Nota del editor: El siguiente artículo fue publicado originalmente por 285 South el 3 de septiembre de 2025
A finales de junio, Antonio Aguirre Villa se dirigía a trabajar en una obra de construcción en Gainesville cuando fue detenido por la Patrulla Estatal de Georgia. Los oficiales afirmaron que lo detuvieron porque su parabrisas estaba agrietado.
Según un informe policial obtenido mediante una solicitud de registros públicos, un patrullero estatal detuvo a Antonio en el estacionamiento de un supermercado. Originario de México pero residente en Georgia desde 2009, Antonio presentó su licencia de conducir de Maryland. El oficial contactó a Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations), una agencia dentro del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, para confirmar el estatus de ciudadanía de Antonio. “Me notificaron que el Sr. ANTONIO se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y que vendrían a recogerlo para una mayor investigación”, dice el informe. “Agentes de ICE llegaron al lugar y tomaron la custodia del Sr. ANTONIO.”
En Maryland, los inmigrantes sin ciudadanía estadounidense ni documentos migratorios pueden solicitar una licencia de conducir o una tarjeta de identificación. Estas son consideradas “no compatibles” a nivel federal y no pueden utilizarse, por ejemplo, para abordar vuelos nacionales.
La esposa de Antonio, Clara Ruiz, declaró que él le dijo que las personas que lo detuvieron no tenían placas ni identificación que indicara que eran agentes federales afiliados a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.).
Antonio fue trasladado a una prisión federal en Atlanta y luego, después de unas dos semanas, al Centro de Procesamiento de ICE en Folkston, en el sureste de Georgia. Comenzó a realizar llamadas telefónicas diarias a su esposa y a sus cuatro hijos, de entre 11 y 17 años.
A principios de agosto, dijo Clara, la naturaleza de las llamadas comenzó a cambiar. Antonio empezó a hablar sobre acoso por parte de guardias y otros internos. Le contó a Clara que circulaba un rumor de que era un “depredador sexual”, acusación que tanto ella como su abogada afirman es falsa. Según Antonio, los guardias le dijeron que sería trasladado a una prisión federal para delincuentes sexuales y lo presionaron para que firmara sus papeles de deportación. Aunque estaba preocupada, Clara lo animó a mantenerse fuerte y a no hacerles caso.
El medio 285 South contactó a ICE para obtener comentarios. Un portavoz reconoció haber recibido la solicitud, pero no respondió a las acusaciones.
La situación de Antonio pareció empeorar el lunes 18 de agosto, cuando Clara recibió una llamada inquietante de su esposo: “Me dijo que trataron de hacerle daño y que por eso quería quitarse la vida”, relató Clara a 285 South, entre lágrimas. “Me pidió que cuidara de nuestros hijos y yo le respondí que no estaba solo.” Tras esa conversación alarmante, Clara no volvió a saber de Antonio durante una semana, a pesar de sus constantes intentos de comunicarse con él. Contactó al consulado mexicano en Atlanta para pedir ayuda, así como a la abogada de Antonio.
La abogada, Helen Vargas-Crebas, también tuvo problemas para comunicarse con él. Ese mismo lunes en que recibió la noticia de Clara, envió correos electrónicos al centro de detención y a varias direcciones de ICE. El centro respondió que enviarían su solicitud de ver a su cliente al canal correspondiente, pero pasaron varios días antes de que obtuviera más claridad sobre lo que sucedía con Antonio.
“Ha sido muy difícil obtener cooperación de cualquier parte”, dijo Helen a 285 South. “Es realmente complicado conseguir una devolución de llamada, una respuesta o incluso poder hablar con alguien por teléfono.”
Históricamente, obtener información sobre lo que ocurre dentro de Folkston u otros centros de detención de inmigración ha sido complicado. Según la organización sin fines de lucro American Immigration Council, ICE “ha fallado de manera sistemática durante décadas en garantizar llamadas telefónicas confiables y accesibles en sus instalaciones.” En una inspección de 2022 realizada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, se concluyó que “Folkston no cumplía con los estándares en condiciones de la instalación, atención médica, gestión de quejas, uso de aislamiento, comunicación entre personal y detenidos, y manejo de pertenencias de los detenidos.”
El jueves 21 de agosto, Helen logró concertar una cita virtual con Antonio para la mañana del viernes 22. Sin embargo, justo antes de que comenzara la reunión, el centro de detención le informó que Antonio no quería hablar con ella ni con su familia. Clara se preocupó aún más y envió a familiares a visitarlo en persona durante el fin de semana en las instalaciones de Folkston, pero se les negó la entrada.
Ese mismo día, Helen finalmente pudo hablar con Antonio por teléfono y confirmó que estaba bajo vigilancia suicida, razón por la cual no podía hablar ni reunirse con sus familiares. Dijo que él parecía estar sufriendo una crisis mental y que actualmente se encuentra en aislamiento en la unidad médica para evitar que vuelva a hacerse daño. Helen ha estado tratando de acceder a sus registros médicos para comprender mejor su estado actual, pero hasta el momento no ha recibido nada.
También está trabajando en conseguir su liberación a través de un recurso de hábeas corpus u otra estrategia legal para traerlo de regreso a casa.
“Él dijo que quería quedarse y seguir luchando por su caso,” comentó Helen.
Una familia enfrentando la detención de Antonio
Desde que Antonio fue detenido, Clara ha tenido que hacerse cargo sola de sus cuatro hijos. Antes trabajaba como jardinera, pero dejó de hacerlo para enfocarse en lograr la liberación de su esposo, dependiendo de los ahorros familiares para pagar las cuentas.
La sobrina de Antonio, quien prefirió no revelar su nombre, contó a 285 South que la detención de su tío ha sido devastadora: “Ha sido una experiencia muy traumática para su familia ahora que su esposa se ha quedado sola económicamente, y ella carga con todo este peso en silencio.” La sobrina describió a Antonio como una persona alegre, que disfrutaba hacer caminatas con su familia y sus dos perros, y que asistía cada domingo a la iglesia católica. “Él nunca ha hecho nada malo,” dijo.
Hablando desde su casa en Gainesville, Clara dijo a 285 South que teme por la vida de su esposo y que ha sido una situación extremadamente dolorosa de atravesar:
“Esto es algo muy serio. Es desgarrador para mí y para mis hijos. Es realmente doloroso.”
Desde que él fue detenido, ha sido una pesadilla, señaló Clara, porque solían pasar mucho tiempo juntos en familia.
“Mis hijos y yo estamos asustados,” afirmó.
El Tribuno del Pueblo le trae artículos escritos por individuos y organizaciones, junto con nuestros propios reportajes. Los artículos firmados reflejan los puntos de vista de las y los autores. Los artículos sin firmar reflejan los puntos de vista del consejo editorial. Por favor, dé crédito a la fuente al compartir: tribunodelpueblo.org. Todos somos voluntarios, sin personal remunerado. Haga una donación en http: //tribunodelpueblo.org/ para seguir ofreciéndoles las voces del movimiento porque ningún ser humano es ilegal.
