Nota del editor: El siguiente artículo fue publicado originalmente por Gabb Schivone en el Border Chronicle el 3 de diciembre de 2024.
Los estados liderados por republicanos han desplegado sus agencias policiales en la frontera, atendiendo el llamado a las armas del gobernador de Texas Greg Abbott. Con los planes de deportación masiva de Trump en ciernes, ¿qué papel desempeñarán?
En enero, el Departamento Militar de Texas se apoderó del parque Shelby de 47 acres, cerca del centro de Eagle Pass, en contra de los deseos de la ciudad. Las autoridades estatales desplegaron rollos de alambre de púas y desplegaron policías y soldados de la Guardia Nacional. El gobernador de Texas Greg Abbott también construyó una base militar cerca del parque, que bordea el Río Grande.
En una carta de mediados de noviembre, la comisionada de tierras de Texas, Dawn Buckingham, anunció que el estado proporcionaría una parcela de 1.402 acres de tierra para los campos de deportación del presidente electo Trump, a 240 millas al sur de Eagle Pass, en el condado rural de Starr. Buckingham ofreció tierras estatales adicionales para los amplios planes de la administración entrante para operaciones de deportación y control interno, o lo que ella llamó “el procesamiento, la detención y la coordinación de la mayor deportación de criminales violentos en la historia de la nación”.
Sin embargo, los estudios han demostrado que los inmigrantes indocumentados cometen menos delitos que los ciudadanos estadounidenses. Si Trump deporta a 11 millones de personas, como ha dicho repetidamente que tiene la intención de hacer, muchas de las personas a las que se dirige probablemente provengan de familias de estatus mixto con profundos vínculos en sus comunidades, no delincuentes.
En marzo de 2021, Abbott lanzó la Operación Estrella Solitaria, una iniciativa de 11 mil millones de dólares financiada por los contribuyentes de Texas, para convertir a la Guardia Nacional y a la policía estatal en agencias de control de la inmigración y convertir las cárceles estatales en centros de detención de inmigrantes. Desde entonces, otros estados liderados por republicanos han desplegado a sus agentes en las comunidades fronterizas de Texas y han amplificado la retórica racista sobre la “invasión fronteriza”.
Ahora que Texas ha prometido tierras para los campos de deportación de Trump, Florida y otros estados liderados por republicanos pronto podrían hacer lo mismo. Después de todo, han pasado los últimos tres años operando como una fuerza cuasi fronteriza para la Operación Estrella Solitaria de Abbott. Si otros estados se unen a Texas en la deportación masiva, esto pondría a prueba aún más los límites de la reutilización de las agencias policiales estatales como agentes de control de inmigración. Los tribunales han dictaminado repetidamente que la aplicación de las leyes de inmigración es competencia exclusiva de las agencias federales.
A pesar de estos fallos, al menos 14 estados liderados por republicanos han enviado personal a Texas durante los últimos tres años para hacer cumplir las leyes de inmigración. Los estados incluyen Arkansas, Idaho, Iowa, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia, Virginia Occidental y Mississippi. Pero ningún otro estado ha enviado más agentes que Florida, que, como Texas, ha adoptado la política MAGA de estilo autoritario, a pesar de que el gobernador del estado, Ron DeSantis, está en desacuerdo con Trump, su ex oponente en la elección presidencial.
Durante los últimos tres años, Florida ha desplegado un pequeño ejército de agencias para ayudar a Texas a militarizar la frontera: oficiales armados de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida patrullan la ribera del río en Eagle Pass en hidrodeslizadores de fondo plano. También hay personal de la Guardia Nacional de Florida, el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, la Patrulla de Carreteras de Florida, la División de Gestión de Emergencias de Florida… “lo que se te ocurra”, dijo DeSantis, refiriéndose a la vertiginosa cantidad de agencias que su administración ha desplegado a más de 1.200 millas fuera de las fronteras estatales.
Después de que Abbott lanzara la Operación Lone Star en 2021, DeSantis envió decenas de policías estatales de Florida a Texas. Año tras año ha renovado y mejorado el compromiso. En febrero, DeSantis se jactó de haber enviado 2.400 agentes de las fuerzas del orden a Texas, junto con 600 “activos” como barcos, vehículos todo terreno y autobuses de comando.
DeSantis incluso resucitó la Guardia Estatal de Florida, extinta desde la época de la Segunda Guerra Mundial. El nuevo director de la agencia dijo que la Guardia Estatal estaba siendo entrenada como “una organización de soldados profesionales” para gestionar la “crisis” en la frontera de Texas. La Legislatura de Florida aumentó el presupuesto de la Guardia Estatal en más del 1.000 por ciento, de 10 millones de dólares a 108 millones de dólares, para incluir un pequeño arsenal de cinco aviones y barcos.
“Estamos trabajando con Texas”
Al final del Título 42, la norma de la era COVID para expulsar a los migrantes sin un proceso de asilo, Abbott describió “la negligencia de Joe Biden hacia la seguridad nacional de Estados Unidos” como la base de su llamado de mayo de 2023 a los gobernadores estadounidenses para que ayuden en su cruzada en la frontera. “Cada estado es un estado fronterizo”, dijo Abbot en su súplica a los demás gobernadores.
“Los impactos de la crisis fronteriza de Biden se sienten en las comunidades de todo el país, y la abdicación del deber del gobierno federal socava la soberanía de nuestro país y el estado de derecho”, dijo DeSantis en mayo de 2023, en otra ronda de envío de policías estatales de Florida a Texas.
Pero algunos floridanos se han mostrado disgustados, desde ciudadanos comunes hasta un miembro del Consejo Asesor de la Patrulla de Carreteras de Florida que destacó la escasez de personal como resultado del “enorme desperdicio de recursos” de DeSantis. En febrero, la columnista del Miami Herald Fabiola Santiago, refiriéndose a DeSantis, escribió: “No está aportando soluciones a los desafíos migratorios del país. Está exacerbando las divisiones que se extienden más allá de Eagle Pass, una ciudad fronteriza lejos de casa, donde DeSantis no pertenece y sus fuerzas armadas no son necesarias”. Agregó que el continuo fomento de la retórica invasora de derecha por parte de DeSantis estaba “dañando profundamente al país”.
Para algunos tejanos, ver a oficiales de Florida en su estado es alucinante e irritante. “¡¿Patrulla de Carreteras de Florida?!”, exclamó un molesto Samuel Vielma mientras leía la insignia en el coche patrulla del policía que lo detuvo un día en el sur de Texas a una milla de la frontera, pidiéndole su identificación. “¿Qué diablos hace Florida aquí?”, preguntó desconcertado.
“Estamos trabajando con Texas”, dijo el policía.
Después de que el video se volviera viral, Vielma le dijo al Tampa Bay Times que el policía de Florida lo había discriminado racialmente y agregó que lo habían tratado peor que los oficiales de la Patrulla Fronteriza que lo detuvieron.
Las autoridades de Florida han sido cautelosas sobre lo que realmente se les permite hacer a los policías en Texas, y a menudo remiten cualquier pregunta al Departamento de Seguridad Pública de Texas. Oficialmente, “ayudan” a las fuerzas del orden de Texas con tareas relacionadas con la inmigración (establecer “contacto” o “interactuar” con los migrantes), así como con la aplicación de las leyes de tránsito y el manejo de accidentes de vehículos.
Pero, ¿qué pasa si la policía estatal de Florida participa en los planes de deportación de Trump? Irónicamente, los policías trabajan bajo más regulaciones que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Como oficiales de policía estatal, están certificados por la Comisión de Normas y Capacitación de Justicia Penal de Florida, una de las muchas juntas en todo el país que otorga licencias a los oficiales de policía.
La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos no tiene una agencia certificadora de ese tipo. Los agentes son contratados a discreción de los jefes de sector y de estación, que varían de un sector a otro a lo largo de la frontera. Como en la mayoría de los estados, los policías de Florida (incluidos los estatales) deben volver a certificarse periódicamente. También pueden ser llamados ante la junta (generalmente referidos por departamentos individuales) para medidas disciplinarias.
En teoría, si un policía de Florida abusó de una persona que cruzó la frontera de alguna manera, se le podría quitar la certificación, lo que significa que ya no podría ejercer la aplicación de la ley en ningún lugar del estado, y posiblemente en ningún otro departamento de la nación.
Sin embargo, incluso con estas medidas disciplinarias, muy pocos agentes de policía son descertificados. Como se señaló en un artículo de este reportero publicado en The Intercept el otoño pasado, solo el 18 por ciento de los agentes involucrados en asesinatos de alto perfil desde 2014 fueron despojados de su licencia. De ellos, el 37 por ciento fueron descertificados después de las reformas policiales instituidas después del asesinato policial de George Floyd en 2020.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza, que son omnipresentes en las comunidades fronterizas, tienen mucha menos supervisión y enfrentan poca rendición de cuentas. En 2023, la Legislatura de Texas aprobó una ley que nominalmente otorga a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos el estatus de agente de paz. El único problema es que, a diferencia de otros agentes de policía, los agentes de la Patrulla Fronteriza no tienen licencia, por lo que una junta estatal no puede despojarlos de ella.
Los agentes federales de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que componen al menos el 15 por ciento de toda la fuerza policial nacional de Estados Unidos, no están certificados. Eso significa que más de 50 años de cambios graduales e importantes en la rendición de cuentas policial en todo el país se pierden para estos agentes, que son conocidos por sus altos niveles de corrupción y brutalidad, y que gozan de una impunidad única en la frontera entre Estados Unidos y México.
Al igual que los agentes de patrulla involucrados en asesinatos que impulsaron las protestas de Black Lives Matter, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que incluye a la Patrulla Fronteriza, han estado involucrados en al menos 316 asesinatos entre 2010 y agosto de 2024, según la Southern Border Communities Coalition. Pocos agentes, si es que hubo alguno, han sido despedidos por estas muertes.
El teatro fronterizo a un alto precio
Las actividades de los agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida en Texas se reducen en su mayoría a teatro fronterizo. En febrero, un equipo de investigación periodística de Orlando viajó sin previo aviso a Eagle Pass para seguirlos. Dentro de la “zona segura” del parque Shelby, cerrado y vigilado, el equipo contó seis vehículos de la Patrulla de Carreteras de Florida estacionados y vio al menos a un agente aburrido mirando un video en su coche patrulla. El equipo contó otros 14 coches patrulla estacionados en un hotel local, pero ningún inmigrante indocumentado.
En cualquier momento dado, hay alrededor de 76 agentes, o el 4 por ciento de las fuerzas de carreteras estatales de Florida, desplegados en el sur de Texas en áreas como Del Río y Eagle Pass.
Según informes locales de Florida basados en solicitudes de registros públicos, las agencias estatales gastaron $13,5 millones durante un período de 10 meses en despliegues de Florida en Texas en 2024. No escatimaron en gastos: casi $750,000 en gastos de gasolina y vehículos, aproximadamente $900,000 en comidas y pasajes de avión, y casi $80,000 en uniformes y tintorería.
Una vez que están en Texas, viviendo en hoteles, los policías estatales de Florida ganan alrededor de $10,000 al mes en pago de horas extra. Un policía registró 503 horas, 17 horas al día, ganando $26,000 en un mes.
En lo que respecta a la frontera entre Estados Unidos y México, parece que no se vislumbra un final a la vista, y no se escatimaron gastos, para que las agencias estatales envíen a sus oficiales a Texas para ayudar a crear y contribuir al espectáculo político de un cierre de grado militar en la frontera.
La pregunta sigue siendo si las fuerzas del orden de Florida participarán en la deportación masiva de Trump en la frontera entre Texas y México. Hasta ahora, los funcionarios de Florida, incluido DeSantis, han guardado silencio sobre sus planes. En junio de 2023, mientras competía contra Trump como candidato presidencial, DeSantis visitó Eagle Pass y dijo que autorizaría el uso de la fuerza letal contra los contrabandistas fronterizos, que terminarían “muertos de frío”.
La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, republicana, fue la primera en enviar tropas a la frontera de Texas en 2021, lo que elevó su perfil nacional entre los republicanos del MAGA. El despliegue fue financiado por un megadonante republicano de Tennessee. Noem fue anunciada recientemente como la candidata de Trump para secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. Y Stephen Miller, un arquitecto de la separación familiar durante la primera administración de Trump, ha sido nombrado subdirector de personal de la Casa Blanca para políticas y asesor de seguridad nacional para la administración entrante de Trump. Miller ha dicho que enviarían soldados de la Guardia Nacional a los estados liderados por demócratas que no cumplan con las deportaciones masivas de Trump. Es fácil imaginar cómo las tropas que ya estuvieron en Texas durante los últimos tres años, desde estados liderados por republicanos como Florida, podrían ser desplegadas en lugares como California o Colorado.
En enero, cuando Abbott tomó posesión del parque Shelby, Rolando Salinas, el alcalde de Eagle Pass, se paró frente a las puertas cerradas del parque para contarles a los residentes a través de un video en vivo lo que estaba sucediendo. Era de noche. Detrás de él brillaban los faros brillantes de los Humvees militares que estaban al otro lado de las puertas. Habló por encima del sonido chirriante de los motores diésel al ralentí mientras describía sus conversaciones telefónicas con las autoridades estatales que le notificaban que estaban tomando el “control total” del parque. “Esto no es algo que queríamos. Esto no es algo que pedimos como ciudad. Quiero dejar eso en claro”, dijo Salinas.
Cuando Salinas preguntó cuánto duraría esta misión, recibió una respuesta de una sola palabra: “Indefinidamente”.
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