Nota del editor: Este articulo fue publicado originalmente por Truthout
El pasado mes de febrero, el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, desveló planes para una operación militar a gran escala contra los migrantes en Mayotte. La cadena de islas alberga una importante base naval francesa en el océano Índico. Desde que Francia convirtió Mayotte de “colectividad territorial” a departamento de ultramar en 2011, las autoridades han deportado a miles de residentes indocumentados.
La mayoría proceden de las islas circundantes en busca de trabajo. Pero, irónicamente, el control francés -que la ONU condena- no sólo separa Mayotte de las Comoras, sino que convierte a los comoranos que llegan en extranjeros en su propio archipiélago.
El pasado abril, Francia ya inició lo que la Liga de Derechos Humanos calificó de “operación militar-policial de destrucción masiva” contra los refugiados en las islas. Ahora, Darmanin promete medidas “extremadamente enérgicas”para frenar la inmigración, incluido el fin de la ciudadanía por derecho de nacimiento. Cada vez más, los soldados europeos asaltan comunidades pobres, arrasan casas y aplican controles de identidad a los residentes africanos.
Sin embargo, la operación no es más que el último paso en la militarización de la política europea de inmigración. Este invierno, la UE también elaboró planes para construir una red de centros de detención de inmigrantes, y los Estados miembros están intensificando la cooperación con los países africanos para reprimir a los solicitantes de asilo.
De hecho, los funcionarios de toda Europa llevan mucho tiempo intentando sellar sus fronteras, adoptando medidas punitivas que reclutan a contratistas de defensa, agencias de seguridad y socios extranjeros en una guerra despiadada contra los refugiados. Pero su estrategia militarizada no hace sino exacerbar la debacle de la inmigración, al tiempo que socava los derechos humanos y la democracia europea.
Enemigos imaginarios
En las últimas tres décadas, los fabricantes de armas han construido tanto muros fronterizos como las narrativas que los justifican. Tras la Guerra Fría, los contratistas de defensa occidentales se enfrentaron a la reducción de los presupuestos de defensa. En respuesta, reformularon la inmigración como una cuestión de seguridad nacional, al tiempo que se centraban en la aplicación de la ley civil. “Estábamos en un periodo delicado en cuanto a oportunidades”, recuerda un empleado de Airbus. “Así que la seguridad nacional se convirtió en cierto modo en la gallina de los huevos de oro: todos la aprovechamos porque había un enorme potencial económico”.
Tras los atentados del 11-S, los contratistas militares consolidaron esta tendencia llenando de directivos de empresas los comités de expertos que asesoran a la Comisión Europea. También contribuyeron a impulsar la creación de la Agencia Europea de Defensa en 2004, que permite a los Estados coordinar el gasto en seguridad. El Transnational Institute calificó esta connivencia de “estudio de caso de elaboración de políticas en la trastienda”. Fabricantes de armas como Airbus mantienen oficinas en Bruselas a pocos minutos de la sede de la UE. Y publican estudios que promueven una línea dura en materia de inmigración, presentando a los inmigrantes como amenazas que sólo el aumento de los presupuestos de defensa, la tecnología sofisticada y su propia experiencia pueden contener.
En medio de una crisis mundial de refugiados que las guerras lideradas por Estados Unidos aceleraron, el Parlamento Europeo publicó en 2014 un informe devastador que sugería que las corporaciones se habían hecho con el control de la política. El documento se hacía eco de las ansiedades de la Guerra Fría sobre el complejo militar-industrial, al tiempo que revelaba el poder del capital privado en la “guerra contra el terror.” Los diputados advirtieron que los fabricantes de armas estaban “sobrerrepresentados en los foros de alto nivel que han producido una influencia duradera”. Para entonces, los contratistas y funcionarios de defensa componían la mitad de los miembros del grupo consultivo de seguridad de la UE. En consecuencia, los diputados anticiparon que la investigación sobre seguridad “se pondría principalmente al servicio de la industria y no de la sociedad”.
Su análisis daba en el clavo. Entre 2003 y 2013, las grandes corporaciones tecnológicas y armamentísticas lideraron al menos 39 proyectos de investigación europeos centrados en el control de la inmigración. La Comisión Europea destinó 791 millones de euros a su programa “Fronteras Inteligentes” antes incluso de que el Parlamento pudiera votarlo. Un empleado del Parlamento señaló que los diputados se encuentran a menudo con la espalda “contra la pared“. Detener programas como Fronteras Inteligentes o el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras es casi imposible, “cuando ya hay decenas de millones destinados a proyectos”. La Comisión incluso se apresuró a aprobar el desarrollo de perros robotizados, argumentando que son el “método más eficaz para encontrar seres humanos ocultos en vehículos”.
Conglomerados de defensa como Thales, Finmeccanica y Airbus no sólo se benefician del control fronterizo. También figuran entre los mayores exportadores europeos de armas a Oriente Medio y el Norte de África. En otras palabras, alimentan las mismas crisis de inmigración que prometen resolver, y se benefician de ambas.
De enero de 2020 a enero de 2023, los miembros de la UE concedieron casi 94,000 millones de euros en licencias de exportación de armas a Oriente Medio. Thales anuncia su “experiencia en el campo de la vigilancia de fronteras“, al tiempo que presume de que su tecnología biométrica ha permitido a la UE reducir drásticamente las solicitudes de asilo en los últimos años. Al presentar a los extranjeros como amenazas, los fabricantes de armas han enseñado a la opinión pública a ver la inmigración como un problema de seguridad nacional, convirtiendo los muros en armas y a los inmigrantes en enemigos a los que combatir.
Empujar hacia atrás
Además de enriquecer a los conglomerados de defensa, las políticas de inmigración punitivas concentran el poder político en las burocracias de seguridad, poniendo a los refugiados en manos de instituciones violentas y que no rinden cuentas. Para cortar el acceso por mar, la UE lanzó en 2015 la Operación Sophia, su primera operación naval en el Mediterráneo. En su momento álgido, 27 países aportaron buques, aviones y submarinos al dique que merodeaba. Los oficiales la presentaron como una fuerza humanitaria. Pero en privado defendían que el personal debía estar “exento de búsqueda y rescate cuando realizara activamente operaciones contra el contrabando.”
También reconocieron que Sophia hacía el Mediterráneo más peligroso para los migrantes. Al destruir los barcos de madera de los contrabandistas, las autoridades les animaron a utilizar endebles embarcaciones de goma. Una nota confiesa que estas embarcaciones son casos de socorro “desde el momento en que botan”.
Con el tiempo, los periodistas revelaron que la agencia de control de fronteras de la UE, Frontex, expulsa sistemáticamente a los inmigrantes de Europa, violando su derecho a solicitar asilo. Le Monde y The New York Times han captado incluso a funcionarios griegos hacinando a refugiados en embarcaciones rotas antes de abandonarlos en medio del Mediterráneo.
Estas revelaciones obligaron al director de Frontex, Fabrice Leggeri, a dimitir en 2022. Anteriormente, Leggeri negó que la agencia realizara “pushbacks” ilegales. Tras su dimisión, prácticamente las reconoció. “Entre el imperativo de no permitir que la gente cruce irregularmente y el otro, el principio de no devolución (que prohíbe los pushbacks), ya que toda persona necesitada de protección tiene derecho al asilo, ¿cómo debemos actuar?”, se desahogó. “Nadie puede darme la respuesta”.
Desde que terminó la Guerra Fría, los países europeos han construido más de 1,000 kilómetros de vallas fronterizas, el equivalente a seis Muros de Berlín.
Este febrero, los investigadores revelaron que Frontex comparte las posiciones de los solicitantes de asilo en el mar con Libia, para que las autoridades puedan arrastrarlos de vuelta a África. El director Hans Leijtens admite que desde 2021 la agencia ha enviado 2,200 correos electrónicos con las coordenadas de los migrantes a funcionarios libios. Además, Leggeri lanzó recientemente una campaña para un escaño en el Parlamento Europeo, blandiendo la bandera de la extrema derecha francesa y prometiendo “combatir la sumersión migratoria.”
En los últimos años, los presupuestos europeos de seguridad se han disparado, y Frontex recibe más fondos que cualquier otra agencia de la UE. Sin embargo, estas instituciones están convirtiendo el Mediterráneo en un muro que se traga a los refugiados. En última instancia, las burocracias de inmigración militarizan las fronteras, al tiempo que prometen mantener a Europa a salvo de personas que en realidad son víctimas de sus políticas.
Construir
A lo largo del Mediterráneo, el control de la inmigración impulsa un auge de la construcción militar. Desde el final de la Guerra Fría, los países europeos han construido más de 1,000 kilómetros de vallas fronterizas, el equivalente a seis Muros de Berlín. España se convirtió en baluarte de la política de la UE al gestionar el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), la primera “frontera virtual” de Europa. La red invisible de cámaras térmicas, sensores y satélites se extiende desde Tarragona hasta las Islas Canarias.
Las autoridades también financiaron la construcción de vallas en Ceuta y Melilla, los enclaves españoles en el norte de África, al tiempo que reforzaron el control de la inmigración con Marruecos. Ambas ciudades tienen representación en el Parlamento español y atraen a inmigrantes que buscan asilo en Europa. Entre 2000 y 2015, solo Melilla recibió más de la mitad de los 77 millones de euros que los líderes europeos dedicaron a la construcción de muros en tres Estados clave.
Pero el giro punitivo de la política resultó mortal. En 2005, las fuerzas marroquíes mataron al menos a cinco inmigrantes e hirieron a otros 100 al intentar escalar el perímetro de alambre de espino que rodea Ceuta. En 2014 se produjo otra masacre cuando la Guardia Civil española atacó a una multitud de inmigrantes que flotaban frente a la costa. Muchos de los que estaban en el agua apenas podían nadar y se agarraban desesperadamente a las olas mientras los disparos resonaban en lo alto. Quince murieron bajo la lluvia de balas y botes que rezumaban humo.
Las imágenes de inmigrantes a horcajadas sobre los muros con las manos y los pies ensangrentados -como si fueran iconos vivientes de la crucifixión- desataron una protesta pública que obligó al gobierno a retirar la alambrada. Sin embargo, las autoridades siguen movilizando tanques y vehículos blindados para repeler a los inmigrantes.
La represión alcanzó su punto álgido en junio de 2022, cuando fuerzas españolas y marroquíes asaltaron a migrantes que escalaban los muros en torno a Melilla. Las autoridades desplegaron balas de goma y gases lacrimógenos, causando al menos 37 muertos y centenares de heridos.
El personal español negó ayuda a los heridos, mientras trasladaba ilegalmente a 470 personas al otro lado de la frontera. Los muertos y heridos yacían amontonados, mientras los funcionarios esparcían basura sobre ellos. “Estábamos tumbados con la cara en el suelo, si intentabas levantar la cabeza, te pegaban”, recordó un joven sudanés, que también dijo que los soldados españoles “me arrastraron al suelo” y al otro lado de la frontera. Muchos esperaron entre tres y cinco horas para recibir atención médica a pleno sol, mientras ambulancias vacías permanecían paradas en las inmediaciones.
Los responsables políticos europeos afirman que el refuerzo de las fuerzas de seguridad y las fronteras protege a los inmigrantes de alta mar, los contrabandistas y otros peligros. Sin embargo, las masacres de Melilla y la Operación Sophia revelan un desprecio subyacente por sus derechos humanos. En lugar de defender a los inmigrantes, instituciones como Frontex y la Guardia Civil española los presentan como amenazas, convirtiendo las fronteras en campos de batalla. En el fondo, la política de la UE refuerza la desigualdad, aislando a Europa del Sur Global.
Fronteras ocultas
Es más, la cooperación entre España y Marruecos refleja una tendencia más amplia de la estrategia europea hacia la “externalización”. En los últimos años, las autoridades de la UE han delegado el control de la inmigración en gobiernos extranjeros, con el fin de impedir que los inmigrantes lleguen a Europa. Aprovechando la asistencia en materia de seguridad, convierten países enteros en fronteras, subcontratando la aplicación de la ley a gobiernos con pésimos historiales en materia de derechos humanos.
A pesar de su actitud despiadada, Marruecos es uno de los principales socios de la UE y recibe elogios por su política de vigilancia fronteriza. Irónicamente, la monarquía marroquí ha creado su propia crisis de refugiados al colonizar el Sáhara Occidental. En 1975, Marruecos ocupó ilegalmente la región, desplazando a la población indígena saharaui y provocando la condena de las Naciones Unidas. En la actualidad, Rabat mantiene uno de los muros más largos del mundo: una red de 1,700 millas de bases militares, campos de minas y barreras de arena que atraviesa el territorio saharaui. Entre 2015 y 2021, la UE concedió al menos 234 millones de euros en ayuda a la migración a Marruecos, financiando la anexión del Sáhara Occidental, desplazando a los saharauis y legitimando sus fronteras móviles.
Del mismo modo, Argelia coopera con la UE mientras levanta un muro de arena para bloquear a los refugiados del África subsahariana. Más de 50,000 soldados patrullan esta vasta cadena de trincheras y barreras de tierra. Y como en el caso de Marruecos, las violaciones de los derechos humanos son rampantes. Los investigadores denuncian que las fuerzas argelinas separan a los niños de sus padres y abandonan a los migrantes en el desierto. Una refugiada marfileña, Rokia Tamara, recuerda que la policía irrumpió en su casa. “Les expliqué que me estaba recuperando de una operación de cesárea, pero me llevaron de todos modos”, relató Tamara. “Los niños estaban durmiendo y también se los llevaron”. Antes de arrojarla al Sáhara, le robaron la ropa de su bebé.
Sin embargo, en la última década, el socio más importante -y notorio- de la UE en la región ha sido Libia. La organización italiana sin ánimo de lucro Associazione Ricreativa Culturale Italiana (ARCI) calcula que las autoridades europeas han canalizado más de 100 millones de euros en ayuda a la guardia costera libia. Sólo Italia ha proporcionado docenas de barcos a Libia, al tiempo que ha ayudado a empujar a más de 40.000 migrantes de vuelta al norte de África.
Los líderes europeos insistieron en que el país era un lugar seguro para tramitar las solicitudes de asilo. Sin embargo, Libia estaba en medio de una guerra civil que los propios miembros de la UE exacerbaron en 2011 con ataques aéreos de la OTAN. En julio de 2019, una bomba se estrelló contra un centro de detención de migrantes cerca de Trípoli, matando a 53 personas e hiriendo a otras 130.
Los abusos gubernamentales también son endémicos. En septiembre de 2016, unas imágenes filmadas captaron al agente de la guardia costera Abd al-Rahman Milad golpeando a un migrante. Seis meses después, Milad ayudó a dirigir las negociaciones entre las autoridades libias e italianas sobre el control de la inmigración. Más tarde, los investigadores descubrieron que hundió embarcaciones de migrantes disparándoles. Otro informe de la ONU concluyó que los funcionarios locales perpetran “homicidios ilegítimos, torturas y otros malos tratos”, incluidas violaciones y trata de personas. Los autores descubrieron que los migrantes “son sometidos sistemáticamente a inanición y fuertes palizas, quemados con objetos metálicos calientes, electrocutados y sometidos a otras formas” de maltrato para extorsionar a sus familias.
Peor aún, los funcionarios europeos lo sabían. Un estudio filtrado de la UE reconocía que los jefes de las milicias dirigían campos de detención y que las autoridades libias asignaban miles de inmigrantes a “zonas de conflicto“, es decir, a la zona de guerra. El documento calificaba el control de la inmigración de “modelo de negocio rentable” para Libia, al tiempo que señalaba indicios de corrupción y esclavitud. No obstante, el estudio elogiaba los “avances logrados” en la reducción de los cruces de inmigrantes hacia Europa, subrayando la lógica violenta y las prioridades básicas que sustentan la política de la UE.
Derecha a la deriva
Este proceso de militarización no resuelve las crisis de refugiados, pero erosiona la democracia europea. Al presentar la inmigración como una cuestión de seguridad, los políticos centristas no sólo han convertido a los inmigrantes en una amenaza, sino que han allanado involuntariamente el camino para que los populistas conservadores lleguen al poder. En un cambio asombroso, la extrema derecha representa ahora la segunda fuerza política más poderosa en media Europa.
En Francia, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen funciona como modelo para los líderes populistas de derechas de toda la UE. El partido sostiene que los grupos sin ánimo de lucro que ayudan a los inmigrantes son “cómplices de los traficantes”. Le Pen afirma incluso que la izquierda publicita el sufrimiento de los refugiados para impulsar la inmigración: “¡echándote en cara la muerte de un niño para impulsar su siniestro proyecto!”.
Esta retórica extremista ha alimentado la violencia nativista. En marzo de 2023, activistas conservadores manifestaron su oposición a un centro de inmigrantes en Saint-Brevin-les-Pins incendiando la casa del alcalde. Desde entonces, los líderes de la derecha han propuesto medidas extremas para frenar la inmigración, incluido un bloqueo naval en el Mediterráneo.
En un intento de aplacar a la derecha, el presidente Emmanuel Macron presentó al Parlamento un proyecto de ley de inmigración restrictivo. Sin embargo, los conservadores tomaron la iniciativa y lo llenaron de disposiciones draconianas. Como resultado, los legisladores aprobaron en diciembre una versión que imponía cuotas migratorias, recortaba los servicios sociales para los inmigrantes y permitía a las autoridades privar de la ciudadanía a los ciudadanos con doble nacionalidad si eran condenados por delitos graves. Le Pen exigió medidas aún más duras, al tiempo que reivindicaba una “victoria ideológica”de su partido.
Pero, en última instancia, la reforma no satisfizo ni a la derecha ni a la izquierda. La indignación popular llevó a Macron a remodelar su gabinete en enero. Sin embargo, sigue insistiendo en una política fronteriza militarizada. En Cherburgo, epicentro de la crisis de los refugiados, exhortó a los contratistas de seguridad a buscar nuevas oportunidades de negocio, señalando que las empresas “a veces perdían contratos, cosa que lamento.” Esa misma semana, al menos cinco migrantes murieron en las cercanías, mientras intentaban cruzar el Canal de la Mancha hacia Gran Bretaña.
Días después, estallaron en toda Francia protestas contra el proyecto de ley, y el Consejo Constitucional eliminó decenas de sus disposiciones. Sin embargo, el 26 de enero, Macron convirtió en ley lo que quedaba. Pocos se fijaron en el contexto inmediato: Mientras promulgaba la reforma, Macron estaba haciendo lobby en la India para Airbus y Dassault Aviation, fabricantes de armas que tienen importantes contratos de control fronterizo.
Para satisfacer las demandas extremistas, Darmanin anunció entonces planes para una campaña de deportación de refugiados en Mayotte el próximo mes de febrero. La iniciativa refleja el trasfondo militarizado de la política de inmigración: Al tiempo que prometía deportar a miles de personas, Darmanin ha aprovechado la crisis para justificar el despliegue de fuerzas de seguridad como el CRS 8, una unidad policial de élite que utiliza balas reales, granadas “stinger” y gases lacrimógenos contra los niños de Mayotte. Los políticos franceses citan incluso la afluencia de refugiados africanos para justificar el mantenimiento de una base naval colonial. Pero su política de mano dura refleja tendencias europeas más amplias. Durante décadas, la UE ha convertido el Mediterráneo en una tumba voraz, ya que más de 29.000 migrantes han muerto o desaparecido en el mar desde 2014. Por encima de todo, los funcionarios han definido la identidad europea en oposición a los migrantes, presentándolos como amenazas para justificar los presupuestos de seguridad y acumular poder político.
Pero, irónicamente, la violencia estructural que subyace a la política de inmigración está transformando la propia Europa. Los muros que construyen están asfixiando la democracia europea, mientras los políticos prometen defender los “valores occidentales” violando los derechos de los inmigrantes. Ahora más que nunca, el futuro de Europa depende de cómo traten sus dirigentes a quienes se ven empujados a sus fronteras.
El autor agradece a Sarah Priscilla Lee, del Programa de Ciencias del Aprendizaje de la Universidad Northwestern, la revisión de este artículo.
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