En agosto, 814 personas fueron detenidas diariamente por la Patrulla Fronteriza del sector de El Paso. Al cerrar el mes de septiembre, incrementó a 1,272 detenciones diarias. De manera paralela, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció a través del Departamento de Seguridad Nacional, la renovación y ampliación del Estatus de Protección Temporal, dirigido a 472,000 personas originarias de Venezuela. En notas periodísticas, la constante fue documentar largas líneas de mujeres, niñas, niños y varones en movilidad en campamentos provisionales a la altura del acceso 36 del muro fronterizo, custodiado por la Guardia Nacional Texana.
Cierto es que el gobierno de Estados Unidos anunció dichos permisos, con lo que indudablemente, renovaba nuevas esperanzas en quienes han recorrido largos trayectos en búsqueda de una oportunidad para vivir con certezas. ¿El truco? El Estatus de Protección Temporal sería una posibilidad tan solo para quienes habían residido de manera ininterrumpida hasta el 31 de julio del presente al interior del país. Esto no fue limitante para que poco más de 25 mil personas fueran interceptadas durante septiembre por la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos y disuadidas por distintas fuerzas armadas en el lado mexicano del Río Bravo.
En todo momento, las autoridades norteamericanas han insistido en que la única forma de ingresar al país y solicitar protección, es a través de la aplicación CBP One, siendo aplicado el Título 8 para quienes ingresen de manera irregular. Sin embargo, a lo largo de doce meses -contabilizando a partir de octubre 2022-, son ellas mismas quienes han abierto accesos informales a lo largo del muro fronterizo, donde, a cuenta gotas, personas refugiadas vislumbran una posibilidad adicional al registro de CBP One, misma que continúa presentando dificultades a quienes intentan por todos los medios obtener una cita. Imágenes de familias atrapadas a la mitad del río son una constante. Retenidas entre alambre de púas, armas largas y diversos uniformes, resisten.
El 28 de septiembre, el periódico local con mayor alcance, anunciaba la llegada a Ciudad Juárez de 2,500 personas a bordo del tren de carga, Ferromex, propiedad de Grupo México, y, cientos más, varadas en Tabalaopa, Chihuahua, esperando que el ferrocarril continuara su marcha, en medio del desierto, custodiadas por elementos del Instituto Nacional de Migración, quienes intentaban disuadirles de permanecer a bordo de los vagones, argumentando su seguridad y la imposibilidad de ser recibidos por el gobierno norteamericano.
En pocos casos obtuvieron el resultado que esperaban: limitar el libre tránsito de manera voluntaria. Del 18 de septiembre al 3 de octubre, 27,066 personas fueron disuadidas de permanecer en la superficie del ferrocarril, según datos del propio Instituto Nacional de Migración.
Una semana antes de este suceso, Grupo México circuló un comunicado donde anunciaba la suspensión de la marcha de 60 trenes que atraviesan distintas ciudades en el sur, centro y norte del país. La considerable cantidad de personas acumuladas en los patios de la corporación ferroviaria -cerca de 1,500 individuosen Torreón, Coahuila, alarmaba a los empresarios. La causa referida: la integridad de quienes viajan en los techos de los vagones, ya que enfrentaban riesgos como caídas y mutilaciones.
A pocos días del comunicado, las personas continuaban llegando por este medio, con la única variación de ser interceptados por elementos migratorios y policiacos armados, viajando a marcha lenta, siendo varados por horas en el desierto de Chihuahua bajo argumento de fallas mecánicas. Llegar a Ciudad Juárez desde la capital del estado, se convirtió en una osadía de casi 18 horas, trayecto que regularmente se realiza en cuatro horas a bordo de un automóvil.
Todas estas imágenes relatadas son producto de una coordinación excepcional entre el Instituto Nacional de Migración (INM), a través del comisionado Francisco Garduño Yáñez -vinculado a proceso penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, que derivó en la muerte de 40 personas detenidas en la estación provisional de Ciudad Juárez el 27 de marzo-, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, Isaac Franklin, representante de Ferromex y el comisionado de CBP, Troy A. Miller.
Si alguien se pregunta qué está pasando en la frontera de Ciudad Juárez-El Paso, encontrará respuestas en esta reunión. Al menos quince acciones fueron acordadas por las partes integrantes de la reunión, donde resalta la estrecha colaboración que estarán teniendo las dependencias migratorias de México y Estados Unidos; se ha comprometido un reporte diario entregado a las autoridades del Sector del Paso, por parte del Instituto Nacional de Migración, donde será referido que el tren de carga ha salido sin personas desde Torreón, Coahuila.
Además, se realizarán las gestiones necesarias para retornar personas a países de origen (Cuba, Brasil, Venezuela, Colombia y Nicaragua), toda vez que sean entregadas desde algún puente fronterizo al INM. En todo momento, se refiere la tutoría de los vecinos estadounidenses para interceptar a la población en movilidad a bordo de trenes, aeropuertos y prácticamente cualquier camino por el que puedan transitar.
Un punto clave también acordado, es la instauración de un albergue destinado a familias en movilidad. Si bien esto fue planteado durante la reunión, no es novedoso, pues en repetidas ocasiones, el presidente municipal de Ciudad Juárez ha hecho referencia al mismo, dando por lo menos tres ubicaciones distintas, en un proceso por demás dudoso. Inicialmente, se refirió sería ubicado en el norponiente de la localidad, zona conocida por los altos índices de participación de grupos criminales en la trata de personas. Posteriormente, se revaloró y destinó un terreno municipal, ubicado al suroriente.
Lamentablemente, cada acción y palabra generadora de estigmas contra la población en movilidad, repetida hasta el cansancio por medios de comunicación, empresarios, gobiernos municipal y estatal, tuvieron sus consecuencias: vecinos del sector protestaron contra el albergue, haciendo alusión al posible incremento de delitos cometidos por la población migrante, aun sin contar con pruebas sobre la participación de los mismos. Simplemente, el estigma mostró sus dañados frutos.
Tras dialogar de manera directa con vecinos del sector, no se llegó a algún acuerdo favorable, teniendo que recurrir a otro espacio para la instalación del albergue temporal. Nuevamente, el municipio levantó un campamento temporal en una zona con dictamen de inundación, donde, en meses pasados funcionó con opacidad un campamento similar.
La colaboración para la atención del mismo se realizará entre el municipio y la federación, ahora, según han referido, con cambios sustanciales, aprendidos durante la primera gestión, a saber, la instalación de duchas portátiles al interior de las carpas. En meses anteriores, esta posibilidad no existía, teniendo que recurrir al aseo personal con agua tratada, en la vía pública. Por desgracia, el uso de la policía municipal en los perímetros del espacio, continúa. Pareciese que ejercer los propios derechos, depende totalmente del momento político que se esté experimentando.
Aún quedan dudas sobre la operación del albergue, pues nuevamente el alcalde Cruz Pérez Cuellar ha referido que el espacio permanente, será ubicado en el norponiente, esta vez únicamente para mujeres en movilidad. Preocupan los malabares que se hacen con la vida de las personas, por aquellos que deberían protegerles.
Ojalá hubiese buenas noticias de este lado de la frontera; ojalá que las imágenes que rondan en los medios locales, nacionales y mundiales, fuesen falsas, sensacionalistas. Lamentablemente, es la cruda realidad que miles de personas refugiadas se ven obligadas a vivir ante la insensibilidad de autoridades y empresarios que únicamente observan pérdidas económicas.
En una ciudad donde tan solo en nueve días se acumularon 45 homicidios, las personas en movilidad, son las más vulnerables: recientemente un grupo de personas originarias de Guatemala, fueron atacadas a balazos por elementos del ejército, según fue referido por distintos medios de comunicación y por las propias víctimas. Dos personas asesinadas, cuatro lesionados, ningún detenido.
Cuando todo parece caótico, la única opción es arriesgar la única oportunidad de solicitar protección internacional a través de un acceso abierto, sin embargo, las respuestas solo son ambiguas, en el mejor de los casos. Finalizo esta entrega, esperando con esperanza, que la situación mejore para quienes, al día de hoy, se encuentran varados en una frontera incierta.
Diana Solís Labrado Derechos Humanos Integrales en Acción, AC. Incidencia, análisis e investigación
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