Salvadoreños de seis países y cinco ciudades de Estados Unidos se manifestaron el 1 de junio, con motivo de la investidura de Nayib Bukele para un segundo mandato en El Salvador, para dejar claro que “no reconocen [su presidencia] por ser el resultado de unas elecciones inconstitucionales e ilegítimas”. La Constitución salvadoreña contiene múltiples prohibiciones de mandatos presidenciales consecutivos, incluso “[obligando] a la insurrección” si se viola el principio de alternancia en el poder.
Un presentador de un mitin frente a la embajada salvadoreña en Washington, DC, dijo: “Estamos aquí para demostrar que no todos los salvadoreños votaron por Bukele, a pesar de lo que él afirma para justificar sus acciones ilegales”. Bukele calificó su victoria del 4 de febrero como la mayor “en toda la historia democrática del mundo”, aunque los 2.7 millones de votos que recibió representan sólo el 43% de los votantes con derecho a voto.
Junto con organizaciones religiosas y solidarias, salvadoreños de DC, Chicago, Seattle, Los Ángeles, San Francisco, Ottawa, Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires y Oslo, expresaron su indignación por los abusos sistemáticos cometidos bajo el Estado de Excepción, incluidas las detenciones sin orden judicial de 80,000 personas y las muertes confirmadas de más de 300 personas bajo custodia estatal, así como la persecución de defensores de los derechos humanos, periodistas y opositores políticos.
Los días 30 y 31 de mayo, en previsión de las manifestaciones previstas para el día de la toma de posesión, la policía detuvo a dirigentes de la Alianza Nacional por un El Salvador en Paz, una amplia coalición surgida para defender la democracia frente a la consolidación del poder de Bukele.
“Las políticas de Bukele”, dijeron los grupos que se unieron al Día Internacional de la Condena, “reflejan la represión experimentada por el pueblo salvadoreño durante los años de guerra civil que obligaron a miles de salvadoreños, incluidos muchos de nosotros y nuestras familias, a huir de El Salvador a ciudades de Estados Unidos y de todo el mundo.” También advirtieron de que la política de austeridad de Bukele y su deferencia hacia las grandes empresas han provocado un aumento de la pobreza y una nueva oleada de desplazamientos. Datos recientes del censo muestran que más del 67% de los salvadoreños que trabajan ganan menos de 400 dólares al mes.
En el mitin de DC, mirando hacia la Casa Blanca, Consuelo Gómez, coordinadora en EE.UU. del coordinadora en EE.UU. delMovimiento de Víctimas del Régimen(MOVIR) y madre de dos hijos “desaparecidos” en las cárceles de El Salvador, hizo una llamada personal al presidente Biden: “Sabemos que su gobierno conoce el secuestro y las muertes de nuestros hijos y familias en las cárceles de Bukele – y nos avergüenza que su gobierno decidiera participar en la toma de posesión de un nuevo dictador en El Salvador.”
Asimismo, Ana Sol Gutiérrez, en nombre de laNación Salvadoreña en el Exterior, pidió “a los gobiernos del mundo y a los organismos internacionales que no reconozcan al gobierno de Bukele, que llegó ilegal e inconstitucionalmente al poder”, un sentimiento del que se hizo eco laConferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), que representa a más de 70 partidos políticos de la región. La resolución de la COPPPAL del 31 de mayo pedía a los gobiernos de todo el mundo que “suspendan todo apoyo militar y financiero a un régimen que mantiene un Estado de Excepción permanente contra la población”.
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