Esta historia fue producida en colaboración con URL Media y publicada originalmente por NAHJ: palabra.
Durante tanto tiempo, se ha esperado que la gente del sur de Texas sacrifique sus comunidades por un aparato de seguridad fronteriza. Drones, helicópteros y agentes han saturado ciudades y pueblos donde los residentes se han quedado sin seguro médico y envían a sus hijos a escuelas con fondos insuficientes. Fue este aparato el que respondió a fines de mayo cuando un tirador irrumpió en un salón de clases de la escuela primaria en Uvalde, matando a niñas y niños, 19 en total, y dos maestras.
Cientos de policías estatales, agentes federales de inmigración, ayudantes del alguacil, alguaciles de los EE. UU. y policías locales llegaron rápidamente a un pueblo de 15,000 habitantes, ubicado entre ranchos a 80 millas al suroeste de San Antonio y a 60 millas de la frontera con México. Esa rápida afluencia reflejó la profunda penetración del aparato de seguridad fronteriza en la región. Y fueron los miembros de ese aparato, un equipo táctico que incluía a agentes de la Patrulla Fronteriza, a los que el gobernador Greg Abbott y el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, atribuyeron la entrada aun salón de clases matando al pistolero.
Pero en medio de la especulación pública sobre las causas que pudieron haber motivado a un joven a matar a niños de tercero y cuarto grado, ese aparato casi no se mencionó. Abbott y McCraw, cuya agencia está a cargo de la investigación de la masacre, abordaron temas familiares: enfermedades mentales, videojuegos, intimidación. La especulación se transformó rápidamente en un propósito, y Abbott pronto convocó una sesión legislativa especial encargada de elaborar “recomendaciones sobre seguridad escolar, salud mental, redes sociales, capacitación policial, seguridad con armas de fuego y más”, validando implícitamente ciertos factores y rechazando cuestiones que los republicanos evitan, específicamente: el control de armas.
Funcionarios electos indignados y un público horrorizado de todo el espectro ideológico argumentaron que las leyes laxas sobre armas facilitaban más la adquisición de un AR-15 que registrarse para votar. Horas después de la masacre, un angustiado presidente Joe Biden preguntó en un discurso nacional: “Otra masacre. Uvalde, Texas… Y cuántas decenas de niños presenciaron lo que ocurrio, ver morir a sus amigos como si estuvieran en un campo de batalla, por el amor de Dios”.
Pero la masacre de Uvalde ocurrió en una zona de guerra de facto existente. El aparato de seguridad fronteriza creado por funcionarios electos—republicanos y demócratas—ha convertido a las comunidades del sur de Texas en un teatro real y simbólico, completo con agentes armados y armas pesadas, para proyectar una imagen de dureza y poder.
En la narrativa especulativa se ignoró la posibilidad de que un aparato de seguridad fronteriza creado por funcionarios estatales y federales, impulsado por la supremacía blanca y la virulencia política, que vende violencia y somete a migrantes a través de la región a condiciones inhumanas y brutales, puede haber creado un clima preparado para una monstruosa expresión de dureza y poder.
La perspectiva mundial violenta y la brutalidad impuesta en la región son evidentes para cualquiera que lea el periódico local, vea las noticias de televisión o mire por la ventana. El representante Tony Gonzales, (R-TX), quien representa a Uvalde, le dijo a Fox News en 2021: “La vida en la frontera es un infierno para nosotros”. Y tres días antes de la masacre, el alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, un invitado ocasional en la red, regresó a Fox News, repitiendo los temas de conversación republicanos sobre la migración. “La frontera está abierta de par en par”, dijo antes de afirmar sin fundamento que las personas migrantes causaron el aumento reciente en los casos de COVID-19.
Los políticos ya habían demostrado una perspectiva mundial violenta podría poner al sur de Texas en el mapa de los medios de comunicación nacionales. ¿De qué otra manera, sino con una narrativa de violencia, puede un congresista relativamente oscuro ganar un lugar en los noticieros nacionales? ¿De qué otra manera un alcalde de una ciudad de Texas de 15,000 habitantes atrae la atención de los medios?
El día anterior a la masacre, el gobernador Greg Abbott fue fotografiado a 60 millas de Uvalde, en la frontera de Eagle Pass, ostensiblemente mirando el alambre de púas que había ordenado desplegar a lo largo del Río Grande para promover una imagen de dureza y poder. Días antes, el tirador había hecho circular fotografías de sí mismo con sus armas estilo militar en las redes sociales, aparentemente para proyectar una imagen de dureza y poder.
Una “búsqueda de fama y notoriedad” se encuentra comúnmente entre los tiradores masivos, Jillian Peterson, coautora de The Violence Project: How to Stop a Mass Shooting Epidemic, le dijo a Politico después de la masacre de Uvalde. El camino hacia la creación de un tirador masivo, dijo, está marcado por el desprecio por uno mismo, la desesperanza y la desesperación, un odio hacia uno mismo que se torna hacia el exterior.
Que el pistolero fuera latino y que sus víctimas fueran en su mayoría niñas y niños latinos que asistían a una “escuela mexicana” históricamente segregada no refleja la ausencia de raza y racismo. Por el contrario, bien pudo haber sido la consecuencia de un aparato teñido de nativismo y racismo que alimenta el odio hacia uno mismo.
“Este (tiroteo) surge de la violencia que se ha infligido a la comunidad mexicoamericana del sur de Texas: la economía de la región los alienta (latinx) a ver a otros mexicanos étnicos como extranjeros, como sus enemigos, como no humanos, A. Naomi Paik, autora de “Bans, Walls, Raids, Sanctuary: Understanding U.S. Immigration for the 21st Century” y Ana Minian, profesora de historia en la Universidad de Stanford, dijeron en una declaración escrita conjunta.
En la zona de guerra construida alrededor de Uvalde, se alienta abiertamente la violencia y la inhumanidad. Más allá de Uvalde, en el condado de Kinney, la oficina del alguacil ha compartido publicaciones en línea que comparan a las personas que migran como presas de caza, según una denuncia federal de derechos civiles presentada por la American Civil Liberties Union of Texas (Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Texas) y Texas Civil Rights Project (el Proyecto de Derechos Civiles de Texas).
Los ganaderos locales y la policía estatal, según la denuncia, han trabajado en conjunto para someter a las personas migrantes, en su mayoría hombres latinos y negros que viajan por la región, a cargos criminales de allanamiento de morada bajo la última maniobra de seguridad fronteriza del gobernador, Operation Lone Star (la Operación Estrella Solitaria). Las imágenes de aquellas detenciones se convirtieron, en manos del gobernador, en trofeos para difundir en las redes sociales.
Al ser arrestados, los migrantes se ven envueltos en un sistema de justicia penal bizantino recientemente creado por el estado que una coalición de defensores federales describió en una carta al Departamento de Justicia de EE. UU. como un “sistema legal penal en la sombra” que opera en paralelo al sistema de justicia formal. Los informes de inhumanidad documentados en la denuncia de derechos civiles incluyeron abuso verbal, físico y racista y comida plagada de gusanos. El sur de Texas fue testigo habitual de un aparato de inhumanidad y crueldad disfrazado de aparato de inmigración y seguridad fronteriza.
El gobierno de Uvalde publicó una declaración jurada para que los ganaderos autoricen el arresto de migrantes en su propiedad después de que los funcionarios del condado firmaron la Operación Lone Star. A cambio de respaldar la iniciativa de Abbott, el condado de Uvalde, donde el ingreso familiar es de un promedio nacional de $45,000, recibió $3.3 millones para “seguridad fronteriza”, que se utilizó para podar árboles e instalar cables de Internet y otra infraestructura, según Leader News de Uvalde.
“Inmersos en una región en la que los gobiernos federal y estatal de Texas señalan a vigilar a personas latinas y migrantes”, escribieron Minian y Paik, “¿es sorprendente que (el tirador de Uvalde, Salvador Ramos) asumiera violencia por su cuenta, contra “los suyos”? ”
Históricamente, avergonzar y humillar a migrantes encaja dentro de la sórdida historia de Texas de denigrar la identidad y la cultura mexicoamericana con políticas que, por ejemplo, abusaron de los niños en edad escolar por hablar español. La Escuela Primaria Robb, el lugar de la masacre, fue un punto crucial en la resistencia local contra el gobierno de una minoría blanca que utilizó la aplicación de la ley y políticas para segregar y subyugar a los latinos y latinas. También fue el sitio de resistencia durante la era de los derechos civiles de los chicanos en la década de 1970.
Padres y estudiantes organizaron huelgas para denunciar el sistema escolar segregado del pueblo y la falta de representación política chicana. En ese entonces, un superintendente blanco supervisaba las escuelas “mexicanas”, incluyendo a Robb.
En 1980, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó al distrito escolar alegando discriminación racial y políticas que diluían el poder del voto de los mexicoamericanos. Los latinos constituían más del 50% de la población, pero las elecciones generales de la junta escolar se diseñaron para garantizar que ningún mexicoamericano obtuviera suficiente votos. La ciudad y las escuelas estaban profundamente segregadas, según la demanda federal, y “no respondían” a las necesidades de los mexicoamericanos.
Tres décadas después, en Uvalde, de mayoría latina, el alcalde, el superintendente escolar, el abogado de la ciudad y la mayor parte de la administración de la junta escolar son blancos. Cuando los residentes locales organizaron una protesta de Black Lives Matter hace dos años, el alcalde McLaughlin respondió imponiendo un toque de queda y el aparato de seguridad fronteriza intervino con el despliegue de un helicóptero de Aduanas y Protección Fronteriza para vigilar la protesta.
Los tentáculos del aparato de seguridad van mucho más allá de los objetivos oficiales de inmigración y vigilancia fronteriza. Se ha extendido casi 100 millas al norte a condados como Uvalde e involucra una vigilancia intensa de ciudadanos y no ciudadanos por igual. En algunos condados, es posible ver policías estatales en cada esquina de la calle o apostados a cada media milla a lo largo de las carreteras del sur de Texas.
Bajo la Operación Lone Star, se han desplegado al menos 1,000 policías estatales en todo el sur de Texas. La mayoría de los arrestos resultantes han estado relacionados con cargos de allanamiento de morada, tráfico de personas, y muchos otros relacionados con cargos que incluían carreras en la carretera y delitos menores relacionados con las drogas, incluido el arresto de un niño de 12 años por una pequeña cantidad de marijuana. Según los datos proporcionados por la policía estatal, en respuesta a una larga batalla de registros abiertos con la ayuda de las Clínicas de la Primera Enmienda de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell y la Universidad Metodista del Sur en Texas, la presencia de los soldados en Uvalde ha resultado en gran medida en arrestos por tráfico de personas y delitos de bajo nivel.
El funcionamiento del aparato no pasa desapercibido para los habitantes de Uvalde. Jesús Rodríguez le dijo a The New Yorker que los funcionarios ignoraron sus quejas sobre un vecino que durante la noche realizaba una juerga de tiros con su arma automática. “Hablé con el juez, hablé con el sheriff”, dijo Rodríguez a la revista. “La ley no hará nada. Están demasiado ocupados con ese acuerdo fronterizo”.
“Uvalde tiene más D.P.S. (por sus sigla en ingles) oficiales que en cualquier otro lugar”, agregó el residente Mark Bonnet, amigo de Rodríguez. “Siempre están persiguiendo a la gente por la calle. “Solía ser diferente aquí”, agregó Rodríguez.
El aparato del sur de Texas ha tenido muchos arquitectos, principalmente el gobierno federal. Con demócratas y republicanos, las filas de la Patrulla Fronteriza y otras agencias en la región han incrementado por miles. Su presencia es tan generalizada que dos días antes de la masacre, el Laredo Morning News informó sobre la amenaza del gobierno federal de apoderarse de una parte de un rancho de propiedad privada a unas dos horas en auto de Uvalde “para la construcción de proyectos de infraestructura táctica”, según a una carta de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Se espera que el proyecto incluya un helipuerto y un campo de tiro al aire libre.
El día de la masacre, la nación fue testigo de cómo el aparato se volvía contra los padres aterrorizados. Los videos de teléfonos celulares capturaron a los oficiales abordando, esposando y sometiendo a los padres.
Rápidamente se hizo evidente que el aparato nunca tuvo la intención de responder a los residentes de la ciudad que ocupaba. Los funcionarios estatales (el gobernador Abbott y la policía estatal) tardaron cuatro días en informar a los padres y al público que la policía había esperado en un pasillo fuera del salón de clases durante casi una hora antes de que entrara un equipo táctico de CBP. Los padres tardaron cuatro días en descubrir que mientras la policía esperaba en el pasillo, los niños llamaban al 911, pidiendo ayuda.
“En los últimos días, el mundo ha visto cómo la aplicación de la ley en Texas causa más dolor y tristeza a nuestra comunidad latina que protección”, tuiteó la ícono de los derechos civiles Rosie Castro de San Antonio, donde se trató a muchos de los niños heridos, y su hijo Joaquín Castro es congresista de los Estados Unidos. “Las leyes de armas deben reformarse, al igual que la vigilancia”.
Pero el violento aparato de seguridad fronteriza fue ignorado por liberales y progresistas, quienes respondieron a la masacre abogando por leyes de armas más estrictas. Los conservadores, que atribuyen los asesinatos en masa a todo menos a las armas, han ignorado la retórica violenta en una región saturada de policías y armas de fuego.
En medio del silencio, el aparato afirma su dominio en el sur de Texas. El silencio transmite la expectativa de que los residentes tolerarán e incluso se volverán indiferente a la crueldad de los arrestos masivos, el trato inhumano, la retórica hostil y la presencia de innumerables oficiales y agentes.
El silencio convierte al sur de Texas en un teatro, sin historia ni detalles y poblado por una masa indistinguible de gente morena. Se refleja en la aparente incapacidad de Abbott para pronunciar el nombre de una de las víctimas durante sus conferencias de prensa en Uvalde. Es evidente cuando el vicegobernador Dan Patrick describe su afecto por Uvalde ha hacer referencia a sus expediciones de caza en la región.
Pero incluso con toda la retórica odiosa y el alambre de púas, Alithia Haven Ramírez alimentó el sueño de una niña de asistir a la escuela de arte en París. En una comunidad inundada de policías, Alexandria Rubio persiguió su color favorito, el amarillo, y el helado. Y a pesar del silencio de los políticos, todos recordarán que el 24 de mayo, cuando un hombre armado irrumpió en sus aulas, las maestras Irma Linda García y Eva Mireles fueron las primeras heroínas en responder.
MICHELLE GARCÍA es una periodista que está trabajando en un libro sobre fronteras que publicará Viking. Ella recibió en 2021 el Premio de Periodismo American Mosaic y el Premio de Periodismo Covering Climate Now. García nativa de Texas tiene su sede en Nueva York y el sur de Texas.
El Tribuno del Pueblo le trae artículos escritos por individuos u organizaciones, junto con nuestros propios reportajes. Los artículos firmados reflejan los puntos de vista de los autores. Los artículos sin firmar reflejan los puntos de vista del consejo editorial. Por favor, dé crédito a la fuente al compartir: tribunodelpueblo.org. Todos somos voluntarios, sin personal remunerado. Haga una donación en http: //tribunodelpueblo.org/ para ayudarnos a seguir ofreciéndoles las voces del movimiento.
