La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó el martes una ley que prevé la deportación de los inmigrantes indocumentados acusados de delitos no violentos, como el hurto en tiendas.
La Ley Laken Riley fue aprobada por 264 votos a favor y 159 en contra, con 48 demócratas que se unieron a los republicanos, entre ellos los representantes demócratas de Texas Henry Cuellar, de Laredo, y Vicente González, de McAllen. La propuesta de ley pasa ahora al Senado el viernes, donde los republicanos tienen la mayoría. Los republicanos controlan 53 escaños y necesitan que siete demócratas del Senado voten a favor para que se apruebe la ley.
El proyecto de ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años de la Universidad de Augusta en Georgia que fue asesinada en febrero de 2024 por José Antonio Ibarra, un venezolano de 26 años que cruzó la frontera entre Estados Unidos y México a través de El Paso en 2022.
Meses antes del asesinato, Ibarra fue detenido por un delito de hurto en un Walmart de Georgia, pero posteriormente fue puesto en libertad.
Ibarra fue declarado culpable del asesinato de Riley y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en noviembre.
«La muerte de Laken Riley fue una tragedia sin sentido y evitable, y ahora que su asesino está entre rejas, le debemos a Laken hacer todo lo posible para garantizar que ningún inmigrante que entre ilegalmente en el país y cometa un delito tenga nunca la oportunidad de hacer daño a estadounidenses inocentes», dijo en un comunicado el senador John Cornyn, de Texas.
Aunque los estudios demuestran que los inmigrantes recientes en Estados Unidos cometen delitos en menor proporción que los ciudadanos nacidos en el país, el asesinato de Riley se convirtió en un grito de guerra para que los legisladores conservadores adoptaran leyes de inmigración más estrictas.
Según un análisis de Alex Nowrasteh -vicepresidente de estudios de política económica y social del think tank libertario Cato Institute-, los inmigrantes indocumentados de Georgia son encarcelados por homicidio a un ritmo de 61 por cada 100.000 personas, frente a 90 por cada 100.000 en el caso de los inmigrantes legales y los ciudadanos estadounidenses.
«Las cifras indican que los inmigrantes ilegales no constituyen una amenaza criminal desproporcionada, que no aumentan los índices de delincuencia y que la aplicación adicional de las leyes de inmigración normales no reducirá los índices de delincuencia», escribió Nowrasteh en su análisis.
El año pasado, cuando se presentó un proyecto de ley idéntico en la Cámara de Representantes, 37 demócratas votaron a favor del proyecto, incluidos tres demócratas de Texas.
El aumento del apoyo de los demócratas este año significa que algunos demócratas están dispuestos a apoyar la agenda de inmigración del presidente electo Donald Trump, que incluye deportaciones masivas de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que hay en Estados Unidos.
En la actualidad, cualquier inmigrante -incluidos los residentes legales permanentes- que cometa delitos graves o violentos -como delitos con agravantes, posesión de drogas o conducción bajo los efectos del alcohol- puede ser detenido y, en última instancia, deportado. Sin embargo, la propuesta actual pretende ampliar el proceso de deportación exigiendo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que detenga a los inmigrantes indocumentados acusados de delitos menos graves, como robo, hurto o hurto en tiendas.
La propuesta también permite a los fiscales generales de los estados demandar al gobierno federal si las autoridades federales ponen en libertad a un inmigrante que entró ilegalmente en EE.UU. y posteriormente comete otros delitos.
Una mayoría de demócratas y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes criticaron el proyecto de ley, afirmando que se trata de una propuesta antiinmigración disfrazada de medida de seguridad pública.
«Se trata de un juego político en su peor expresión, que tiende una trampa a los legisladores explotando una tragedia», dijo Kerri Talbot, codirectora ejecutiva de Immigration Hub, una organización nacional que aboga por políticas de inmigración justas. «Este proyecto de ley arma el sistema de justicia para encarcelar a los inmigrantes por infracciones menores, faculta a los extremistas para reescribir la política de inmigración, y desgarra las familias que durante mucho tiempo han llamado a este país su hogar.»
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