Nota del editor: El siguiente artículo fue publicado originalmente por Stephen Prager de Common Dreams el 12 de julio de 2025.
“Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, a todos se les garantizan derechos constitucionales para protegerlos de detenciones ilegales”, dijo un abogado de la ACLU del Sur de California.
Un juez federal de Los Ángeles ha ordenado a la administración Trump que debe detener las redadas indiscriminadas contra inmigrantes en la ciudad y sus alrededores, alegando el uso de “tácticas inconstitucionales”, como la discriminación racial y la negación del derecho a un abogado.
La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California escribió que hay una “montaña de evidencia” de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otros agentes federales están “deteniendo indiscriminadamente a numerosos individuos sin sospecha razonable” en violación de la Cuarta Enmienda durante sus “patrullas itinerantes” en la región.
Emitió dos órdenes de restricción temporales contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Una prohíbe a los agentes perseguir a personas por su raza o etnia; hablar español o inglés con acento; presencia en lugares específicos como paradas de autobús, lavaderos de autos o sitios agrícolas; o tipo de empleo. La segunda exige que el DHS proporcione acceso a abogados a las personas arrestadas.
El caso fue presentado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones legales locales en nombre de cinco demandantes que dijeron que sus derechos fueron violados por agentes de inmigración.
Según la denuncia:
Las redadas en este distrito siguen un patrón común y sistemático. Agentes federales no identificados se acercan o apartan a individuos de piel morena, de repente y con una demostración de fuerza, y los obligan a responder preguntas sobre quiénes son y de dónde vienen. Si dudan, intentan irse o no responden a las preguntas a satisfacción de los agentes, son detenidos, a veces abordados, esposados o puestos bajo custodia.
En estas interacciones, los agentes generalmente no tienen información previa sobre la persona ni alguna orden judicial. Si los agentes realizan un arresto, en contrario a la ley federal, no determinan si la persona representa un riesgo de fuga antes de obtener la orden judicial. Asimismo, en contrario a la ley federal, los agentes no se identifican ni explican el motivo del arresto.
Dos de los demandantes eran ciudadanos Estadounidenses.
Uno de ellos, con doble nacionalidad Estadounidense y Mexicana, afirmó haber sido interrogado y detenido por agentes no identificados en tres ocasiones distintas mientras trabajaba en un lavadero de autos en el condado de Orange. Los agentes insistieron en que su pasaporte era falso y le preguntaron repetidamente si era estadounidense.
A otro ciudadano Estadounidense le dijeron que lo arrestaron porque “parecía un inmigrante ilegal”. Agentes con rifles y pistolas de estilo militar le preguntaron repetidamente: “¿En qué hospital nació?”. Al no poder responder, un oficial lo agarró y lo empujó contra una cerca metálica. Después de mostrarles su identificación Real ID, afirma que se la quitaron y nunca se la devolvieron.
“Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajan, todos tienen garantizados derechos constitucionales para protegerlos de detenciones ilegales”, dijo Mohammad Tajsar, abogado senior de la Fundación ACLU del Sur de California.
“Si bien no hace falta un juez federal para reconocer que bandas de matones enmascarados y armados con rifles han estado violando los derechos de la gente común en todo el sur de California, esperamos que el fallo de hoy sea un paso hacia la rendición de cuentas por la flagrante ilegalidad del gobierno federal que todos hemos presenciado”, añadió.
Desde principios de Junio, el sur de California ha sido el epicentro de la campaña de “deportación masiva” de la administración Trump, con miles de inmigrantes detenidos, a menudo por agentes enmascarados y no identificados, en redadas generalizadas que han traumatizado a las comunidades Latinas en todo el estado.
A pesar de que la administración hizo públicos los arrestos de criminales violentos, la gran mayoría de los arrestados no tenían antecedentes penales. Más de 1,500 personas han desaparecido, dijo la ACLU la semana pasada, “para cumplir con las cuotas de arrestos arbitrarios establecidos por la administración Trump”.
“Nuestros seres queridos, amigos y vecinos no tuvieron el debido proceso, el acceso a un abogado, la dignidad ni el respeto mientras ICE arrasaba a nuestra comunidad en su obsesiva búsqueda de cuotas por motivos raciales”, declaró Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA). “Nadie está por encima de la ley, y la decisión de hoy reafirma que el presidente Trump y todo su aparato de control migratorio deben acatar la Constitución”.
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