El 11 de enero, por orden del fiscal general salvadoreño, la policía detuvo a cinco destacados defensores del agua en el norte de El Salvador: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega.
Los cinco están acusados por la Fiscalía General de El Salvador de un presunto asesinato cometido hace más de 30 años, durante la brutal guerra civil de El Salvador que se cobró la vida de 75.000 personas. Las víctimas de los crímenes de aquella guerra, en la que una dictadura respaldada por Estados Unidos y escuadrones de la muerte de extrema derecha mataron a decenas de miles de personas, llevan décadas pidiendo justicia. Sin embargo, el gobierno actual ha optado por mantener activamente décadas de impunidad. En lugar de investigar o procesar a los responsables de las decenas de casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que miembros del ejército salvadoreño cometieron contra la comunidad de Santa Marta (incluidos los asesinatos de la masacre del río Lempa en 1980, en la que 30 personas fueron asesinadas y 189 desaparecieron), el gobierno está ahora revictimizando a la comunidad al apuntar contra sus líderes, que se han manifestado abiertamente en contra de las políticas del gobierno actual. Esto plantea aún más interrogantes sobre si la verdadera motivación del Fiscal General es intentar silenciar a estos Defensores del Agua, especialmente a la luz de la cruzada de la actual administración para criminalizar, perseguir y desmovilizar a sus oponentes políticos.
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