La mina canadiense respaldada por Estados Unidos en Guatemala amenaza el suministro de agua por millones

El artículo publicado fue publicado originalmente por Michael Fox de Truthout el 27 de mayo de 2024.

Los activistas prometen luchar contra la mina Cerro Blanco, que amenaza el suministro de agua para millones de personas en Guatemala y El Salvador.

Asunción Mita es un pueblo de aproximadamente 40.000 habitantes en las colinas del sureste de Guatemala, cerca de la frontera con El Salvador. Hay polvo y calor en la estación seca, ubicada en el corredor seco de Centroamérica, que es particularmente vulnerable a los desastres climáticos. Y se ha convertido en el centro de una batalla sobre el futuro de la minería en Guatemala.

En enero, el gobierno guatemalteco saliente dio luz verde a la mina de oro a cielo abierto Cerro Blanco en las colinas a las afueras de Asunción Mita. La mina está dirigida por la corporación canadiense Bluestone Resources, que espera producir más de 300.000 onzas de oro al año. Bluestone dice que traerá empleos y oportunidades a la comunidad local.

Pero la mayoría de los lugareños no lo creen.

Yony ​​Barrera es uno de ellos. Es conductor del programa de radio local “Buenas Noches Mita” y miembro del Comité Ambiental Permanente de Asunción Mita, que se puso en marcha en marzo de 2023 para luchar contra la mina.

Barrera no encaja con su imagen del típico ambientalista. Es un padre de mediana edad que dirige una ferretería y conduce una motocicleta. Pero le apasiona proteger a su comunidad.

“Sí, dicen que traerán desarrollo y empleo”, dice Barrera. “Y somos un país pobre. Necesitamos trabajo, pero trabajo sostenible y responsable. No empleos que traen destrucción. Hay que mirar el costo de ese desarrollo”.

Una mañana despejada de un día laborable en marzo, me llevó por el camino de tierra hasta la mina. Su motocicleta serpenteaba por las colinas marrones del este de Guatemala, pasando por vegetación reseca y nubes de polvo levantadas por el tráfico que venía en sentido contrario.

No hay mucho que ver de la mina en este momento. Hay una valla larga, cubierta de alambre de púas, que corre a lo largo del camino de tierra. Justo dentro hay una pequeña caseta de seguridad y varios otros edificios rectangulares de color crema apartados de la carretera. Esta mina estuvo operativa durante varios años, bajo tierra. Pero la empresa tuvo problemas debido al agua subterránea térmica que tenía que bombear continuamente.

Ahora, la mina tiene el visto bueno para ser a tajo abierto. Si pasa, toda el área donde estoy parado desaparecerá: los árboles, el bosque y la ladera.

“El tajo abierto estaría aquí mismo”, señala Barrera, montado en su motocicleta. Lleva una gorra de béisbol negra, jeans y una camiseta polo roja. “Eliminarían esta vía. Y la comunidad de allá arriba tendría que dar toda la vuelta para regresar a Asunción Mita”.

Él mira a su alrededor. Una brisa suave y cálida sopla entre los árboles a nuestro lado. Los pájaros cantan justo al lado de la carretera.

“El impacto de esta mina sería inmenso”, afirma. “No sólo por el medio ambiente, sino también por la vida de tantos miles de personas. Es triste. Es triste que las ambiciones de unos pocos valgan más que el bienestar de millones de personas”.

El punto de vista de Barrera es común en la región.

Casi el 88 por ciento de la población de Asunción Mita que participó en un proceso de consulta municipal hace dos años votó en contra del proyecto minero. El referéndum se celebró a petición de la municipalidad local y acompañado por decenas de organizaciones, incluida la iglesia católica local y la organización ambientalista Madre Selva. Tras conocer los resultados, cientos de vecinos celebraron en la plaza del pueblo.

Pero la mina y el gobierno de entonces dijeron que no contaba. En un comunicado, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala dijo que el gobierno municipal no tenía la autoridad para realizar el referéndum.

“El tema planteado a los vecinos de Asunción Mita no es de competencia del municipio. Corresponde al Gobierno Central”, se lee en el comunicado. “En este sentido, el Concejo Municipal de Asunción Mita se encuentra legalmente impedido de tomar una decisión relacionada con la instalación y operación de un proyecto minero en su jurisdicción, por lo que consultar a los vecinos sobre este tema es inadmisible”.

Bluestone también respondió a la votación afirmando: “Los grupos antimineros formaron una comisión para organizar una consulta de vecinos que, a los ojos del público, retrataba injustamente las futuras actividades mineras dentro de los límites municipales”.

“Este proceso de consulta fue claramente ilegal”, dijo el director de Bluestone en Guatemala, Robert Gill.

La empresa ha prometido grandes cosas para Guatemala y la comunidad local. Según un informe de sostenibilidad de 2022, dijo Bluestone, cuando esté en funcionamiento, la mina proporcionaría más de 400 empleos directos y miles de empleos indirectos. Afirmó que el proyecto generaría pagos al gobierno guatemalteco “por aproximadamente USD 300 millones”.

“Nos comportamos de manera responsable y sostenible, trabajando juntos y mostrando respeto por nuestra gente y la comunidad”, escribió la empresa.

No todo el mundo está totalmente en contra de la mina. Juan Pablo Muñoz lleva un gran sombrero de vaquero y conduce una camioneta. Está en la ciudad recogiendo suministros para su comunidad, en lo alto de la colina cerca de la mina. Pidió que no se utilizara su nombre real por temor a represalias por parte de quienes están a favor o en contra de la mina.

“La mina ha traído cosas buenas y malas a la comunidad”, afirma. “Porque teníamos muchos miembros de la comunidad trabajando allí. Pero sabemos el daño que podría causar mañana, a nuestros niños y a otras poblaciones. Por lo tanto, ahora podría ayudar económicamente a algunas personas. Pero también traerá destrucción para el futuro”.

“Algunas personas se beneficiarán”, dice el miembro de la comunidad Giovanni Ramírez, que está desayunando en un puesto de tacos al borde de la carretera en Asunción Mita. “Pero cuando pensamos en nuestros hijos y en la próxima generación, ¿qué bosque les estamos dejando? No quedará más bosque”.

Lobby de EE. UU.

Aún así, la mina Cerro Blanco ha tenido un poderoso apoyo. En marzo, el medio guatemalteco Prensa Comunitaria informó que en 2023, la embajada de Estados Unidos presionó al gobierno guatemalteco del expresidente Alejandro Giammattei en apoyo de la mina.

La embajada escribió dos cartas al entonces Ministro de Medio Ambiente, Gersón Barrios Garrido, recordándole que la mina Cerro Blanco estaba respaldada con “capital sustancial de inversionistas de origen estadounidense”.

“Para la Embajada de Estados Unidos en Guatemala es muy importante seguir promoviendo la atracción de inversión de capital estadounidense en Guatemala, por lo que consideramos importante seguir trabajando de la mano con las autoridades guatemaltecas para generar nuevas oportunidades laborales para los guatemaltecos, y desarrollar las zonas rurales. del país”, se lee en la segunda carta, escrita el 6 de junio de 2023. La carta mencionaba específicamente a Cerro Blanco.

Desde la década de 2000, la minería ha sido un gran negocio en Guatemala. Gran parte de esto ha sido impulsado por empresas mineras canadienses y cada vez más estadounidenses. Pero también ha creado conflictos violentos con las comunidades locales. En todo el país, los residentes de las comunidades y los activistas contra la minería han enfrentado amenazas de muerte, violencia y asesinatos tanto por parte de la seguridad privada como estatal. En 2018, Guatemala era uno de los países per cápita más peligrosos del mundo para los activistas ambientales.

“En Guatemala, no es posible operar una mina a gran escala… sin participar y beneficiarse de las violaciones de derechos humanos y la represión, la corrupción y la impunidad”, escribieron los editores Grahame Russell y Catherine Nolin en la conclusión de su libro de 2021 Testimonio: Canadian Mining. Después de los genocidios en Guatemala.

Las preocupaciones sobre la mina Cerro Blanco van mucho más allá de Guatemala.

Envenenamiento El Salvador

En una cálida mañana de domingo en el departamento de San Vicente de El Salvador, los niños nadan en el río Lempa, bajo la atenta mirada de sus madres, sentadas en las rocas y cantos rodados que cubren la orilla del río. Las voces emocionadas de los niños y el chapoteo del agua resuenan en el Puente de Cuscatlán, que cuelga muy por encima de ellos. Río abajo, un grupo de hombres está pescando. Sobre todo lo baña el cálido sonido de un coro de voces. Los feligreses de una iglesia evangélica local están parados alrededor de una camioneta, donde un predicador los guía cantando. Están allí para bautizar al miembro más nuevo de su iglesia, una niña abrazada gentilmente por su padre.

El Lempa, el río más grande de El Salvador, abastece de agua a la mitad del país. Pero los activistas ambientales dicen que la mina Cerro Blanco lo amenazará todo.

Esto se debe a que Guatemala y El Salvador comparten el lago Guija, justo aguas abajo de la mina Cerro Blanco. Las aguas de ese lago luego desembocan en el río Lempa. Dicen que el impacto ambiental del escurrimiento de la mina podría ser desastroso.

A finales de enero, activistas ambientalistas y antiminería de El Salvador y Guatemala celebraron una conferencia de prensa en San Salvador para denunciar la aprobación de la mina Cerro Blanco y exigir acciones para bloquearla.

“La empresa dice que para lixiviar oro del mineral va a necesitar ocho toneladas de cianuro por día, que se depositará en el medio ambiente. ¿Te imaginas ocho toneladas de cianuro durante 10 años?” dijo ante las cámaras el coordinador de la Alianza Centroamericana Contra la Minería, Pedro Cabezas. Detrás de él había una gran pancarta verde y blanca del Frente Nacional Contra la Minería de El Salvador. “Esto terminará en las cuencas hídricas de El Salvador. Será una verdadera tragedia durante décadas”.

En particular, los activistas antiminería expresaron su preocupación por el tamaño de la pila de relaves y desechos incluidos en los planes para la mina Cerro Blanco. La pila de desechos sería una de las más grandes del país y correría el riesgo de escurrirse y derrumbarse durante la temporada de lluvias, en la que a menudo se producen fuertes aguaceros.

“La mina significará la muerte”, dijo a Truthout Nelly Rivera, de la Asociación de Mujeres Ambientalistas, después de la reunión. “El río Lempa abastece de agua a 3 millones de salvadoreños. Esta agua ha sido fuente de trabajo, de sustento, de vida. Y si no tienen esto, ¿qué les queda? Tendrán que irse”.

El impacto potencial se ve agravado por el hecho de que actualmente la minería está prohibida en El Salvador. El Congreso nacional prohibió la minería metálica en una legislación histórica de 2017. Y, sin embargo, el agua de El Salvador aún podría verse afectada por la mina guatemalteca.

Pero aún no es un trato cerrado.

Ciudad de Guatemala

El nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, prestó juramento el 15 de enero, después de una prolongada pelea con la fiscal general Consuelo Porras, quien en repetidas ocasiones intentó bloquear primero su candidatura y luego su victoria electoral.

Arévalo es hijo del primer presidente electo democráticamente, Juan José Arévalo, quien gobernó el país de 1945 a 1951. Se le atribuye haber iniciado lo que se conoce como la Primavera Guatemalteca, con reformas sin precedentes que otorgaron a los ciudadanos del país mayores derechos democráticos. que nunca antes. Esta experiencia, sin embargo, terminó abruptamente con un golpe de estado respaldado por Estados Unidos en 1954, que fue, en parte, impulsado por la corporación bananera estadounidense United Fruit.

Ahora, el presidente Bernardo Arévalo ha prometido renovar el sueño de su padre. También se comprometió a revisar todas las licencias mineras aprobadas bajo la administración anterior.

Una mañana de marzo, Yony Barrera y una pequeña delegación de Asunción Mita, incluidos otros tres miembros del Comité Ambiental de Asunción Mita y Julio González, del Colectivo Ecologista Madre Selva, se dirigieron a la Ciudad de Guatemala para reunirse con miembros del nuevo gobierno de Arévalo.

La reunión se llevó a cabo en las oficinas del diputado José Alberto Chic Cardona, del pequeño partido de centro izquierda VOS (Voluntad, Oportunidad y Solidaridad), en el segundo piso de las oficinas legislativas en el centro de Ciudad de Guatemala, a la vuelta del Congreso. Chic era apasionado y directo, vestía traje oscuro, pelo corto, bigote y perilla. Ha expresado serias preocupaciones sobre la mina. Asistieron José Rodrigo Rodas, viceministro del Ministerio del Ambiente y Zuleth Muñoz, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del país.

Se sentaron en una habitación rectangular frente a una larga mesa de madera y discutieron el proyecto minero durante varias horas.

El momento más importante de la reunión fue el mensaje muy claro de Álvaro Morales, director de Minería del Ministerio de Energía y Minas del país.

“El ministerio no ha autorizado un plan minero para Cerro Blanco y no va a autorizar uno en este momento”, afirmó. “Hay muchos pasos por recorrer antes de eso”.

Para los activistas antiminería sentados a la mesa, fue una respuesta agridulce. La mina no va a suceder ahora. Pero no está descartado. Su lucha continúa.

En el pasillo afuera de la oficina del Congreso, después de la reunión, Yony Barrera se reunió con sus compañeros y discutió el futuro. Llevaba una camiseta blanca, una chaqueta azul oscuro y la misma gorra negra que llevaba el día que me llevó a la mina.

Le pregunté qué pensaba sobre la reunión.

“Bueno, estamos a mitad de camino. Pudimos lograr algunas cosas, pero no logramos todo lo que queríamos, que era la revocación de la licencia ambiental”, afirmó. “Quitamos el árbol, pero queríamos cortarlo de raíz para que nunca volviera. Pero seguiremos luchando”.

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