César, un graduado universitario y representante de servicios humanos, ahora vende comida en las calles de Los Ángeles. En el pasado ha renovado su DACA ocho veces, pero actualmente está desempleado debido a que no ha recibido su permiso de trabajo por retrasos en el procesamiento de solicitudes. Según USCIS, el tiempo promedio de espera para procesar solicitudes de DACA y permisos de trabajo es ahora de 70 días. Sin embargo, muchas personas han experimentado demoras inusualmente largas a pesar de haber presentado sus solicitudes cuatro meses antes de que expiraran sus permisos de trabajo. Aunque no existe una explicación clara sobre la causa de estos retrasos, el portavoz de USCIS, Zach Kahler, declaró que “bajo el liderazgo del presidente Trump, USCIS está protegiendo al pueblo estadounidense mediante una evaluación y verificación más exhaustiva de todos los extranjeros”. No obstante, quienes apoyan DACA argumentan que esta es una táctica de la administración Trump para empujar a las personas hacia un estatus migratorio irregular sin eliminar abiertamente el programa.
Desde que Trump asumió la presidencia en 2025, ha aumentado el número de estadounidenses que apoyan una vía hacia la ciudadanía para los beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), también conocidos como “Dreamers” o soñadores. Para calificar para DACA, los inmigrantes debían tener 31 años o menos al 15 de junio de 2012, haber llegado a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y no haber sido condenados por un delito grave, un delito menor significativo ni tres o más delitos menores. Los beneficiarios de DACA también deben estar inscritos en la escuela secundaria o haberse graduado, y haber estado físicamente presentes en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2012 al momento de presentar su solicitud. Una vez elegibles, los inmigrantes deben pagar 555 dólares cada dos años para mantener la protección del programa. Sin embargo, debido a recientes cambios de políticas y decisiones judiciales, el temor está creciendo dentro de la comunidad DACA sobre si realmente están protegidos contra la deportación.
Estos retrasos en el procesamiento están perjudicando a las comunidades, ya que los beneficiarios de DACA son partes fundamentales de ellas. Muchos se han graduado de la universidad y trabajan en sectores profesionales como la atención médica, las fuerzas del orden y otras industrias esenciales. Muchos especulan que estos retrasos están ocurriendo de manera intencional para debilitar el programa DACA. Sarah Krieger, exfuncionaria de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, afirmó que desactivar el sistema automatizado que anteriormente procesaba los casos de DACA “…no aumenta la seguridad nacional. Lo único que hace es ralentizar el proceso”. Organizaciones como CHIRLA (Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes) han denunciado las acciones de la administración Trump, afirmando que las tácticas de retraso y los arrestos se están utilizando deliberadamente para obstaculizar la renovación de estas protecciones.
Además de estos retrasos, que afectan tanto los medios de vida de los beneficiarios de DACA como las comunidades donde viven, una reciente decisión judicial ha facilitado la deportación de personas con estatus DACA. Publicada por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), la decisión establece que tener DACA es un “ejercicio de discreción”, lo que significa que un juez puede utilizar su criterio para determinar si corresponde poner fin a la protección, evaluando los “factores positivos frente a los factores adversos”. Esta decisión surgió después de que un panel de tres jueces de apelación de inmigración diera la razón al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que había apelado una decisión de cerrar el caso de la beneficiaria de DACA Catalina “Xóchitl” Santiago.
Juliana Macedo do Nascimento, subdirectora de Incidencia y Campañas de United We Dream, declaró:
“Esta decisión es otro paso más en el desmantelamiento del programa… Es una eliminación silenciosa de protecciones, y nuestras comunidades están pagando el precio en tiempo real”.
Karla Toledo, beneficiaria de DACA de Arizona, fue sacada a la fuerza de su hogar y detenida, a pesar de no tener antecedentes penales. También apoyaba a su comunidad y colaboraba con organizaciones sin fines de lucro locales. Los beneficiarios de DACA están aquí para contribuir al crecimiento y bienestar de Estados Unidos, pero muchos ahora viven con incertidumbre sobre su estatus migratorio. Esta incertidumbre se debe tanto a los retrasos en el procesamiento como a la reciente decisión judicial. ICE continúa deteniendo a beneficiarios de DACA, y diversas investigaciones encontraron que, durante los primeros nueve meses de la presidencia de Trump, más de 174 personas que estaban renovando su estatus fueron deportadas.
Aunque aún no está claro si quienes tienen casos activos corren riesgo de ser deportados, quienes están renovando su DACA enfrentan dos grandes temores: ver sus vidas suspendidas indefinidamente y enfrentar el riesgo de deportación.
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