gobierno, lo que significa que muchas enfrentan procesos legales complejos en solitario, con resultados directamente relacionados con el acceso a representación. Las políticas que financian los servicios legales para inmigrantes aumentan la capacidad de las comunidades para ofrecer representación pro bono. Tener un mayor acceso a la asistencia legal mejora las posibilidades de los inmigrantes de tener un proceso justo y equitativo, incluso para aquellos en procesos de deportación.
- Washington: SB-5950 (2024)
- Fondo de Servicios Legales para Inmigrantes de Denver (2017)
- Fondo de Justicia de Long Beach (2018, California)
Limitación de la cooperación con las autoridades federales de inmigración:
Restringir la cooperación con las autoridades federales de inmigración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ayuda a proteger a las comunidades inmigrantes y a las familias de estatus mixto. Fomenta la confianza entre los inmigrantes y las fuerzas del orden locales, lo que mejora la seguridad de la comunidad. Las opciones de política varían desde restringir o poner fin a los acuerdos 287(g) existentes que delegan a la policía local para actuar como agentes de inmigración hasta llevar a cabo solicitudes de detención.
- Colorado: HB19-1124 (2019)
- Illinois: SB-0667 (2021)
- Condado de Prince William, Virginia (2020)
- Los Ángeles (2024)
Protección y financiación de los servicios de reasentamiento de refugiados:
Los posibles recortes y desaceleraciones de los Programas de Admisión de Refugiados de los EE. UU. y otros programas podrían dejar a las organizaciones comunitarias que atienden a refugiados y otras poblaciones, como los beneficiarios de visas especiales para inmigrantes, sin los fondos necesarios para continuar brindando servicios que ayuden a las personas a reconstruir sus vidas e integrarse en sus nuevas comunidades.
La financiación estatal o local para los servicios de reasentamiento de refugiados puede ayudar a compensar las pérdidas en la financiación federal o aumentar la financiación existente para garantizar la continuidad de los programas que atienden a las personas que ya se encuentran en los EE. UU.
- Washington: SB-5693 (2022)
- Oregón: SB-718 (2021)
- Nueva York: Presupuesto de ayuda a las localidades (anual desde 2017)
Los estados pueden proteger o codificar su participación en el Programa de Admisión de Refugiados de los EE. UU. para garantizar que un ejecutivo no pueda eliminar unilateralmente la coordinación estatal de los servicios de reasentamiento de refugiados.
Creación de Oficinas de Nuevos Estadounidenses:
Las Oficinas de Nuevos Estadounidenses estatales o locales dedicadas a la inclusión de inmigrantes y refugiados apoyan la integración exitosa de los recién llegados y ayudan a promover comunidades inclusivas. También pueden servir como un lugar centralizado para el trabajo y las políticas relacionadas con la inclusión económica, social y cívica de los inmigrantes. Las oficinas se pueden crear a través de órdenes ejecutivas, enmiendas presupuestarias u ordenanzas y legislación. Hay más de 40 oficinas locales en todo el país y 22 estados con oficinas o personal de políticas de alto nivel dedicado a este tema.
- Maine: LD-2214 (2024)
- Michigan: Orden ejecutiva n.º 2014-2 (2014)
- Filadelfia: Orden ejecutiva n.º 3-13 (2013)
- San Francisco: Ordenanza 123822 (2011)
Protección e inclusión de la fuerza laboral:
Proteger a los trabajadores inmigrantes y crear oportunidades justas para que todos los miembros de la comunidad aporten sus habilidades a la fuerza laboral local o desarrollen nuevas habilidades para satisfacer las necesidades de la industria puede ayudar a los estados y localidades a impulsar el éxito y el crecimiento económico. Las políticas van desde aumentar el acceso a la licencia ocupacional eliminando los requisitos de estatus migratorio y financiando programas de capacitación laboral o programas para apoyar a los empresarios inmigrantes hasta restringir el uso de E-Verify para prevenir la discriminación en las prácticas de contratación.
Estas son solo algunas de las formas en que los estados y localidades pueden apoyar y proteger a los miembros de su comunidad inmigrante. Otras políticas van desde estandarizar los procesos de certificación de la visa U y aumentar el acceso a la atención médica para las personas indocumentadas hasta permitir que las personas obtengan una licencia de conducir independientemente de su estatus migratorio.
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