Nota del editor: Este artículo fue escrito inicialmente por Espi Sandoval, una educadora con sede en Central Valley, California.
La aprobación de la Ley Laken Riley representa no solo un trágico fracaso de política, sino una traición profundamente dolorosa a la comunidad latina, particularmente en el Valle Central de California. Es imposible ignorar las contradicciones e injusticias de esta legislación, que, a pesar de su pretensión de abordar la muerte de una joven, criminaliza a las comunidades inmigrantes y agrava el racismo sistémico que ya enfrentan. Es desalentador ver cómo este proyecto de ley ha recibido apoyo bipartidista, especialmente de representantes electos que afirman servir a las comunidades marginadas, pero que en realidad están desconectados de las luchas diarias de sus electores.
La Ley Laken Riley, aunque se presenta como una respuesta necesaria a la trágica pérdida de vida, apunta de manera desproporcionada a los inmigrantes, particularmente a las familias latinas. La ley perpetúa estereotipos dañinos, pintando a los inmigrantes como criminales cuando, de hecho, muchos de nosotros contribuimos de manera significativa a la sociedad, especialmente en sectores vitales como la agricultura. Como alguien que vive en el Valle Central, sé de primera mano el miedo y la ansiedad que acompañan la amenaza constante de la deportación. El proyecto de ley solo intensifica ese miedo, proyectando una sombra injusta sobre comunidades enteras que solo intentan vivir y trabajar con dignidad.
Lo que es especialmente doloroso es el apoyo bipartidista a esta ley, incluyendo a algunos de los representantes electos que deberían ser defensores de nuestros derechos y proteger nuestras comunidades. Entre ellos están los demócratas Jim Costa, Adam Gray y Josh Harder, quienes representan algunos de los distritos más fuertemente latinos en el Valle Central. Junto al republicano David Valadao, estos legisladores votaron a favor de la Ley Laken Riley, alineándose así con fuerzas que históricamente han vilipendiado a nuestra gente. Al hacerlo, han dado la espalda a las comunidades que los pusieron en el cargo.
Lo que hace que su apoyo a este proyecto de ley sea aún más atroz es el marcado contraste entre sus experiencias y la realidad de las comunidades que representan. Estos cuatro individuos están profundamente desconectados del sufrimiento de las comunidades latinas porque crecieron con privilegios y nunca han tenido que experimentar el miedo diario que muchos de nosotros enfrentamos. Ellos nunca entenderán lo que es crecer con la constante amenaza de ser perfilados racialmente, deportados o separados de la familia. Han vivido vidas que los protegen de las dificultades y el trauma que muchos de nosotros sufrimos. Y, sin embargo, a pesar de esto, siguen utilizando sus posiciones de poder para perjudicar a sus electores.
La realidad es que estos funcionarios electos ven a la comunidad latina como una mercancía política, un bloque de votantes que se puede contar durante la época electoral pero que se desprecia cuando las apuestas son altas. Nos ven como ovejas: votantes que pueden ser fácilmente influenciados con promesas, pero que no somos dignos de protección, respeto o justicia absoluta. Estos legisladores están más interesados en complacer a sus donantes políticos y mantener sus posiciones de poder que en representar las necesidades y aspiraciones de las personas que los eligieron.
Además, dependen del apoyo de otros funcionarios electos latinos que, por necesidad política, hacen la vista gorda ante el daño que causan sus colegas. Estos representantes latinos, que dependen del respaldo financiero de los mismos políticos que votan para criminalizar a nuestras comunidades, abandonan a su gente para preservar su poder. De esta manera, perpetúan un ciclo de traición, eligiendo sus carreras por encima del bienestar de su comunidad.
La aprobación de la Ley Laken Riley debe servir como una llamada de atención para todos aquellos a quienes el poder ha traicionado. Es hora de reconocer que estos cuatro políticos Costa, Gray, Harder y Valadao no están trabajando en nuestros mejores intereses. Ellos no entienden nuestro dolor ni les importa las consecuencias reales de sus acciones. Nos ven como un medio para un fin: un bloque de votantes que cortejar durante la temporada electoral pero que se ignora cuando se trata de defender la justicia.
Como comunidad, debemos hacer responsables a estos representantes. Debemos exigir que enfrenten las consecuencias de su traición. No podemos permitirnos seguir siendo pasivos, aceptar que nuestras voces no se escuchan. Nuestros votos no deben tomarse por sentados y nuestras vidas no deben usarse como fichas de cambio en juegos políticos. Es hora de levantarnos y exigir que nuestros funcionarios electos rindan cuentas.
Nos merecemos representantes que estén con nosotros, no en nuestra contra. Nos merecemos líderes que lucharán por nuestros derechos, protegerán a nuestras familias y defenderán los valores de justicia, igualdad y humanidad que deben guiar a esta nación. Costa, Gray, Harder y Valadao deben entender que el tiempo de su traición ha terminado. Ya no seremos silenciados, y no permitiremos que nuestros funcionarios electos nos usen como peones políticos.
El tiempo para el cambio es ahora. Nuestra comunidad es fuerte, y nuestras voces no serán ignoradas. Unámonos para exigir que aquellos que nos han fallado rindan cuentas. Debemos asegurarnos de que nuestros representantes comprendan que no somos solo votantes somos personas, y ya no permitiremos que nuestro sufrimiento se use como un peldaño para el beneficio político.
Espi Sandoval Educador Valle Central De California
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