Nota del editor: El siguiente artículo ha sido escrito por el Dr. Salvador Sandoval, máster en Salud Pública y miembro del consejo editorial de Tribuno.
Un reciente informe de KFF (25 de marzo de 2026) titulado «Muertes y problemas de atención médica en los centros de detención de ICE bajo la segunda administración Trump» presenta una imagen impactante y aterradora de la realidad que enfrentan los inmigrantes arrestados, víctimas de la maquinaria de arresto y deportación de Trump y Stephen Miller. Esto ha motivado investigaciones por parte de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos y funcionarios electos.
Por ejemplo, en una reciente entrevista grabada en video, Filiberto (nombre ficticio), un detenido recientemente liberado, describió el hacinamiento y la falta de atención médica, artículos de higiene personal, agua potable decente y nutrición adecuada, así como riesgos para la salud respiratoria y cutánea, como el aislamiento expuesto y el moho en el centro de detención de Otay Mesa, cerca de San Diego, California. En una publicación reciente de Instagram, la congresista de Arizona, Adelita Grijalva, y otros dos legisladores realizaron una visita no anunciada al centro de detención de Surprise, Arizona, donde las personas con problemas médicos fueron ignoradas o atendidas con gran demora.
Hasta mediados de abril de este año, se han documentado 17 muertes bajo custodia del ICE, en comparación con las 33 registradas en 2025. En todo el año 2024, hubieron 11 muertes–antes de las redadas y arrestos masivos de la administración Trump. Esto representa una tasa de mortalidad entre 10 y 80 veces mayor para los detenidos que para los inmigrantes detenidos en Europa, donde la mayoría de las muertes ocurren en la frontera o en el mar Mediterráneo. En febrero, el inmigrante haitiano Emmanuel Damas falleció por complicaciones derivadas de una infección dental en un centro de detención estadounidense, luego de que se ignoraran sus súplicas por asistencia médica. Entre las muertes también se incluye un probable homicidio en El Paso, Texas:
«La Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso, en Texas, dictaminó que una muerte ocurrida en enero de 2026 fue un homicidio debido a las acciones de los agentes del orden, mientras que el ICE la reportó como un suicidio».
Niños y mujeres embarazadas están siendo detenidos en grandes cantidades y retenidos en condiciones que son mucho peores que los estándares internacionales, establecidos por las Naciones Unidas, poniendo en riesgo la salud física y emocional de las víctimas y sus familias a largo plazo.
Es preocupante que, de repente y sin previo aviso, surjan centros de detención en almacenes abandonados adquiridos ilegalmente por todo el país. En McFarland, una localidad rural del Valle de San Joaquín, California, los vecinos están indignados por la reciente adquisición secreta de una prisión abandonada en su comunidad. Esta situación se repite en todo el país y, en muchos casos, se combate con éxito.
De por sí, las prisiones y cárceles estadounidenses para la población general ofrecen una atención médica deficiente a los reclusos, aunque al menos están sujetos a inspecciones sanitarias y ambientales, generalmente una vez al año, así como a investigaciones del gran jurado cuando se denuncian problemas. Sin embargo, a menudo no siguen las recomendaciones de estas agencias, dato adquirido por información personal.
Al menos, los reclusos tienen acceso a programas médicos públicos, algo que no ocurre con los inmigrantes detenidos en los centros de detención. En los centros de detención de inmigrantes, la supervisión es menor debido al hacinamiento. Como consecuencia, las condiciones de seguridad y salud, así como la calidad de los alimentos y el agua, se ven afectadas. Además, el secretismo en torno a la ubicación de los presos y la dificultad que enfrentan sus familiares para visitarlos, incluso por teléfono, agravan el problema. La situación propicia el abuso, la crueldad y la negligencia, ya que los guardias y el personal penitenciario saben que las posibilidades de ser sancionados son mínimas. Un alto porcentaje de los centros de detención son privados (se estima que más del 90%). Las instalaciones privadas obtienen sus ganancias minimizando la atención a los detenidos y hacinándolos, como afirmó la congresista Grijalva.
La industria penitenciaria privada ya contaba con una financiación considerable de 2.400 millones de dólares en 2025. La ampliación del presupuesto del ICE, de 45.000 millones de dólares, creó un mercado enorme para contratistas privados. Este dinero provino de la aprobación de la HR1, la gran ley de Trump, que se aprobó a costa de que 10 millones de residentes estadounidenses perdieran sus beneficios de salud y muchos otros, los beneficios del programa de asistencia alimentaria SNAP.
- Para empeorar las cosas, las cárceles privadas no están en condiciones de brindar atención médica adecuada, incluso si quisieran. La mayoría de las muertes ocurren en instalaciones privadas.
- Una revisión médica independiente (ACLU/PHR) encontró diagnósticos erróneos generalizados, retrasos en el tratamiento y emergencias mal atendidas en los centros de detención de ICE, con una fuerte presencia de instalaciones privadas. Médicos por los Derechos Humanos – PHR
- Se reportan casos de personas que se consumen lentamente, a quienes se les niega atención médica y que enfrentan huelgas de hambre por falta de alimentos y negligencia médica (por ejemplo, en el Centro de Procesamiento de North Lake de GEO). Borderless Magazine, WKRG
- La pérdida del contrato de reclamaciones médicas de ICE con el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) ha dejado a los detenidos de ICE sin un sistema funcional para pagar la atención médica externa, lo que provoca retrasos generalizados en la administración de medicamentos, tratamientos especializados y derivaciones a otros centros.
A medida que se acerca el 10 de diciembre, aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (UNDHR, por siglas en inglés), debemos resistir la deshumanización de los inmigrantes y las personas que sufren discriminación….su mercantilización como prisioneros con fines de lucro privado, porque sabemos que la violencia y la crueldad no terminarán ahí. Hace más de 80 años, tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial y la muerte y destrucción que sufrieron millones de personas —incluyendo inmigrantes y víctimas de los campos de concentración—, Estados Unidos firmó este documento; sin embargo, este no es jurídicamente vinculante. Estados Unidos ni siquiera cuenta con un sistema nacional de salud como el de los países europeos, lo cual condena a millones de ciudadanos estadounidenses —por no hablar de los inmigrantes detenidos— a sufrir riesgos para su salud y a una muerte prematura.
A medida que se acerca el aniversario del 10 de diciembre, debemos tener presente un complemento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH): la exigencia de rendición de cuentas a los autores de crímenes de lesa humanidad. En aquel entonces, los Juicios de Núremberg encarcelaron o condenaron a muerte a muchos de los peores criminales. Debemos aprender de la historia y detener sus acciones antes de que la situación empeore. Esto implica votar para destituir a representantes de sus cargos; realizar protestas bajo el lema «NIMBY» («Not In My Backyard) —o «en cualquier otro lugar»— contra la construcción de nuevos centros de detención; brindar ayuda mutua y respuesta rápida; elegir a candidatos que luchen por todos nosotros y —sí— incluso llevar la lucha hasta las Naciones Unidas.
Salvador Sandoval, MD, MPH; médico de familia y exfuncionario de salud pública en Merced, California.
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