Todo apunta a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se prepara para tomar control de la fuera prisión de mujeres del Área de la Bahía, ahora clausurada, para concentrar personas inmigrantes detenidas, a pesar de sus condiciones tóxicas y de contar con un historial documentado de abuso.
La Institución Correccional Federal de Dublín (FCI, por sus siglas en inglés), ubicada a una hora de San Francisco, fue clausurada en abril de 2024 tras demandas, denuncias e inspecciones que revelaron violencia sexual desenfrenada, así como moho, asbesto y fugas de aguas residuales. La prisión era tan notoria que tanto las mujeres encarceladas como el personal de la Oficina Federal de Prisiones (BOP) que trabajaban en la prisión y en todo el país la apodaban el «club de las violaciones».
Ahora, a pesar de su peligrosa condición y su terrible legado, el ICE parece estar considerando la instalación para un nuevo uso.
Un documento federal con fecha del 14 de agosto de 2024 muestra que dicha agencia y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, también por sus siglas en inglés) emitieron una solicitud de información para ayudar a identificar posibles centros de detención que alberguen a extranjeros e infractores de inmigración a menos de dos horas de las oficinas locales del ICE, incluida la de San Francisco.
Si bien aún no existe un contrato público entre esta agencia y la BOP para utilizar la FCI de Dublín, defensores del Área de la Bahía citan esta solicitud, así como un patrón de mayor colaboración entre ambas agencias, como fundamento de sus temores de que el ICE reabra la prisión. Un Memorando de Entendimiento garantiza la máxima cooperación, y varias otras prisiones federales, como las FCI de Miami, Atlanta y Filadelfia, han sido recientemente subcontratadas al DHS para uso de aquella agencia de inmigración.
La BOP tiene un historial de colaboración con ICE para albergar a personas inmigrantes detenidas en instalaciones ya sobrepobladas. En 2018, el ICE comenzó a detener a cientos de personas inmigrantes en la Prisión Federal de Victorville, California, a pesar de las objeciones del personal penitenciario. Muchos empleados de la BOP siguen oponiéndose a estos acuerdos, alegando la escasez de personal, la falta de capacitación para trabajar con migrantes, el incumplimiento de promesas financieras y objeciones morales personales.
Según un miembro del sindicato, que pidió permanecer en el anonimato, el ICE utiliza las prisiones federales “como una forma de eludir ciertas obligaciones que tiene con los detenidos. Una vez que se envía a un detenido a una prisión, este tiene que operar bajo el sistema penitenciario… y eso lo cambia todo en cuanto a sus necesidades”.
Si el ICE asume el control de la FCI Dublin, es probable que la agencia subcontrate a una empresa penitenciaria privada externa para su operación. Un informe de la ACLU de 2024 titulado “Resistencia, represalias, represión” señala que los seis centros de detención del ICE en California son operados por contratistas privados. Desde el lanzamiento de su Base de Datos de Detención de Inmigrantes de California en 2023, la ACLU ha recibido 485 denuncias de abuso de detenidos alojados en estos centros, incluyendo informes de condiciones peligrosas, negligencia médica y represalias por denunciar.
Un ex detenido, José Rubén Hernández Gómez, pasó más de un año bajo custodia del ICE, pasando de una instalación a otra antes de llegar al Anexo Golden State.
Hernández Gómez detalló el trato que recibieron él y otros: «hicieron una huelga de hambre de 35 días para protestar por las peligrosas condiciones en el interior. [Ellos] hicieron una huelga de hambre porque nadie debería ser sometido a la crueldad implacable y deshumanizante del ICE».
Como resultado de la «brutal respuesta» del ICE y de Geo Groups a su huelga de hambre, Hernández Gómez, quien ingresó al centro de detención siendo un hombre sin discapacidad, ahora necesita un bastón para caminar y padece múltiples problemas de salud mental. Está demandando a GEO Group Inc., con el apoyo de la Colaborativa de California para la Justicia de los Inmigrantes (CCIJ), para aumentar los salarios de los detenidos y mejorar las condiciones.
Condiciones tóxicas, advertencias ignoradas
El personal que aún trabaja en la FCI Dublin informa que un equipo comenzó a desmantelar partes de las instalaciones en los últimos dos meses, «rompiendo las baldosas y alterando el asbesto». No está claro para quién trabaja este equipo; lo único cierto es que no eran empleados de la BOP. Además, la forma en que llevaron a cabo el “proceso de descontaminación” no solo aumentó la exposición del personal al moho y al asbesto, sino que también causó que el asbesto contamine mobiliario y equipo que fue retirado y transferido a otras prisiones.
Si bien la exposición diaria a estos materiales tóxicos en un edificio en ruinas no fue el tema central de las demandas que llevaron al cierre de la prisión, un tribunal finalmente dictaminó que la FCI Dublin no era un lugar habitable. Las inspecciones revelaron moho, aguas residuales expuestas, paredes dañadas por el agua y asbesto que se dispersó en el aire al pulir los pisos. ¿La solución de la administración, según varios denunciantes? Dejar de pulir los pisos.
Un denunciante, identificado en el tribunal como Ex1, identificó un empeoramiento del moho en los edificios de Educación y Tratamiento de Drogas. Se observaron pequeñas manchas en la Unidad de Vivienda Especial, las oficinas administrativas y el campamento de prisioneros. Otro miembro del personal, Ex5, describió haber trabajado en una unidad portátil que «olía a moho» y goteaba durante las tormentas. Después de analizar los niveles de moho con un kit casero, dijo que lo amenazaron con cargos criminales por «robo de propiedad pública». Posteriormente, obtuvo una indemnización laboral por sinusitis crónica relacionada con la exposición al moho.
Dos inspecciones realizadas en marzo de 2024 por Titan Environmental Solutions, una empresa contratada regularmente por agencias federales, confirmaron la presencia generalizada de moho y asbesto en las unidades A, B y C. Los inspectores encontraron moho en casi todas las áreas de alto tráfico, incluyendo duchas, baños, la cocina, la unidad médica, pasillos y oficinas del personal.
El entonces director interino de la Oficina de Prisiones, William Lothrop, testificó ante el tribunal que las instalaciones requerían reparaciones por valor de decenas de millones de dólares antes de poder reabrir de forma segura.
En una carta conjunta dirigida a la secretaria del DHS, Kristi Noem, los representantes estadounidenses Mark DeSaulnier y Zoe Lofgren escribieron: “Según la propia Oficina de Prisiones (BOP), el Centro de Detención de Inmigrantes (FCI) de Dublín simplemente no es seguro para habitar y, por lo tanto, debería cerrarse a todos los habitantes o fines gubernamentales”.
Respuesta y resistencia de la comunidad
Las personas defensoras afirman que convertir el sitio en un centro de detención de inmigrantes no sólo pondría en riesgo a las personas, sino que también truncaría las victorias comunitarias logradas con tanto esfuerzo. Hace siete años, organizaciones comunitarias presionaron con éxito para cerrar el último centro de detención del ICE en el norte de California.
“La comunidad ya se está movilizando para decir: ‘No aceptaremos esto’”, declaró una abogada del CCIJ. “No queremos que el ICE encarcele a personas en nuestras comunidades”. Añadió que, de reabrirse la FCI de Dublín, el ICE quedaría expuesto al mismo tipo de recurso legal que el CCIJ interpuso en 2023, y se podría ordenar nuevamente el cierre de la instalación debido a los continuos riesgos ambientales.
El 1 de marzo, cerca de 500 manifestantes protestaron frente a la prisión federal de Dublín. «No somos criminales», decía el cartel de uno de ellos.
Esta semana, el Consejo Interreligioso de San Francisco emitió un comunicado exigiendo el cierre permanente de la prisión federal de Dublín y rechazando cualquier plan para convertirla en un centro de detención del ICE.
A medida que aumentan los desafíos legales y las iniciativas de organización local, los defensores afirman que los planes del ICE no quedarán sin respuesta y que la lucha para mantener cerrada la prisión federal de Dublín apenas comienza.
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