Han pasado 40 días desde que una de las políticas migratorias de Estados Unidos, conocida como Título 42, llegó a su fin, tras ser sostenido durante dos administraciones. Bajo este estatuto, observamos cómo el principio de no devolución fue negado a cerca de 2.8 millones de personas, quienes fueron expulsadas antes de tener la posibilidad -o, mejor dicho, el derecho– de solicitar asilo en el país, según datos de WOLA (Washington Office on Latin America). Con su fin, se reinstaló nuevamente Título 8, política migratoria que, igualmente, de fondo, podría negar de manera discrecional la solicitud de protección internacional, teniendo como consecuencia incluso, el veto durante algunos años.
Durante los días previos al término de dicha política, desde la frontera de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, colindante con la ciudad de El Paso, Texas, se observó una cantidad importante de personas, en formación, frente al acceso 42 del muro fronterizo que divide a las localidades espejo. Algunos medios locales de comunicación contabilizaron quinientas personas, entre núcleos familiares y personas viajando solas. Algunos meses atrás, el flujo de personas por la zona centro de la localidad, era notorio. A través del ofrecimiento de alimentos y cortes de cabello, el intercambio cultural se daba por sí mismo, en la dinámica del día a día. Hoy, todo es distinto, con el silencio abrumante de una población que flota en respuestas ambiguas, otorgadas por tres países, cuando menos.
Observamos, a la vez, el rol que juega la (des)información por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos. Días previos al 12 de mayo, los rumores de recibimiento a través de dicha puerta, provenían, en gran parte, del comportamiento que autoridades estadounidenses tenían en dos vías: por un lado, el gobernador de Texas, Gregg Abbot, indicó el despliegue de diez mil elementos de la Guardia Nacional Texana a lo largo de la frontera sur del país. Por otro lado, agentes migratorios permitían el ingreso, a cuenta gotas, de personas que se presentaban en el acceso abierto del muro (puerta 40 y 42), sin cita agendada en la aplicación CBPOne. La confusión, la falta de claridad, permitió que muchas personas con necesidad de protección, se entregaran sin contar con toda la información sobre su proceso o certidumbre de su destino al ingresar a dicho país.
Según datos proporcionados por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), desde el 12 de mayo y hasta el 2 de junio, 38, 400 personas fueron repatriadas bajo la normativa de Título 8. En México, por otro lado, aun no tenemos claridad del proceso que, bajo el Plan Humanitario Conjunto sobre Migración (acuerdo realizado entre México y Estados Unidos), están llevando las personas retornadas. Algunos de los testimonios, recolectados en notas de medios locales de comunicación, organizaciones y de las propias personas en movilidad, señalan que el personal del Instituto Nacional de Migración, ha trasladado a la población retornada a localidades del sur del país, en Chiapas, Tabasco y Zacatecas.
Dichos testimonios nos generan alerta, ya que, no solamente son trasladados al sur del país, dificultando, nuevamente, el tránsito de la población por México, exponiéndolos a graves violaciones a sus derechos humanos, como lo es secuestro y extorsión, por diversos actores, sino que, autoridades migratorias del Estado Mexicano, han abandonado a la población, a su suerte, en la carretera, vía pública, supermercados y, básicamente en cualquier sitio no apto para alojar personas. Sin información, sin recursos ni asesoría, las personas optan por buscar su propio refugio. En Ciudad Juárez, la población ha recurrido a guarecerse en edificios o viviendas abandonadas, ante la incertidumbre que generan los espacios de acogida del Estado.
Recientemente, sin muchas explicaciones, sin mucha planeación, se aperturó un nuevo campamento para personas en movilidad, anteriormente asentadas frente al edificio de Presidencia Municipal. Dicho espacio, surgió, según el propio municipio y el Instituto Nacional de Migración, de esfuerzos conjuntos. Sin embargo, tras solicitar información a cada una de las instituciones, no existe claridad sobre el manejo y recursos de dicho espacio. Las condiciones, sobra decir, continúan vulnerando los derechos de niñas, niños, adolescentes y población adulta, pues, a la fecha, continúa la dificultad por acceder a regaderas, agua potable y espacios privados, así como suficientes. Tras un atropellado comienzo, al ser negada la entrada a organizaciones y agencias para ofertar servicios, el municipio permitió el acceso a personal humanitario, únicamente para ofrecer información, más no servicios, ya que se considera que, de hacerlo, las personas querrán permanecer más tiempo en el espacio, prolongando la necesidad del campamento para personas refugiadas.
Si bien, el flujo migratorio que se esperaba tras finalizar Título 42, fue menor, la omisión del deber por parte de autoridades mexicanas, para garantizar la recepción y el acceso digno a servicios básicos de alojamiento y salubridad, así como el derecho a la información sobre su propio proceso, -o cualquier otro derecho- continúa, mientras, a la par, quienes fueran los servidores públicos, titulares encargados de velar por su seguridad, en la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación, han dejado sus cargos en búsqueda de la candidatura de su propio partido. Con desasosiego, el planeta entero continúa en una eterna caminata, en búsqueda de la utopía: vivir con dignidad.
Diana Solís Labrado
Derechos Humanos Integrales en Acción, AC.
Incidencia, análisis e investigación
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