Nota del editor: el siguiente artículo fue publicado originalmente por David Bacon de TRUTHOUT el 21 de diciembre de 2023.
Bajo el nuevo programa piloto de visas, la administración está dando prioridad a las ganancias de los agricultores sobre los derechos de los trabajadores agrícolas.
El 22 de septiembre de 2023, el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) anunció que comenzaría a pagar a los productores para que utilizaran el notorio programa de mano de obra extranjera por contrato (o trabajador invitado) H-2A. Aprovechando los 65 millones de dólares de la Ley de Rescate Estadounidense, el USDA pagará entre 25,000 y 2 millones de dólares por solicitud para sufragar los gastos de reclutamiento de trabajadores migrantes de tres países centroamericanos (Guatemala, Honduras y El Salvador), su transporte a Estados Unidos, alojamiento y alimentarlos mientras estén aquí e incluso subsidiar parte de sus salarios. Serán elegibles los contratistas de mano de obra, que compiten entre sí para vender mano de obra agrícola migrante a los agricultores a bajos salarios, al igual que los propios agricultores.
El programa H-2A es la versión moderna del antiguo esquema bracero, según el cual los agricultores trajeron mexicanos a trabajar en los campos estadounidenses entre 1942 y 1964. Los trabajadores tenían que pagar sobornos para venir, se los mantenía separados de la fuerza laboral local y se los deportaba si llegaban. protestaron o se declararon en huelga. Debido al abuso generalizado de los trabajadores que participaron en el programa y al uso de mano de obra bracero por parte de los agricultores para impedir que los trabajadores agrícolas se organizaran, el programa fue abolido, uno de los principales logros del movimiento chicano por los derechos civiles. Pero incluso en su apogeo, el gobierno de Estados Unidos nunca pagó a los productores para que trajeran trabajadores. Ahora, la administración Biden está haciendo precisamente eso.
El programa H-2A permite a los productores contratar trabajadores, que hoy en día en su mayoría provienen de México. Pueden discriminar, y de hecho lo hacen, contratando casi exclusivamente a hombres jóvenes y luego presionándolos con cuotas de producción para que trabajen lo más rápido posible. Los trabajadores tienen una visa H-2A, que les permite permanecer solo durante la duración de su contrato (menos de un año) y no pueden trabajar legalmente para nadie que no sea el productor o el contratista laboral que los recluta. Pueden ser despedidos por cualquier motivo, desde protestar hasta trabajar demasiado lento, y una vez despedidos, pierden su visa y deben abandonar el país. Los reclutadores mantienen listas negras de trabajadores despedidos por esos motivos, y especialmente por huelga y organización, negándose a volver a contratarlos en temporadas futuras.
Aunque el programa bracero había terminado en 1965, la categoría de visa H-2A restableció un programa de trabajo por contrato, en la Ley de Control y Reforma Migratoria de 1986. El programa permaneció relativamente pequeño hasta que comenzó a proliferar durante las administraciones de Bush y Obama. La administración Biden ahora lo está ampliando aún más al subsidiar a los productores que lo utilizan.
El propósito de la administración Biden para su programa de subsidios, llamado Programa Piloto de Estabilización y Protección del Trabajo Agrícola (FLSPPP), es político. Al anunciarlo, el USDA enumera tres objetivos. La primera, “abordar la actual escasez de mano de obra en la agricultura”, significa no sólo dar a los productores un sistema de contratación de mano de obra patrocinado por el gobierno, sino incluso pagarles para que lo utilicen. Si bien los agricultores se quejan de la escasez de mano de obra, el desempleo en las comunidades de trabajadores agrícolas es mayor que en las zonas urbanas. Sin embargo, la agroindustria ha intentado mantener los salarios extremadamente bajos. Muchos productores eran partidarios de Donald Trump, y las zonas rurales de California y el estado de Washington todavía están plagadas de viejos carteles de Trump de la campaña de 2020. Pero es difícil que la esperanza muera. La campaña de Biden agradecería cualquier apoyo que pueda obtener de la agroindustria en las reñidas elecciones de 2024 que se avecinan.
Samantha Power, administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, tuvó una reunión con agricultores en el USDA en septiembre de 2022. Les agradeció por trabajar con la administración en “una prioridad crítica: ampliar el grupo de trabajadores agrícolas H-2A de Centroamérica, específicamente de El Salvador, Guatemala y Honduras”. “Os respaldamos”, les prometió. “Estamos comprometidos a ayudar a mantener una sólida cartera de trabajadores agrícolas experimentados para apoyarlo.”
El segundo objetivo declarado del programa piloto es “reducir la migración irregular desde el norte de Centroamérica mediante la expansión de vías regulares”. Mientras los republicanos atacan al presidente por ser “blando” con la inmigración, la administración Biden espera prevenir la llegada de caravanas a la frontera canalizando a miles de inmigrantes potenciales hacia programas de visas de trabajo. El FLSPPP no hace nada para cambiar las condiciones que producen la migración, ni permite que los migrantes accedan al sistema de asilo y se conviertan en residentes estadounidenses. De hecho, no es coincidencia que se esté presentando un programa de visas de trabajo mientras Biden negocia con los republicanos medidas para que el proceso de asilo básicamente no esté disponible para esos mismos inmigrantes que huyen de la pobreza y la represión.
El tercer objetivo, “mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores agrícolas”, es teatro político. Los solicitantes de subsidios bajo el programa piloto deben proporcionar a los trabajadores H-2A salarios dignos, pago de horas extras, capacitación sobre los derechos de los trabajadores, protecciones de salud y seguridad, y ninguna represalia si intentan organizar un sindicato. Estas protecciones y beneficios (en muchos casos, simplemente el requisito legal básico) ni siquiera existen en el papel para casi todos los trabajadores agrícolas que ya viven en los EE. UU. Y porque, según la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas, alrededor del 44 por ciento de todos los trabajadores agrícolas son indocumentados, les resulta difícil utilizar las protecciones legales que existen. Sin embargo, en lugar de impulsar una reforma migratoria que les proporcione un estatus legal, la administración Biden está ayudando a los productores a traer trabajadores H-2A para reemplazarlos.
Foto de DAVID BACON
Con una aplicación débil sobre el terreno, es poco probable que los trabajadores H-2A obtengan estos beneficios tampoco. Las violaciones de los derechos y estándares mínimos tanto para los trabajadores agrícolas H-2A como para los residentes son endémicas en la agricultura estadounidense. El programa no contiene financiación ni siquiera para un aumento mínimo de las investigaciones del Departamento de Trabajo (DoL) sobre violaciones existentes, y mucho menos para las que están por venir.
La propuesta sorprendió a muchos defensores y organizadores de los trabajadores agrícolas. Varios de ellos enviaron una carta de protesta a la administración Biden, que también firmé como miembro del Instituto Oakland. “Como agricultores, trabajadores agrícolas y sus defensores, escribimos para expresar nuestra indignación porque el USDA está comprometiendo $65 millones de dinero público para pagar a los empleadores agrícolas, incluidos los contratistas de trabajo agrícola, para aumentar los salarios, mejorar las viviendas u otros ajustes para los trabajadores H-2A. antes de realizar cambios significativos en las condiciones de los millones de trabajadores agrícolas que ya se encuentran en este país”, decía la carta.
La documentación sobre abusos a los trabajadores en el programa H-2A se remonta a décadas atrás, y muchos defensores de los trabajadores agrícolas y sindicatos dudan de que pueda reformarse. “Debido a su historial de abuso tanto de los trabajadores H-2A como de los trabajadores agrícolas locales”, decía la carta de protesta, “hemos pedido la abolición del programa H-2A durante muchos años.” Sarait Martínez, directora del Centro Binacional para el Desarrollo Indígena de Oaxaca, que organiza a los trabajadores agrícolas contra el robo de salarios y otros abusos, dijo a Truthout: “Este programa enfrenta a los trabajadores agrícolas residentes con los trabajadores subcontratados reclutados por los agricultores y hace imposible poner fin a la pobreza en las comunidades de trabajadores agrícolas. , tratándolo como normal e inalterable.”
Al mismo tiempo que el USDA otorga subsidios, el sistema de aplicación de la ley que debería proteger a los trabajadores agrícolas del robo de salarios, salarios ilegales y otras violaciones de las normas y derechos laborales está en caída libre. Un estudio de 2023 realizado por el Instituto de Política Económica encontró que las investigaciones realizadas por la División de Horas y Salarios (WHD) del Departamento de Trabajo se han desplomado en más del 60 por ciento, de un máximo de 2,431 en 2000 a solo 879 en 2022. El departamento tiene solo 810 investigadores para los 164.3 millones de trabajadores del país, o un inspector por cada 202,824 trabajadores. Como resultado, el DoL solo investiga a menos de 1 de cada 100 empleadores agrícolas cada año, aunque, señala el estudio, “cuando la WHD investiga a un empleador agrícola, el 70 por ciento de las veces, la WHD detecta violaciones de salarios y horarios.”
De 2000 a 2022, las violaciones del programa de visas H-2A representaron aproximadamente la mitad de los pocos casos en los que los empleadores se vieron obligados a pagar salarios atrasados y sanciones civiles, y aumentaron a casi tres cuartas partes durante la administración Biden. Debido a que la aplicación de la ley es débil, se están multiplicando los casos de empleadores y contratistas laborales que utilizan trabajadores H-2A para reemplazar a los trabajadores locales y engañan a esos trabajadores H-2A.
Un ejemplo de trampa ocurrió con el notorio infractor laboral Sierra del Tigre Farms en Santa María, California. En septiembre de 2023, más de 100 trabajadores fueron despedidos antes de que terminaran sus contratos de trabajo y se les dijo que regresaran a México. Luego, la empresa se negó a pagarles los salarios legalmente exigidos que habrían ganado. Su alter ego, Savino Farms, ya había sido multado por la misma infracción cuatro años antes, una indicación de que los beneficios de las violaciones laborales superan las pequeñas sanciones.
A un trabajador, Felipe Ramos, se le debían más de $2,600. “Fue muy duro”, recuerda. “Tengo esposa y una niña, y sobreviven porque envío dinero a casa todas las semanas. Todos los demás también eran así. La empresa tuvo problemas para encontrar compradores y demasiados trabajadores”. En el otoño de 2023, Rancho Nuevo Harvesting, Inc., otro contratista laboral, fue obligado por el Departamento de Trabajo a pagar $1 millón en multas y salarios atrasados a los trabajadores a los que había engañado en un caso similar. La frecuencia y gravedad de estos casos en un valle relativamente pequeño indican que los problemas con el programa son fundamentales, estructurales y generalizados.
Mientras se implementa el programa de subsidio “piloto” del USDA, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha propuesto una serie de reformas que, según dice, pueden reducir el abuso documentado desde hace mucho tiempo contra los trabajadores agrícolas H-2A. Sin embargo, incluso en el texto publicado de las reformas propuestas, el personal del Departamento de Justicia que lo redactó resume las razones estructurales que hacen que el impacto de las reformas sea tan dudoso:
Durante la última década, el uso del programa H-2A ha crecido dramáticamente mientras que el empleo agrícola en general en los Estados Unidos se ha mantenido estable, lo que significa que menos trabajadores domésticos trabajan como trabajadores agrícolas. … Algunas de las características del programa H-2A, incluida la naturaleza temporal del trabajo, el frecuente aislamiento geográfico de los trabajadores y la dependencia de un solo empleador, crean una población vulnerable de trabajadores para quienes es singularmente difícil defender u organizar. para buscar mejores condiciones laborales. … Esta falta de protección suficiente afecta negativamente la capacidad de los trabajadores domésticos para abogar por condiciones de trabajo aceptables, lo que lleva a una reducción del poder de negociación de los trabajadores y, en última instancia, al deterioro de las condiciones laborales en el empleo agrícola.
La fuerza laboral agrícola local existente sufre las condiciones que describe el Departamento de Trabajo. En otra demanda por robo de salario en julio de 2023, un grupo de trabajadores residentes acusó a la bodega de lujo J. Lohr de conspirar con un grupo de contratistas laborales para pagar menos del salario mínimo, mientras ocultaba registros de la violación. El Centro Binacional de Desarrollo Comunitario Indígena, que presentó la demanda, ha peleado cinco casos similares en el último año.
En lugar de gastar sus recursos limitados para proteger y promover los salarios y los derechos laborales de los trabajadores agrícolas que viven y trabajan en los EE. UU. (el 68 por ciento de los cuales son inmigrantes), la administración Biden está haciendo que sea más atractivo para los agricultores traer trabajadores invitados. para reemplazarlos. Esto les da a los productores una fuerza laboral que es más fácil de controlar y que abandona el país cuando termina el trabajo. Continúa una política que se remonta a las presidencias de Trump, Obama, Bush y Clinton.
Alrededor de 2 millones de trabajadores trabajan en los campos estadounidenses. El año pasado, el Departamento de Trabajo dio permiso a los productores para traer 371,619 trabajadores H-2A, o alrededor de una sexta parte de toda la fuerza laboral agrícola de EE. UU., un aumento con respecto a los 98,813 en 2012. Emplear una cantidad tan grande de mano de obra H-2A no es posible, como admite el Departamento de Justicia, sin desplazar a las trabajadoras domésticas, que siguen sufriendo un extenso robo de salarios y un ingreso familiar promedio de $20,000 dólares al año.
Los empleadores que contratan trabajadores locales no son elegibles para los subsidios del programa piloto a menos que contraten trabajadores H-2A, esencialmente sobornándolos para que utilicen trabajadores H-2A para reemplazar a los residentes. El USDA no exige que los empleadores de trabajadores locales implementen ninguna de las condiciones del programa piloto, y no se destinan recursos adicionales para defender la fuerza laboral de trabajadores agrícolas existente. Esto afectará directamente a las familias y comunidades de trabajadores agrícolas en todo el país.
Los cálculos políticos de la administración Biden también podrían resultar desastrosos. Al redoblar el programa, esencialmente les está diciendo a los trabajadores agrícolas y a sus defensores, en un año electoral, que a la administración le preocupa únicamente el bienestar de los agricultores. Sin embargo, casi todos los sindicatos y comunidades de trabajadores agrícolas hicieron una intensa campaña contra Trump en 2020. A menudo fueron el principal apoyo de Biden en las zonas rurales donde los agricultores estaban sólidamente en el campo republicano.
“Al implementar este programa piloto, el Departamento de Agricultura ha fracasado estrepitosamente a la hora de interactuar con nosotros o escuchar nuestros argumentos”, concluía la carta de protesta. “Pedimos al USDA que lo cancele y redirija los 65 millones de dólares a una campaña para reconstruir la fuerza laboral agrícola nacional.”
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