Nota del editor: El siguiente artículo fue publicado originalmente por Pablo De la Rosa del Border Chronicle el 10 de Marzo del 2026.
Las redadas y detenciones de ICE, junto con un asesinato de gran repercusión mediática, han llevado a los residentes del Valle del Río Grande a movilizarse, incluyendo incluso a algunos republicanos locales.
En octubre, agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas actuaron simultáneamente allanando seis negocios de ropa usada en McAllen, Texas, en el Valle del Río Grande. La agencia detuvo a cientos de personas, según los medios de comunicación y testigos. ICE nunca reveló cuántas personas fueron detenidas.
Las redadas marcaron un punto de inflexión para la comunidad mexicoamericana de la región, según Dani Marrero Hi, subdirectora de La Unión del Pueblo Entero (LUPE), una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes con sede en el Valle del Río Grande.
“Nos impactó la enorme cantidad de personas que arrestaron, incluyendo ciudadanos estadounidenses y personas que estaban tramitando su documentación”, dijo Marrero. “Había familiares que decían: ‘Oye, nuestro padre es ciudadano estadounidense’. Pero los agentes se los llevaron de todos modos”, dijo. “Esto ha activado a la gente de aquí para decir: ‘Tenemos que hacer algo’”. LUPE reconoce que ropa usada fue la chispa que encendió su .proyecto de “Valle Fuerte, Valle Libre” que ha movilizado a voluntarios en toda la región para entregar miles de kits informativos —que abarcan las libertades civiles y los derechos constitucionales— puerta a puerta en sus vecindarios.
Poco después de las redadas, los jueces comenzaron a desestimar los cargos. En febrero, el juez de distrito estadounidense Drew B. Tipton dictaminó que los fiscales habían acusado de desestimar los cargos de fraude de visa contra 16 personas detenidas en la redada de ICE, acusando a personas de delitos que nunca habían cometido.
Los abusos por parte de la Patrulla Fronteriza y de ICE han sido desenfrenados durante décadas en el Valle del Río Grande, y hace mucho tiempo que se han normalizado. Ambas agencias han reclutado masivamente a residentes latinos de la frontera, quienes a menudo ven estos empleos como una de las pocas vías para obtener un ingreso de clase media.
“Esto está haciendo que mucha gente de nuestra comunidad reflexione sobre lo que hemos aceptado culturalmente durante tanto tiempo”, dijo Marrero. “Muchos, debido a estos incidentes, están diciendo: ‘Ya no estoy de acuerdo con estas cosas. Ya no estoy de acuerdo con este sistema de reclutamiento de jóvenes por parte de [ICE y la Patrulla Fronteriza] en la escuela secundaria o preparatoria. Simplemente pensamos: ‘¿Por qué vemos camiones de la Patrulla Fronteriza y de ICE todo el tiempo? Son parte de nuestra cultura’, y los vemos de una manera tan natural. Y sin embargo, miren, mataron a alguien en nuestra playa, y no nos enteramos hasta un año después porque el gobierno no quiso divulgar información al respecto’”.
Marrero se refería a Ruben Ray Martinez, un ciudadano estadounidense de 23 años de San Antonio, quien fue asesinado a tiros por un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE en marzo de 2025 durante un viaje a South Padre Island con amigos. La agencia nunca reveló públicamente el asesinato de Martinez. En cambio,Newsweek descubrió la historia casi 11 meses después gracias a los documentos obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA) y publicados por American Oversight, una organización sin fines de lucro dedicada a la vigilancia ética.
Denisse Carreon, quien anteriormente trabajó en política, incluso como directora de campo para la campaña de reelección de 2022 del representante demócrata estadounidense Vicente González, ahora es directora de relaciones públicas en Nosotros el Pueblo RGV, un grupo activista de base que se describe a sí mismo como “pro-demócrata” pero “neutral respecto a los candidatos”, y que prioriza “la comunidad” sobre las afiliaciones partidistas. Carreon dijo que incidentes como el de las redada de ropa usada y el asesinato de Martínez están uniendo cada vez más a una coalición bipartidista de personas en la región que se oponen a las políticas de control migratorio de la administración Trump.
En otro caso que ha conmocionado al Valle del Río Grande, Carreon ayudó a organizar una protesta frente al Centro de Detención El Valle en Raymondville el fin de semana pasado, exigiendo la liberación de una familia detenida de McAllen. En 2023, la familia Gámez-Cuéllar ingresó a Estados Unidos como solicitantes de asilo a través del programa CBP One del presidente Biden. El 25 de febrero fueron detenidos tras una revisión rutinaria con funcionarios de inmigración.
Dos de los hijos de la familia, Caleb, de 14 años, y Antonio, de 18, son miembros galardonados del reconocido grupo McHi Mariachi Oro de la preparatoria McAllen, y Joshua, de 12 años, el menor, también es un destacado estudiante de mariachi. Los dos hermanos menores y sus padres fueron enviados al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, a 370 kilómetros al norte de McAllen, mientras que su hermano mayor, Antonio, de 18 años, fue detenido en el cercano Centro de Detención El Valle en Raymondville.
“Esto no es una cuestión política. Es una cuestión moral. Así que, moralmente, esto está mal”, dijo Carreon. “Siento que estamos movilizando a ambos partidos. Al final, no nos importa quién saque a la familia, si son republicanos o demócratas. Todos debemos proteger a la comunidad morena bajo cualquier administración. Nuestra comunidad siempre es la que se ve perjudicada”.
Carreon dijo que organizó la manifestación de Raymondville con organizaciones e individuos de los partidos Republicano y Demócrata, sumándose a un comunicado de prensa emitido por We the People RGV junto con la sección del Valle del Río Grande de los Carnalismo Brown Berets, pidiendo la liberación de la familia.
Entre los republicanos que firmaron el comunicado de prensa se encontraban Sarah Sagredo-Hammond, quien se postuló en las primarias republicanas de 2026 para el Distrito 41 de la Cámara de Representantes de Texas, y Gary Groves, presidente de distrito del Partido Republicano del Condado de Hidalgo y autodenominado republicano MAGA, conocido localmente por organizar mítines de la “Tren de Trump”.
“Los líderes comunitarios están instando a los miembros de la delegación del Congreso del Valle del Río Grande —la representante estadounidense Mónica De La Cruz, el representante estadounidense Vicente González y el representante estadounidense Henry Cuéllar— a que intervengan y aboguen por la liberación de la familia mientras su caso de asilo sigue su curso”, decía el comunicado de prensa.
“La gente tiene miedo. Me pongo en su lugar”, dijo Carreon. “El hecho de que uno haga todo bien y aun así lo detengan genera temor. Miedo en la comunidad a presentarse ante el tribunal. Pero, al respecto, todos, de ambos lados del espectro político, se están uniendo. Eso nos da esperanza. Esperanza de que las cosas mejoren”.
La familia Gámez-Cuéllar fue liberada el lunes, tras una intensa presión pública, los representantes locales del Congreso tomaron medidas. Una persona con conocimiento directo de la situación afirmó que los representantes Henry Cuéllar (demócrata por Laredo) y Joaquín Castro (demócrata por San Antonio) fueron clave para la liberación de la familia. El representante De La Cruz (republicano por McAllen) organizó una conferencia de prensa para destacar la liberación de Antonio, de 18 años, en Raymondville. Respaldado por el presidente Trump, De La Cruz es uno de los dos únicos republicanos elegidos al Congreso por el Valle del Río Grande tras la redistribución del distrito electoral por parte de los líderes republicanos de Texas.
“Este día no debería ser sobre política”, dijo De La Cruz desde detrás de un podio a las afueras del centro de detención de Raymondville, mientras los gritos de “¡justicia para todos!” de los manifestantes resonaban de fondo. “De lo que se trata este día es de políticas de aplicación de la ley con sentido común”.
De La Cruz pidió que se busquen soluciones que incluyan algunas de las mismas políticas que llevaron a la detención de la familia Gámez-Cuéllar por parte de ICE. “Desafío a mis colegas a trabajar juntos para implementar nuevas políticas de control fronterizo que no solo aseguren nuestra frontera, sino que también hagan que nuestras comunidades sean más seguras…”, dijo, y agregó: “Estas dos cosas no tienen por qué ser contradictorias”.
Carreon afirmó que las declaraciones de De La Cruz sobre el caso Gámez-Cuéllar ponen de manifiesto que, si bien algunos republicanos locales pueden estar rompiendo las líneas partidistas para oponerse a la aplicación agresiva de las leyes de inmigración, gran parte de ello puede ser una mera puesta en escena, dado que las elecciones están a la vuelta de la esquina.
De La Cruz ha votado a favor de una mayor financiación para ICE y buscado autorización de trabajo para algunos trabajadores migrantes. Sin embargo, esta es la primera vez que solicita públicamente la liberación de alguien bajo custodia de ICE.
“Sabemos que [De La Cruz] no cree en eso”, dijo Carreon. “Nos van a complacer porque todos quieren nuestros votos. Pero necesitamos una reforma migratoria. Ya es hora. Cada administración nos dice que lo va a hacer, y nunca lo hace. Así que aquí estamos, sin DACA, sin nada. Literalmente sin nada”.
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