Un reconocido médico y oficial de salud pública del condado de Merced fue reprendido por sus superiores y, finalmente, no se renovó su contrato por hablar públicamente en una reunión de la junta escolar a principios de 2022. El problema era una resolución iniciada por uno de los miembros de la junta escolar que se oponía a mandato obligatorio para vacunación de niños en edad escolar contra el Covid-19. Aunque la resolución fue en gran parte simbólica, tenía motivaciones políticas además de ser ilegal si se implementaba. El médico se pronunció en contra de la medida principalmente porque daba el mensaje equivocado: que la pandemia había terminado y que no había necesidad de vacunar a los niños. En ese momento, solo el 16% de los niños de 5 a 11 años estaban vacunados, una de las peores tasas del estado.
Aunque se afirmó que aquellos que querían vacunar a sus hijos tuvieron ámplia oportunidad para hacerlo, no se mencionaron las barreras para la vacunación. Los padres están confundidos por los mensajes mixtos en las redes sociales y por figuras de autoridad y políticos. Las preguntas e inquietudes legítimas no se han tratado suficientemente. Abundan el miedo a la carga financiera y los costos y la preocupación de ser etiquetados como “cargas públicas”.
Los menos vacunados en las escuelas son los hijos de los pobres. En el condado de Merced, estos niños y sus familias son los más afectados por la pandemia de Covid-19. A menudo viven en hogares hacinados con 3 generaciones, los padres son los “trabajadores esenciales” [algunos dicen que los trabajadores desechables] en labores agrícolas, enlatadoras, procesamiento de alimentos, trabajo doméstico, atención médica y otros trabajos de servicios de baja remuneración. Sufrieron de manera desproporcionada infecciones, hospitalizaciones y muertes, especialmente al comienzo de la pandemia, porque no podían darse el lujo de trabajar desde casa.
Hoy los trabajadores de la salud pública también se han convertido en “personas desechables” si hablan. Desde el comienzo de la pandemia, 17 funcionarios de salud pública y 27 directores de salud pública en los 58 condados de California han sido destituidos u obligados a irse bajo presión. La salud pública y la ciencia en la que se basa están bajo ataque si se interponen en el camino de los negocios como de costumbre, incluso si eso significa dejar que la gente muera. Por eso los mensajeros están siendo silenciados.
Nuestras prioridades están equivocadas y deben ser reorientadas. Todo ser humano es esencial y tiene valor. La prestación de atención médica y el mantenimiento de la salud y la seguridad públicas deben cumplir este propósito. Pero no se termina el asunto ahí. También se debe abordar la obtención de una vivienda adecuada, la seguridad financiera, las oportunidades educativas y otras necesidades humanas básicas. Nuestros funcionarios electos deben escuchar este mensaje alto y claro.
Para abordar estas necesidades, debemos trabajar juntos y cuidarnos unos a otros. El oficial de salud en cuestión puede ser reincorporado porque en un área con escasez aguda de médicos, como el condado de Merced, nadie más quiere el trabajo. Pero hay que proseguir adelante. Asegurémonos de no perder a un padre, abuelo u otro ser querido más por una enfermedad prevenible como el Covid-19.
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