El 12 de febrero de 2026, seis demandantes sin hogar, y “Ktown para todos” obtuvo una victoria sorprendente en un tribunal federal contra la ciudad de Los Ángeles en el caso,García contra la ciudad de Los Ángeles. El tribunal dictó una sentencia contra la ciudad porque había falsificado cientos, sino miles, de registros para ocultar y justificar su práctica de desechar las pertenencias de las personas sin hogar que vivían en campamentos en toda la ciudad, de conformidad con la Ordenanza 57.11 de Los Ángeles, que exigía la eliminación de “artículos voluminosos”.
Los testigos presentes en la sala relataron un momento dramático antes de que la jueza dictara su sentencia. Según los informes, la jueza Fischer se puso de pie detrás del estrado del Tribunal Federal de Distrito de Los Ángeles el 12 de febrero, se quitó la toga negra y exclamó: “Estoy lista para partir. Muéstrenme dónde guardan las pertenencias que les confiscaron a las personas sin hogar durante las limpiezas de sus campamentos”.
Poco después, el juez Fischer dictaminó que el caso de la ciudad debía ser desestimado sin juicio y dictó sentencia a favor de los demandantes. El intento de la ciudad de engañar al tribunal fue una operación masiva y calculada; no sólo se modificaron o falsificaron los registros, sino que se crearon narrativas completas para justificar su eliminación, como la reclasificación de los artículos como “riesgos biológicos”.
La destrucción de propiedades es un gran negocio.
Se trata de una cifra subestimada, pero la cifra oficial indica que 17,000 residentes vivían al aire libre o en vehículos en Los Ángeles en 2019. (Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles, Recuento de personas sin hogar del Gran Los Ángeles de 2019: Resumen de datos: Ciudad de Los Ángeles 1 (2020)). Según la evidencia en el caso García , la ciudad gastó 31 millones de dólares en la limpieza de campamentos este año. También destinó casi 5 millones de dólares a la supervisión policial de estas operaciones. En los últimos años, se han destinado aún más recursos públicos a la destrucción de propiedades, superando los 50 millones de dólares en 2024.
La destrucción y el destrozo de las pertenencias de las personas sin hogar implican un vasto gasto en todo el estado. Desde 2021-22, la legislatura de California ha proporcionado mil millones de dólares para “limpiar” los campamentos, a pesar de que las personas sin hogar —aquellas que deben vivir al aire libre o en vehículos debido a los costos inalcanzables de la vivienda y a los albergues saturados— no tienen acceso a instalaciones de almacenamiento ni a la eliminación de basura.
García ha seguido décadas de litigios en otros tribunales que prohibían la práctica de tirar las pertenencias de las personas sin hogar. La ciudad no podía legalmente defender la destrucción de la propiedad. La Constitución de los Estados Unidos protege claramente la propiedad de ser confiscada y destruida por el gobierno, incluso si usted no tiene hogar y vive en la calle, como lo dictaminaron los tribunales durante décadas antes de este caso.
¿Por qué es importante García?
El engaño al tribunal en este caso se comprende con mayor claridad como una práctica que consuma el engaño de la Ciudad hacia sí misma en su brutal guerra contra los residentes sin hogar: la Gran Mentira de que la Ciudad busca “ayudar” a las personas que viven a la intemperie. El gran sector inmobiliario —esos intereses que luchan por mantener su dominio mientras los votantes de la ciudad reclaman nuevas iniciativas para construir viviendas asequibles y ofrecer servicios— ha dictado desde hace mucho tiempo la política de los promotores multimillonarios en Los Ángeles.
De hecho, está bien documentado que CUIDADO+ está diseñado e implementado para destruir campamentos y expulsar a la gente de los lugares donde viven, provocando desalojos forzosos cada dos o tres días.
Kristy Lovich, artista y organizadora comunitaria de Los Ángeles, presenció la destrucción cuando comenzó a trabajar para LAHSA (Agencia de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles) como supervisora de extensión comunitaria.
“Quizás fui ingenua. Pensé que tendría servicios que ofrecer”, reflexionó recientemente en una entrevista. “Hablaban de ‘crear relaciones’ para que la gente sintiera cierta conexión y hubiera seguimiento. Pero fue extremadamente difícil porque no teníamos refugio ni vivienda que ofrecer. Vi el daño que se estaba causando con CARE+ e intenté reducir la intensidad de los desalojos para que la gente no perdiera sus pertenencias”.
Tras presentar quejas sobre el daño que estaba causando CARE+, Kristy Lovich fue despedida de LAHSA y se unió al activismo en LA Community Action Network (LA CAN), donde se ha involucrado en la organización de iniciativas en torno a las personas sin hogar y el derecho a la vivienda.
La conclusión
Ktown for All, una organización comunitaria liderada por voluntarios que brinda asistencia directa y defensa política a las personas sin hogar de Koreatown, se unió como demandante en el caso García. Ktown for All es un reflejo de los tiempos que corren: una muestra de la creciente coordinación entre organizaciones y coaliciones que se alzan para proteger a los residentes vulnerables de la ciudad, ya sean personas sin hogar, inquilinos con dificultades para pagar el alquiler y al borde del desalojo, o inmigrantes perseguidos y detenidos por ICE. Esta unidad está protegiendo a las personas en sus barrios.
Ktown for All está aliada con organizaciones y coaliciones como Keep LA Housed, una coalición de inquilinos que se están organizando para una Declaración de Derechos de los Inquilinos, y la Coalición de Autodefensa Comunitaria una coalición de 50 organizaciones que se unieron para brindar apoyo y defensa para garantizar la seguridad y los derechos de todos los inmigrantes, independientemente de su estatus.
Yusra Murad, organizadora de comunicaciones de Inquilinxs Unidxs por Justicia (también conocida como Inquilinos Unidos por la Justicia), con sede en Minneapolis.) Resume las lecciones que estamos aprendiendo.
“La forma en que garantizamos la vivienda para todos tiene que ver con el poder: quién lo tiene y quién no, y qué se necesitaría para corregir los desequilibrios de poder que nos amenazan a todos”, afirma Murad. “Ya sea mediante desahucios, deportaciones, gentrificación o una crisis climática, nuestro objetivo es proteger a las personas del desplazamiento”.
El Tribuno del Pueblo le trae artículos escritos por individuos y organizaciones, junto con nuestros propios reportajes. Los artículos firmados reflejan los puntos de vista de las y los autores. Los artículos sin firmar reflejan los puntos de vista del consejo editorial. Por favor, dé crédito a la fuente al compartir: tribunodelpueblo.org. Todos somos voluntarios, sin personal remunerado. Haga una donación en http: //tribunodelpueblo.org/ para seguir ofreciéndoles las voces del movimiento porque ningún ser humano es ilegal.
