Nota del editor: El siguiente artículo fue publicado originalmente por Amy Fischer de Amnesty International el 18 de Septiembre de 2025.
Imagínate huir de tu hogar a Estados Unidos en búsqueda de seguridad, solo para ser desarraigado a la fuerza de nuevo. O imagina vivir en Estados Unidos durante décadas, echar raíces y construir una vida para ti y tu familia, solo para ser separados a la fuerza y enviados a un lugar nuevo en el que nunca han estado. Arrancado de tu comunidad y de todos los esfuerzos que haces para construir una vida, te dicen que te deportan, no a tu país de origen, sino a un lugar donde nunca has estado. Un lugar donde desconoces el idioma y la cultura, donde no tienes familia, ni apoyo, ni promesas de seguridad. Ese miedo es real para miles de personas sometidas a deportaciones a terceros países, una práctica brutal que la administración Trump utiliza como parte de su deshumanizante maquinaria de deportación masiva y su agenda anti inmigrante.
Arrancar a las personas de sus comunidades y expulsarlas por la fuerza a países de los que no son oriundas, sin previo aviso, sin una audiencia justa ni garantías de seguridad, es un fracaso moral y una violación de los derechos humanos.
¿QUÉ SON LAS DEPORTACIONES A TERCEROS PAÍSES?
Las deportaciones a terceros países implican expulsar a personas de EE. UU., no a su país de origen, sino a otro país, a menudo sin acuerdos claros, supervisión ni preocupación por la seguridad de la persona. A partir de julio, el gobierno de EE. UU. deportó a más de 8,100 personas a países que no son su país de origen.
PRINCIPALES PREOCUPACIONES DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS
- Negación del debido proceso: Se deporta a personas sin una audiencia justa, acceso a asistencia legal ni la oportunidad de expresar sus temores de persecución o daño antes de ser expulsadas por la fuerza. Esto es ilegal tanto según el derecho estadounidense como el internacional.
- Riesgo de devolución: Sin el debido proceso ni audiencias individualizadas, Estados Unidos se arriesga a enviar a personas a países donde podrían sufrir graves daños, como tortura, persecución o incluso la muerte. Esta práctica, conocida como devolución, está prohibida por el derecho internacional, incluidas la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Convención contra la Tortura. En algunos casos, las personas pueden ser deportadas de un tercer país a otro (deportaciones en cadena), donde podrían correr peligro.
- Condiciones inseguras: Según un informe de The Intercept, Estados Unidos ha gestionado el envío de personas a al menos 13 países hasta la fecha, 12 de los cuales han sido señalados en informes de derechos humanos del Departamento de Estado de EE. UU. por graves abusos contra los derechos humanos. Por ejemplo, se ha deportado a personas a Esuatini, Sudán del Sur, Panamá y Costa Rica. Más de 200 venezolanos fueron deportados a El Salvador, donde permanecieron detenidos en la infame prisión CEC-OT. La mayoría de las deportaciones a terceros países han sido a México, donde se ha enviado a más de 5700 extranjeros. La Bahía de Guantánamo también se ha utilizado para detener a personas que están siendo deportadas a terceros países, lo que genera preocupaciones adicionales sobre el secretismo y la denegación de acceso legal.
- Falta de transparencia: Muchas de estas deportaciones se llevan a cabo con poco conocimiento o supervisión pública, lo que socava la rendición de cuentas.
- Amenazar con expulsar a un tercer país para fomentar las deportaciones: Se han reportado numerosos casos de agentes del ICE que amenazan con enviar a personas a terceros países para presionarlas a firmar y aceptar la deportación a sus países de origen. Los agentes del ICE están instando a las personas a abandonar sus solicitudes de asilo, obligándolas a elegir entre la deportación a la violencia de la que huyeron en su país de origen o peligros desconocidos en países extranjeros en los que nunca han estado.
- La militarización de la ley: La administración Trump ha utilizado la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley arcaica y problemática, para justificar estas acciones en algunos casos. Ha caracterizado erróneamente a poblaciones enteras, por ejemplo, al etiquetar a los venezolanos como miembros de pandillas.
ESTADOS UNIDOS ESTÁ VIOLANDO SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Las deportaciones a terceros países forman parte de la agenda anti inmigrante del presidente Trump, utilizada para intimidar, silenciar, deportar y desaparecer a inmigrantes. Al igual que las redadas de ICE, los ataques a estudiantes inmigrantes manifestantes y la creación de centros de detención inhumanos como Alligator Alcatraz, esta crueldad es intencional. Su objetivo es obligar a los inmigrantes a vivir con miedo, evitando hospitales, escuelas e incluso el trabajo y los tribunales, llenos del temor de ser arrestados y deportados a un lugar desconocido y posiblemente inseguro. Estas prácticas crueles debilitan a todas nuestras comunidades.
PARA PONER FIN A ESTA CRISIS, ESTADOS UNIDOS DEBE:
- Poner fin a las deportaciones sin el debido proceso: Todas las personas merecen una oportunidad justa de presentar su caso ante un juez. Estados Unidos también debe establecer el derecho a un abogado en los tribunales de inmigración, para que nadie tenga que librar una batalla legal de vida o muerte sin representación.
- Detener las expulsiones a terceros países sin garantías: Nadie debería ser enviado a un país a menos que sea seguro y su gobierno sea capaz de proteger sus derechos.
- Restablecer la transparencia y la rendición de cuentas: El público merece saber cómo se toman estas decisiones y los sistemas legales deben respetarse.
- Cambiar el sistema: Debemos rechazar estas prácticas por completo y trabajar para construir un sistema de inmigración basado en la dignidad, la seguridad y la justicia.
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