La redada realizada en agosto por la policía local en la redacción del Marion County (Kansas) Record y en el domicilio de su editor conmocionó sin duda a muchos estadounidenses, incluidos casi todos los periodistas. La policía se incautó del equipo electrónico de recogida de noticias y del material informativo del periódico. En el domicilio del director y editor, Eric Meyer, se incautaron de ordenadores, su teléfono móvil y el router de Internet de la casa, y fotografiaron los datos de su cuenta bancaria personal. Su madre Joan, de 98 años, que vivía en casa de Meyer, murió de un paro cardíaco al día siguiente, y Meyer achacó su muerte al estrés de la redada.
Tras la condena pública de al menos 36 organizaciones de medios de comunicación y otros grupos, el fiscal del condado de Marion retiró la orden de registro y pidió a la policía que devolviera el material incautado, y la juez que emitió la orden de registro ha sido requerida por la Comisión de Conducta Judicial del estado para que explique su actuación. Pero esta invasión de una redacción representa una peligrosa escalada en el actual asalto a la libertad de prensa en Estados Unidos.
Aunque Meyer dijo que la redada fue provocada por una disputa entre el periódico y un empresario local (que Meyer ha dicho que mintió), también dijo a los periodistas que cree que la agresiva cobertura del periódico de la política local también desempeñó un papel. Por un lado, señaló Meyer, el periódico había estado investigando recientemente el pasado del jefe de policía de Marion, Gideon Cody, que dirigió la redada.
Penny Muse Abernathy, profesora visitante de la Escuela de Periodismo Medill de Northwestern, declaró recientemente a NPR que periódicos como el Record desempeñan un papel vital en sus comunidades. “Durante 200 años hemos confiado en una red de miles de pequeños periódicos, como el de Marion, tanto para exigir responsabilidades a los funcionarios locales como para dar transparencia a las acciones del gobierno”, declaró.
Whitney Douglas, residente en el condado de Marion, declaró a NPR: “Si la policía consigue controlar la información que se nos permite conocer, ¿a dónde nos lleva eso como cultura?”.
En Estados Unidos (como en otros países), los riesgos que entraña el ejercicio del periodismo no han dejado de aumentar en los últimos años. Según el U.S. Press Freedom Tracker, desde que comenzó a llevar registros en 2017, ha habido un total de 981 agresiones físicas a periodistas en Estados Unidos, incluidos 629 incidentes de periodistas agredidos por la policía y 315 casos de periodistas a los que alguien disparó o disparó. También desde 2017, el Rastreador informa que ha habido 286 incidentes en los que un periodista fue arrestado, 211 casos en los que el equipo de un reportero fue dañado y 196 casos en los que un periodista u organización de noticias fue objeto de una citación u orden legal. También hubo 89 incidentes de registro o incautación de equipos, como el caso del Marion County Record.
Otros tipos de incidentes desde 2017 incluyeron 51 casos de periodistas detenidos en la frontera de Estados Unidos “y sometidos a un control secundario, que puede incluir un interrogatorio prolongado o invasivo sobre su trabajo periodístico, registros de dispositivos electrónicos o exigencias de contraseñas de dispositivos.” El Rastreador también ha registrado este tipo de incidentes desde 2017: declaraciones escalofriantes (amenazas públicas proferidas a reporteros y organizaciones de medios de comunicación por políticos estadounidenses y otras figuras públicas, que pueden hacer que los periodistas se autocensuren) (54 desde 2017); y denegación de acceso a actos gubernamentales tradicionalmente abiertos a la prensa (81).
The Tracker también informa de que las agresiones a la prensa, especialmente por parte de la policía, se dispararon tras el asesinato de George Floyd en 2020, cuando se produjo un repunte de las protestas Black Lives Matter.
El ataque a la prensa también adopta otras formas, incluidos los motores de búsqueda y las plataformas de medios sociales que alteran sus algoritmos para limitar el acceso de los lectores a ciertas publicaciones en línea. The Intercept informó recientemente de que, en un solo año, su tráfico en Facebook se redujo un 53%, y el número de visitantes de su propia página de Facebook cayó un 83%.
Y, por supuesto, el control de la prensa es sólo una parte del esfuerzo general de los poderosos por limitar la libertad de expresión, especialmente el derecho a la protesta (como demuestran las recientes acusaciones contra opositores a Ciudad Cop en Georgia, incluidos algunos acusados simplemente por repartir panfletos).
No puede haber una verdadera democracia sin información precisa sobre lo que ocurre, y una prensa libre es fundamental para obtener esa información. Como dijo una vez el famoso periodista de radio y televisión estadounidense Walter Cronkite (1916-2009): “La libertad de prensa no sólo es importante para la democracia, es la democracia”.
No debería sorprendernos que la democracia, incluida la prensa libre, esté siendo atacada en una época en la que la economía dominada por las empresas está fracasando y millones de personas luchan simplemente por sobrevivir y defender sus derechos humanos básicos. Aquella prensa que es independiente de las corporaciones es especialmente importante en la lucha por crear una democracia real en América y una sociedad que cuide de todos y proteja los derechos de todos. En última instancia, no se puede confiar en los medios de comunicación propiedad de las corporaciones para defender los intereses del pueblo en un momento como éste: esos medios defienden los intereses de las corporaciones. Y aunque defendemos a todos los periodistas que son injustamente atacados, defender a periodistas independientes como Julian Assange es de vital importancia. No ha recibido prácticamente ningún apoyo de los medios corporativos.
Millones de personas se están levantando para defender el derecho de la Primera Enmienda a hablar y publicar. Esto es alentador, pero millones más deben unirse a la lucha para defender y ampliar la democracia. Los multimillonarios y las grandes empresas están decididos a silenciar al pueblo. Si perdemos nuestro derecho a hablar, a publicar y a protestar, será el verdadero fin de la democracia.
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