NNIRR condena enérgicamente la aprobación de la Ley Laken Riley e insta a los miembros de la comunidad a ponerse en contacto con sus senadores para oponerse a la S.5. Este dañino proyecto de ley criminalizaría a las comunidades inmigrantes, violaría los derechos humanos y erosionaría las protecciones constitucionales. El proyecto de ley acaba de ser aprobado por la Cámara de Representantes y ahora se dirige al Senado, donde varios senadores demócratas ya han expresado su apoyo. Lamentablemente, pocos senadores están examinando a fondo el fondo del proyecto de ley y están pasando por alto sus disposiciones inconstitucionales.
Instamos a los miembros de la comunidad a que llamen o envíen un correo electrónico a sus senadores HOY y les pidan que voten NO a la S.5, la Ley Laken Riley. Haga clic aquí para obtener una lista completa de los senadores y su información de contacto.
La legislación es una clara manifestación de racismo y xenofobia, no sólo contra los inmigrantes indocumentados, sino también contra aquellos con estatus migratorio vulnerable. De promulgarse, sometería a los inmigrantes a una detención prolongada, indefinida y sin fianza basada en meras acusaciones de delitos menores, al tiempo que otorgaría a los estados la capacidad de anular la política de inmigración del poder ejecutivo federal.
En resumen, esta iniciativa promovería un marco perjudicial y profundamente discriminatorio, a través de las siguientes disposiciones:
Límites al poder del poder ejecutivo: El proyecto de ley restringiría severamente la capacidad del poder ejecutivo para dar forma a la política de inmigración al permitir a los estados demandar sobre una amplia gama de acciones de inmigración. Esto daría lugar a litigios constantes por parte de estados contrarios, lo que dificultaría a las administraciones la aplicación de nuevas políticas.
Crea un caos constitucional en los tribunales: El proyecto de ley saturaría los tribunales federales al conceder a los estados una legitimación general para demandar políticas de inmigración, independientemente de su interés directo. Esto inundaría los tribunales con casos, violando el principio constitucional de que los tribunales sólo deben escuchar disputas con daño real.
Promueve la duplicación de la autoridad existente: El proyecto de ley amplía innecesariamente la autoridad de detención al ordenar la detención de personas arrestadas por delitos relacionados con el robo, a pesar de que el gobierno ya tiene el poder de detener a cualquier persona en proceso de deportación. Exigiría la detención sin audiencias de fianza, incluso por delitos menores.
Violación de las garantías procesales: Exigir la detención sin fianza basándose únicamente en el arresto o los cargos plantea graves problemas de garantías procesales, ya que niega a las personas la oportunidad de una audiencia justa. Esto podría conducir a la detención prolongada de personas inocentes y exacerbaría las disparidades raciales, ya que las personas de color -principalmente negros y morenos- son detenidos de manera desproporcionada.
Genera trastornos en los procesos penales: El proyecto de ley perturbaría los procesos penales al obligar a las autoridades de inmigración a detener a las personas después de un arresto relacionado con el robo, incluso si un juez penal ya las ha puesto en libertad bajo fianza. Esto complicaría el transporte a los tribunales y obstaculizaría la capacidad de los fiscales para seguir adelante con los casos.
Los republicanos y sus aliados demócratas de derechas no pueden promover de forma creíble la prosperidad o la libertad mientras aplican políticas que complacen los temores populistas -y racistas y xenófobos- de grupos enteros de nuestras comunidades. Calificar a los inmigrantes de «criminales» y negar no sólo su humanidad, sino también su personalidad ante la ley, implica falsamente que nuestro país no tiene obligaciones en virtud de la Constitución estadounidense o del derecho internacional.
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