Nota del editor: El siguiente artículo fue publicado originalmente por Documented, un medio de noticias independiente y sin fines de lucro dedicado a informar con y para las comunidades inmigrantes en la ciudad de Nueva York. El artículo original puede consultarse aquí. Fue escrito originalmente por Dara Lind el 23 de octubre de 2026.
Los no ciudadanos casi nunca votan ilegalmente. Pero la campaña de Trump para erradicar esta práctica podría tener un efecto disuasorio en los votantes elegibles y penalizar errores inocentes.
Por una vez en la historia de esta columna, voy a hacer exactamente lo que Donald Trump quiere: hablar sobre el voto de los no ciudadanos.
Ojalá no tuviera que darle importancia a este tema. Todos sabemos que el hecho de que personas no ciudadanas voten ilegalmente en elecciones estatales y federales es un fenómeno casi completamente ficticio. Incluso la Heritage Foundation, en un análisis que muestra lo grave que es el problema, ha logrado identificar solo ochenta y nueve casos desde el año 2000 en las que se confirmó que personas no ciudadanas habían votado en las elecciones presidenciales. (Para ser claros, esto equivale a un promedio de 12 o 13 votos en cada una de las últimas siete elecciones presidenciales).
Este año, el gobierno federal ha invertido recursos sin precedentes en tratar de identificar casos en los que personas no ciudadanas están registradas para votar o que han votado en el pasado. Durante el verano, los fiscales fueron movilizados en masa a investigaciones de fraude electoral, que han generado unas pocas docenas de casos hasta ahora donde las personas han sido acusadas de delitos. Más recientemente, los agentes de ICE no solo han preguntando a los inmigrantes detenidos si votaron como no ciudadanos, pero en varios estados literalmente han estado yendo de puerta en puerta para “cazar a votantes no ciudadanos”— preguntarle a las personas si son ciudadanos estadounidenses y si votaron en elecciones pasadas. (Esa táctica ha sido declarada ilegal por un juez federal (aunque se espera que la administración Trump apele).
Pero tanto el fenómeno real del voto de personas no ciudadanas como la campaña de desprestigio que ha emprendido la administración Trump para hacer que este asunto parezca importante, terminan en el mismo lugar: aunque existe una clara distinción legal entre ciudadanía y no ciudadanía, y aunque votar es uno de los pocos privilegios reservados para los ciudadanos estadounidenses (de hecho, probablemente sea lo único que la mayoría de la gente sabe sobre la diferencia entre un ciudadano estadounidense y un residente permanente), en la práctica es muy fácil confundir a las personas que tienen derecho a votar con las que no son legalmente elegibles.
Hablaremos de esto en un momento.
Un apunte para los neoyorquinos: recordarán que en 2021, el Ayuntamiento de Nueva York aprobó una ley que habría permitido a los no ciudadanos votar en elecciones locales. Esa ley fue bloqueada por los tribunales antes de que entrara en vigor, y finalmente se determinó en 2025 que era una violación de la constitución estatal. La ley federal prohíbe estrictamente que los no ciudadanos voten en las elecciones presidenciales o congresionales, pero específicamente no se aplican a las elecciones locales, dejando que las ciudades y los estados decidan si quieren permitir que los no ciudadanos voten para cargos locales.
Incluso cuando los no ciudadanos logran registrarse y emitir su voto, casi siempre resulta ser el resultado de un error, en lugar de un intento deliberado de introducir un voto ilegal de forma clandestina.
Volviendo a cómo ocurren las confusiones: En casi todos los casos de votos confirmados ser de no ciudadanos el votante era residente permanente legal y creía —o incluso le habían dicho— que su estatus le daba derecho a votar en las elecciones. Esto sigue siendo una violación de la ley federal que prohíbe a los no ciudadanos votar en elecciones presidenciales o legislativas. Sin embargo, no constituye una violación de las leyes federales que penalizan el registro fraudulento, por ejemplo, porque dichas leyes exigen que se proporcione información falsa a sabiendas a un funcionario electoral para poder votar.
De manera similar, muchas leyes estatales sobre votación penalizan el voto de los no ciudadanos solo cuando el votante sabe que es inelegible pero miente al respecto. La cuestión de qué estándar exige la ley para saber que se está cometiendo una infracción es bastante común en el derecho penal y, a menudo, requiere analizar minuciosamente cada palabra del texto de una ley. En Alaska, por ejemplo, es un delito menor estatal dar información falsa a un funcionario electoral a sabiendas, pero es un delito grave falsear intencionalmente la ciudadanía para votar.
Esto no es una hipótesis bonita de la facultad de derecho. Es una distinción muy real en el centro de un caso que ha sido disputado en los tribunales de Alaska este año, después de que los fiscales estatales acusaron a once personas. Se les acusa de mala conducta electoral grave por votar siendo no ciudadanos. Los once son samoanos americanos, lo que los convierte en estadounidenses por nacionalidad, pero no por ciudadanía; sin embargo, todos han sostenido que se les informó que, como estadounidenses, tenían derecho a votar. Una de ellas incluso se postuló y fue elegida para la junta escolar local, lo que inicialmente llamó la atención de las autoridades estatales sobre los casos, ya que en Alaska los no ciudadanos tampoco pueden ocupar cargos públicos.
Alaska, al igual que otros estados, tiene un programa de “votación en el automóvil” que permite a las personas registrarse para votar mientras solicitan o renuevan sus licencias de conducir. Irónicamente, el gobierno federal requiere que los estados ofrescan programas de registro de votantes en el automóvil, aunque la facilidad para registrarse varía según el estado. Por ejemplo, en algunos estados, es posible que deba marcar una casilla para registrarse para votar; en otros estados, el registro es automático a menos que debes marcar una casilla para optar por no participar.
En teoría, estos programas solo deberían registrar a personas que realmente tienen derecho a votar. Pero los errores ocurren. El periódico Alaska Beacon ha identificado docenas de casos en los que personas no ciudadanas fueron añadidas accidentalmente al censo electoral. En un caso una pareja había obtenido la aprobación para la naturalización, pero su ceremonia de ciudadanía fue cancelada cuando el gobierno federal descubrió que habían sido registrados accidentalmente para votar, a pesar de que nunca habían votado, y canceló su registro tan pronto como se enteraron de que no eran elegibles.
En el caso de los samoanos, los fiscales estatales argumentaron que el término “intencionalmente” en el delito grave significaba lo mismo que “a sabiendas” en el delito menor. Sin embargo, los abogados de los acusados —y, en última instancia, el tribunal de apelaciones estatal— sostuvieron lo contrario: que, de hecho, es necesario ser consciente de que se está cometiendo fraude para actuar “intencionalmente”. Los jueces de apelación consideraron que la alternativa sería criminalizar a las personas por errores inocentes.
Como con cualquier ley, existen preguntas razonables sobre dónde encontrar el equilibrio entre la permisividad y la severidad. ¿Está bien penalizar a las personas por errores inocentes, con la esperanza de que todos los demás sean más cuidadosos en el futuro para evitar ser procesados? ¿O es peor que los no ciudadanos crean que son elegibles para votar, o que los ciudadanos recientemente naturalizados (por ejemplo) crean que son elegibles? ¿no?
Pero esa no es, ni mucho menos, la forma en que la administración Trump está presentando el asunto.
Desde que cubro temas de inmigración, en cada ciclo electoral han circulado rumores de la derecha sobre personas que llegan en autobús desde México para votar, sobre votación ilegal generalizada en California, etc. Esto viene de antes de Trump. Pero después de que perdiera las elecciones de 2020, parece haberse convertido en la obsesión personal de Trump, y como hemos visto con todo, desde los ataques a la comunidad somalí de Minnesota hasta el salón de baile presidencial, las obsesiones personales del presidente suelen recibir una gran cantidad de dinero y personal.
Por eso, incluso con todo el poder del gobierno federal respaldando, resulta particularmente llamativo que aún no puedan identificar con mucha precisión quiénes son estos supuestos votantes no elegibles.
A principios de este mes, el Departamento de Justicia demandó a California para intentan obligar al estado a apartar las papeletas emitidas por cualquier persona que figure en una lista de personas que, según creen, podrían ser no ciudadanas inscritas para votar —una lista de aproximadamente 100,000 nombres— hasta que el gobierno pueda verificar su ciudadanía. Sin embargo, en sus documentos judiciales, el Departamento de Justicia afirma que sería poco realista esperar que verifiquen todos esos nombres antes del día de las elecciones.
La incómoda realidad es que no existe una única fuente de datos fiable que refleje con exactitud quién tiene derecho a votar y quién no. Los registros pueden especificar si una persona nació en Estados Unidos o no, lo que incluye a los ciudadanos naturalizados junto con los no ciudadanos. Del mismo modo, cuando alguien se naturaliza, puede que las bases de datos pertinentes tarden en actualizarse para reflejarlo.
Los interrogatorios puerta a puerta sobre el voto son, por supuesto, aún menos efectivos y una pérdida de tiempo y personal aún más evidente. (A veces, resulta tentador concluir que el Congreso ha dado a ICE y CBP más dinero del que saben qué hacer con él, y que a veces simplemente están tratando de gastar sus presupuestos. Pero me desvío del tema). Al seleccionar a qué vecindarios ir, la administración, por supuesto, está enviando un mensaje claro sobre qué tipo de personas cree no pueden votar legítimamente. Y en un entorno en el que incluso ciudadanos estadounidenses están siendo arrestados por agentes de ICE. No es descabellado pensar que algunos ciudadanos tengan miedo de presentarse el día de las elecciones por temor a “parecer ilegales” al votar.
Podrías concluir que la intimidación es, en realidad, el verdadero propósito de toda la retórica belicista del gobierno. O podrías concluir que se trata de un gobierno aferrado a un mito que se han repetido tantas veces que ahora lo creen de verdad. Pero, como siempre, la intención del gobierno es, en cierto modo, irrelevante. Tanto si se trata de intimidar a los votantes “intencionalmente” como si simplemente se trata de cometer errores inocentes que asustan a la gente y la hacen quedarse en casa, los votos siguen sin emitirse de todos modos.
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