El siguiente artículo fue publicado originalmente por Aliados Internacionales Contra la Minería en El Salvador en un boletín electrónico enviado el 10 de abril de 2024.
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En audiencia preliminar, el juez confirmó los cargos de asesinato y asociaciónes ilícitas y desestimó un tercer cargo de privación de libertad.
San Salvador — El miércoles 10 de abril, en San Salvador, en una audiencia preliminar para determinar si cinco destacados defensores del agua de la comunidad de Santa Marta deben ser juzgados por un presunto asesinato ocurrido hace más de 34 años durante la guerra civil salvadoreña, un juez confirmó los cargos de asesinato y asociación ilícita contra los cinco defensores del agua y desestimó un tercer cargo de privación de libertad.
Desde su detención, en enero de 2023, simpatizantes de los defensores del agua han liderado una campaña nacional e internacional para exigir que se retiren los cargos y denunciar que su detención tiene motivaciones políticas ante la falta de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República de El Salvador. Estas campañas también han denunciado la falta de derechos legales y del debido proceso bajo el actual “estado de excepción” impuesto por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas y han advertido sobre la intención del gobierno salvadoreño de revertir la prohibición de la minería metálica, por la cual los defensores ambientales ganaron notoriedad internacional en 2017.
El Institute for Policy Studies (IPS) se une a la Alianza Centroamericana sobre Minería (ACAFREMIN), MiningWatch Canadá, la Fundación SHARE, la Iglesia Unida de Canadá y la Washington Ethical Society en condenar el fallo del 10 de abril, pidiendo una vez más que se retiren los cargos en contra de los Cinco de Santa Marta: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega.
El caso ha ganado escrutinio internacional ante acusaciones de que los cargos tienen motivaciones políticas.
El fallo de hoy “confirma nuestra teoría de que detrás de este caso hay motivaciones políticas, y el juzgado de primera instancia de Sensuntepeque – atrapado entre las presiones del Fiscal General y el reclamo de justicia de organismos nacionales e internacionales – no ha tenido otra opción que permitir que el caso pase a juicio ”, dijo Alfredo Leiva, miembro de la junta directiva de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES). “Apelaremos esta decisión inmediatamente ante la Cámara de Segunda Instancia y demandaremos que se revoque el fallo”.
Como antecedente: una investigación a fondo sobre la detención de los Defensores del Agua de Santa Marta, publicado por nueve organizaciones internacionales en enero pasado, concluyó que:
- Entre las más de 70,000 personas que el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha encarcelado en pésimas condiciones y mediante el uso de tortura se encuentran decenas de miles de personas inocentes, incluidos cinco defensores del agua y numerosos líderes sindicales. El gobierno no ha presentado prueba alguna que respalde la detención de los Cinco Defensores del Agua, y los cargos contra ellos deben ser retirados en virtud de la amnistía de 1992.
- Hay pruebas convincentes de que el presidente Bukele desea violar una votación unánime en la legislatura salvadoreña para prohibir la minería en 2017; una medida que pondría en peligro el suministro de agua del país y violaría la voluntad pública.
- El presidente Bukele ha tomado una serie de medidas para reducir la independencia del poder judicial, violar los derechos humanos básicos y suspender las libertades civiles y el estado de derecho, en nombre de proteger a la población de la violencia causada por las pandillas.
El mes pasado, miembros de la comunidad de Santa Marta acompañados por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Centroamérica (IDHUCA), denunciaron el doble rasero de la Procuraduría General de la República al procesar un caso que tiene claras motivaciones políticas contra reconocidos líderes comunitarios que durante décadas han contribuido al desarrollo económico y social de Santa Marta, mientras rehúsan procesar las masacres de guerra bien documentadas donde cientos de hombres, mujeres y niños de la comunidad de Santa Marta fueron asesinados por el ejército salvadoreño.
“Es indignante que el juez permita que este juicio avance a pesar de la falta de pruebas del delito. La comunidad internacional apoya firmemente a los cinco líderes de la exitosa lucha contra la minería, y nos uniremos a los defensores de derechos humanos en el Salvador para continuar la lucha para que se haga justicia en este caso”, afirmó John Cavanagh, asesor senior del Instituto de Estudios de Políticas (IPS) de Washington, D.C.
“Existe un patrón bien documentado de criminalización en todo el hemisferio americano , donde los defensores del medio ambiente son criminalizados con acusaciones infundadas, en un esfuerzo por silenciar su oposición a la minería e impedir su trabajo que afirma la vida protegiendo el agua para las generaciones futuras. Denunciamos firmemente fallo de hoy del caso de Santa Marta”, dijo Viviana Herrera, Coordinadora del Programa de América Latina de MiningWatch Canadá. “Los cinco defensores del agua desempeñaron papeles fundamentales para lograr una prohibición histórica de la minería metálica en El Salvador, y este fallo es una es una clara amenaza a los derechos de todos los y las salvadoreñas que protegen su agua y su medio ambiente. Expresamos nuestro más sentido pesar a los Cinco Defensores del Agua y sus familias y seguiremos pidiendo que se retiren los cargos hasta que queden libres”.
Contactos de prensa:
- John Cavanagh, Institute for Policy Studies: johnc@ips-dc.org, +1 (202) 297-4823
- Pedro Cabezas, Alianza Centroamericana Frente a la Mineria (ACAFREMIN) y Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador: stopesmining@gmail.com, +503-7498-4423
- Olivia Alperstein, Institute for Policy Studies: olivia@ips-dc.org, +1 (202) 704-9011
- Viviana Herrera, MiningWatch Canada: viviana@miningwatch.ca, +1 (438) 993-1264
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