Un nuevo informe revela que casi todas las muertes bajo custodia del ICE en 5 años se pudieron evitar

Este artículo se publicó originalmente enPrism.

Casi todas las muertes ocurridas en centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos durante un periodo de cinco años podían haberse evitado, pero ningún funcionario ha tenido que rendir cuentas seriamente, según un nuevo informe.

De las 52 personas que murieron detenidas bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entre enero de 2017 y diciembre de 2021, 49 de las muertes, o el 95%, eran evitables o posiblemente evitables si se hubiera proporcionado la atención médica adecuada. El nuevo informe, “Deadly Failures: Muertes evitables en la detención de inmigrantes en Estados Unidos”, revisó más de 14,500 páginas de documentos publicados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Médicos por los Derechos Humanos y American Oversight el 25 de junio.

Ninguna de las empresas penitenciarias privadas -que actualmente albergan a más del 90% de los detenidos bajo custodia del ICE- se ha enfrentado a consecuencias significativas, ya que se han repartido contratos millonarios a las mismas instalaciones en las que se han producido muertes evitables, según el informe.

“Es un sistema podrido hasta la médula”, dijo Eunice Hyunhye Cho, abogada principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU y coautora principal del informe. “De abajo arriba, se ven algunos tirones de orejas mínimos y se culpa a los empleados de más bajo nivel, pero en realidad no hay una verdadera rendición de cuentas en relación con el desastre del sistema de atención médica en los centros de detención del ICE”, dijo.

Tras las muertes durante la detención, el ICE no llevó a cabo investigaciones rigurosas: no entrevistó a testigos clave, omitió hechos inculpatorios clave y permitió que se destruyeran pruebas, según el informe. El ICE también ocultó información a los familiares de los fallecidos. Para obtener el historial médico de un ser querido, la familia tiene que llevar al ICE ante los tribunales y litigar durante años para recibir expedientes a menudo incompletos.

“Es un sistema de impunidad y falta de transparencia, ya que el ICE y las empresas privadas trabajan codo con codo para perpetuar unas condiciones peligrosas y mortales”, afirmó Cho.

En medio de negligencia médica, crueldad y abusos, más de 38.000 inmigrantes son retenidos cada día en una red del ICE de unos 190 centros de detención en todo el país, a fecha de 16 de junio. Esa cifra no hará sino aumentar, ya que el Congreso aprobó un presupuesto anual récord para que el ICE detenga a 41.500 personas al día con un coste de 3.400 millones de dólares este año. La mayor parte del presupuesto de detención se destinará a las empresas privadas de prisiones -The Geo Group y CoreCivic son las mayores-, donde se producen la mayoría de las muertes evitables.

“La respuesta que vemos una y otra vez a los fallos que producen muertes es dar más dinero al sistema de detención”, dijo Andrew Free, abogado implicado en más de 30 casos de muertes bajo custodia del ICE y colaborador del informe. “Esa ha sido la respuesta a todos los niveles del sistema. No se trata sólo de un centro. No se trata sólo de un contratista. No se trata sólo de un ejercicio fiscal”, dijo.

El ICE no respondió a la solicitud de comentarios.

El informe también encontró que el personal médico de las instalaciones proporcionó un tratamiento que no cumplía con los estándares médicos basados en la evidencia, no resolvió el problema o se retrasó injustificadamente en el 79% de las muertes entre 2017 y 2021. A día de hoy, no se han tomado medidas para remediar lo que el informe denomina “fallos sistémicos en la atención médica y de salud mental.”

Tomemos el caso de Jeancarlo Alfonso Jiménez Joseph, un panameño de 27 años y beneficiario de DACA con un diagnóstico de esquizofrenia que murió por suicidio en el Centro de Detención Stewart en Georgia el 15 de mayo de 2017. Un experto de las Naciones Unidas dice que confinar a alguien en una celda solitaria durante más de 15 días consecutivos equivale a tortura, y nunca debe usarse en individuos con problemas de salud mental. Jiménez había pasado 19 días consecutivos en régimen de aislamiento cuando murió.

Según la familia de Jiménez y documentos oficiales, había notificado cuatro veces al personal médico de Stewart que sus medicamentos no controlaban sus alucinaciones auditivas y su impulsividad. Escribió en las paredes de su celda que las voces de su mente le decían que se quitara la vida, dijo su madre Nerina a Prisma. “No había forma de ignorar que algo no era normal y que tenía intención de hacerse daño”, dijo Joseph. “Pero ignoraron todo esto; lo ignoraron una y otra vez”.

Sanciones inadecuadas

El Centro de Detención de Stewart, en Georgia, es la cárcel para inmigrantes más mortífera de Estados Unidos, donde han muerto al menos 10 personas desde 2017 hasta mayo de 2024, seguido del Centro de Procesamiento de Servicios de Krome North, en Florida, con seis víctimas mortales. Stewart es propiedad de CoreCivic, una corporación que reportó 1.900 millones de dólares en ingresos para el año fiscal 2023 y un margen de beneficio del 3,6%. A pesar de las muertes, Stewart ha estado recibiendo contratos del ICE de forma constante para albergar a un número similar de detenidos -más de 1.500- al menos desde 2006.

En el momento de la muerte de Jiménez, el ICE exigía que Stewart tuviera un psiquiatra a tiempo completo para sus casi 2.000 detenidos, una proporción que el administrador de los servicios sanitarios del ICE consideró inadecuada en un testimonio ante el tribunal. Stewart ni siquiera cumplió ese mandato contractual, ya que prestó servicios de telepsiquiatría con menos del 20% del personal exigido. A pesar de los incumplimientos, el ICE no recomendó a Stewart que aumentara su dotación de personal tras la muerte de Jiménez.

“El ICE no propuso promulgar ninguna solución que realmente evitara errores en el futuro”, declaró Radha Sadacharan, uno de los expertos médicos que analizaron el caso de Jiménez para el informe.

ICE sí emitió una multa por discrepancia de contrato contra Stewart por no cumplir con las pautas de prevención de suicidios tras las muertes de Jiménez y Efraín Romero De La Rosa en 2018. Las sanciones se acercaron a los 1,4 millones de dólares, una fracción de los 441 millones de dólares que CoreCivic recibió por contratos de detención del ICE en 2017. Sin embargo, solo un mes después de imponer la sanción, el ICE adjudicó a CoreCivic un nuevo contrato para proporcionar atención médica a los detenidos en Stewart.

El ICE ha emitido sanciones económicas en tres ocasiones de las 68 muertes que se han producido entre 2017 y junio de 2024. Esa cifra no tiene en cuenta a las personas que el ICE puso en libertad inmediatamente antes de su muerte, una práctica utilizada para reducir el número oficial de muertes, según el informe. En ese periodo, ni una sola instalación ha perdido un contrato o ha suspendido una inspección del ICE a pesar de las irregularidades documentadas.

En lo que va de año fiscal, han muerto 10 personas bajo custodia del ICE, más del doble que el año pasado y el triple que en 2022, cuando se registraron tres víctimas mortales. Entre las muertes de este año figura la de Charles Leo Daniel, que falleció en marzo tras permanecer casi cuatro años en régimen de aislamiento en el Centro de Detención del Noroeste en Washington -instalación propiedad de The Geo Group- a pesar de padecer graves problemas de salud mental.

La crueldad del sistema de detención del ICE se extiende a las familias. La familia de Jiménez lleva seis años litigando para obtener su historial médico. Quieren saber por qué se produjo una muerte evitable como la suya, y también quieren que el ICE, CoreCivic y Stewart reconozcan sus errores para evitar más muertes durante la detención. Esto no ha ocurrido.

“La respuesta del gobierno cada vez que se produce una muerte en sus instalaciones es la misma: dicen que la seguridad del individuo es su prioridad”, dijo Karina, la hermana de Jiménez. “Pero los datos nos demuestran lo contrario: que los sistemas y prácticas de estos centros son mortales. No sólo no previenen el daño, sino que torturan a las personas. Eso es lo que le ocurrió a Jean y a muchos otros como él”.

Prism es una redacción independiente y sin ánimo de lucro dirigida por periodistas de color. Informamos desde la base y en las intersecciones de la injusticia.


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