El 31 de enero, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó la orden ejecutiva titulada “ICE bajo aviso”. Esta orden ejecutiva es una de las primeras en instruir al Departamento de Policía de Chicago (CPD, por sus siglas en inglés) a investigar y documentar plenamente cualquier actividad ilegal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Chicago. En palabras de Johnson: “Nadie está por encima de la ley. No existe tal cosa como la ‘inmunidad absoluta’ en Estados Unidos.”
La orden ejecutiva establece:
“Según lo ordenado por el alcalde Johnson, si el personal del CPD observa o recibe reportes de aparentes violaciones de la ley estatal o local por parte de agentes federales, deberán:
- Documentar las actividades de cumplimiento federal de acuerdo con la política del CPD;
- Asegurar que cualquier grabación de cámaras corporales captada durante el incidente, incluyendo el uso de fuerza, detenciones, lesiones u otras actividades de cumplimiento, sea preservada
- Intentar identificar al oficial federal supervisor presente en el lugar, verificar su nombre y número de placa, y registrar dicha verificación mediante cámaras corporales, incluyendo cualquier negativa a cooperar;
- Completar un informe sobre cualquier violación de la ley estatal o local por parte de agentes federales conforme a la política del CPD
- Llamar de inmediato a los servicios médicos de emergencia y brindar asistencia a cualquier persona lesionada en el lugar.”
Esta orden ejecutiva es una respuesta directa a las tácticas de ICE tras las catástrofes ocurridas en Minnesota y a las miles de personas cuyos derechos fueron vulnerados, tanto ciudadanos como no ciudadanos. Si bien las y los habitantes de Chicago han resistido a ICE a su manera, mediante campañas de Conozca sus derechos y alertas comunitarias en las calles. Ahora son los responsables de formular políticas públicas quienes están contraatacando.
Tras los asesinatos de Renee Nicole Good y Alex Pretti el mes pasado en Minnesota, han surgido profundas preocupaciones en todo Estados Unidos respecto a las acciones de ICE. Como resultado, Johnson firmó esta orden para proteger a las y los habitantes de Chicago de futuros abusos, exigiendo la documentación de las actividades de cumplimiento federal y la recopilación de toda evidencia de violaciones de derechos. Cualquier indicio de conducta ilegal será remitido a la Fiscalía del Condado de Cook.
Esto representa una gran victoria en la lucha contra ICE en una de las ciudades con mayor población inmigrante de Estados Unidos. Sin embargo, no todos los funcionarios públicos están de acuerdo. La fiscal estatal del Condado de Cook, Eileen O’Neill, calificó la orden como “totalmente inapropiada”, argumentando que cualquier asunto de carácter grave sería canalizado a través de la oficina del alcalde en lugar de las propias fuerzas del orden. Su postura sostiene que cuando un miembro del personal del alcalde remite un caso a la fiscalía, se generan serios problemas legales. No obstante, Johnson afirmó que no tenían otra opción ante las tácticas confrontativas de ICE contra las personas en Estados Unidos y rechazó dichas críticas.
Este es un paso en la dirección correcta, mientras la población permanece atenta a cuál será el próximo movimiento de ICE. Organizaciones como CAIR-Chicago, la Muslim Civic Coalition y otras se unieron a Johnson en apoyo a la orden ejecutiva.
Muchas personas sienten que finalmente están siendo escuchadas con la aprobación de esta orden, aunque solo el tiempo dirá si traerá beneficios a largo plazo. Por ahora, las comunidades continúan unidas para proteger las vidas y las economías de cada una. Recientemente, en Pilsen, Chicago, organizadores se unieron para exigir el fin de la aplicación de leyes migratorias, creando conciencia sobre los derechos de las comunidades. Un memorando filtrado reveló que a agentes de ICE se les indicó que podían ingresar por la fuerza a los hogares sin una orden judicial. Defensores de derechos han dejado claro que esto viola los derechos de las personas y que, si ICE llega a tocar la puerta, se debe seguir exigiendo una orden judicial. Los grupos de respuesta rápida se están enfocando en exponer la violencia de ICE, y la orden ejecutiva aprobada por Johnson busca preservar esta evidencia, alineándose claramente con los objetivos de las y los habitantes de Chicago.
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