Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente en el Texas Observer en: https://www.texasobserver.org/abbott-wants-to-deny-undocumented-kids-a-public-education/
Los líderes del Partido Republicano de Texas tienen una sádica afición por echar a familias inmigrantes en días festivos. Las pasadas Navidades, el gobernador Greg Abbott transportó en autobús y abandonó a familias inmigrantes en Washington, D.C. El pasado día de San Valentín, el senador de Texas Drew Springer presentó el proyecto de ley SB 923, que cumple el objetivo de la campaña de reelección de Abbott de negar a los niños indocumentados el acceso a la educación pública, a menos que pague el gobierno federal. El proyecto de ley se encuentra ahora en el Comité de Educación del Senado.
Desde el transporte de inmigrantes en autobús y la ejecución de la Operación Estrella Solitaria hasta la construcción del muro fronterizo de Texas y, ahora, sus esfuerzos por expulsar a los niños indocumentados de las escuelas públicas, Abbott ha estado intentando superar al presidente Joe Biden y a los demócratas para demostrar que puede hacer un mejor trabajo que el gobierno federal en la aplicación de las leyes federales de inmigración. Ha enmarcado sus maniobras políticas como un esfuerzo genuino para hacer frente a la carga “insostenible e inasequible” de la inmigración ilegal sobre el pueblo estadounidense. Los demócratas y los principales medios de comunicación liberales han reaccionado ofreciendo un análisis coste-beneficio de la inmigración. Pero al hacerlo, han caído en la estratagema política de Abbott que convierte el problema en los costes de la inmigración en lugar de en el plan del estado de abandonar su responsabilidad de proporcionar servicios básicos como la educación pública a todos los tejanos.
Los demócratas y los principales medios de comunicación liberales como The New York Times y el Dallas Morning News han caído en las tácticas divisorias de Abbott, que nos enfrenta a unos contra otros reduciendo el problema a una mera cuestión de inmigrantes. Por un lado, Abbott argumenta que los niños indocumentados y sus familias son una carga para nuestra sociedad. Por otro, el Dallas Morning News alabó los beneficios económicos que los niños inmigrantes proporcionarían a Texas en el futuro. Eso no es más que un código para decir que los niños inmigrantes son buenos para la economía porque proporcionarán una fuente constante de mano de obra barata y explotable en el futuro. Tal argumento nos atrapa en un bucle de retroalimentación retórica y alimenta el shibboleth de la derecha de culpar a los inmigrantes por robar nuestros puestos de trabajo y recursos. Este pensamiento erróneo nos lleva a luchar entre nosotros por unos recursos y servicios inadecuados mientras los plutócratas de nuestra sociedad, ayudados por el Estado, nos roban cada día.
El SB 923 prohibiría a los niños indocumentados recibir fondos estatales para la educación pública, reteniendo estos fondos de las escuelas públicas. Los distritos tendrían entonces que recurrir al gobierno federal para pagar. El proyecto de ley facultaría a los distritos escolares para hacer cumplir las leyes de inmigración y les daría poder para decidir qué constituye una prueba de nacionalidad. Los distritos escolares denunciarían a los niños que no cumplieran esos requisitos a la agencia educativa estatal. Es una receta para una serie de acciones discriminatorias que afectarían a cualquier niño de una minoría, no sólo a los niños indocumentados.
POR OTRA PARTE, LA TÁCTICA DE ABBOTT HARÍA QUE LOS CIUDADANOS DE TEXAS SEÑALARAN CON EL DEDO A LOS INMIGRANTES, Y NO AL ESTADO, POR NO PROPORCIONAR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD.
La decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. Arizona contra EE.UU. prohíbe a los estados, y mucho menos a los distritos escolares, suplantar la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración. Abbott ha desafiado repetidamente este precedente.
El proyecto de ley también violaría una decisión del Tribunal Supremo de 1982 que garantiza la educación pública gratuita a todos los niños, incluidos los indocumentados. En Plyer contra Doe, el Tribunal Supremo dictaminó que Texas violaba la 14ª Enmienda al negar a los niños indocumentados la igualdad de protección de las leyes que prohíben la discriminación. El tribunal anuló un Código de Educación de Texas de 1975 que permitía a sus distritos escolares cobrar la matrícula a los niños indocumentados.
Aunque la anulación de Roe contra Wade puede indicar a los conservadores la voluntad de revertir otros precedentes, Michael Wishnie -profesor de la Facultad de Derecho de Yale especializado en inmigración, trabajo y derechos civiles- cree que no habría suficiente apoyo judicial para este proyecto de ley.
“El Tribunal Supremo resolvió esta cuestión en Plyler contra Doe. La Constitución prohíbe este tipo de animadversión y fanatismo patrocinados por el Estado. Aunque ninguna decisión es invulnerable a la revisión por parte del actual Tribunal Supremo, tampoco hay indicios de que los jueces tengan ganas de negar la educación pública básica a millones de niños, ni de imponernos a todos las consecuencias de por vida que se derivarían”, dijo Wishnie.
En Plyer contra Doe, el juez William J. Brennan escribió: “Las leyes de asistencia obligatoria a la escuela y los grandes gastos en educación demuestran nuestro reconocimiento de la importancia de la educación para nuestra sociedad democrática. … Tal oportunidad, cuando el Estado se ha comprometido a proporcionarla, es un derecho que debe ponerse a disposición de todos en igualdad de condiciones.”
Pero Texas ha eludido cada vez más su responsabilidad de proporcionar una educación pública igualitaria a todos los niños de Texas, no sólo a los niños inmigrantes. Durante más de 10 años, Texas ha estado reduciendo su parte de las contribuciones a la educación pública, obligando a los contribuyentes locales a asumir la mayor parte de la carga. Se sitúa en el último puesto del país en financiación por alumno. Abbott preferiría utilizar nuestro superávit presupuestario de 33,000 millones de dólares para recortar el impuesto sobre bienes inmuebles, lo que beneficiaría principalmente a los propietarios ricos, en lugar de invertir ese dinero en las escuelas. Su impulso a los vales suprimiría la financiación estatal de las escuelas públicas y las desmantelaría en beneficio de los ricos propietarios privados.
El intento de Abbott de negar a los niños indocumentados el acceso a la educación pública no tiene nada que ver con la preocupación por los recursos limitados de las escuelas públicas. Durante años, los republicanos de Texas han estado planeando desfinanciar y privatizar nuestras escuelas. Lo que la táctica de Abbott haría, por otra parte, es que los ciudadanos de Texas señalen con el dedo a los inmigrantes -en lugar de al Estado- por no proporcionar una educación pública de calidad.
En Plyer contra Doe, el juez Brennan previó los peligros que supondría negar la educación pública a todos los niños al reforzar un sistema de “castas permanente” y socavar la democracia. Hoy en día, los esfuerzos para desfinanciar y privatizar nuestras escuelas públicas a través de chárteres y vales amenazan el derecho a la igualdad de la educación pública para todos los niños. Garantizar que nuestras escuelas sean un bien público al que todos los niños puedan acceder por igual es una lucha de todas las familias, no sólo de las familias inmigrantes.
Josephine Lee, Texas Observer
Josephine Lee es la becaria de investigación periodística David McHam 2023 del Texas Observer. Anteriormente trabajó como educadora y organizadora comunitaria. Sus reportajes sobre trabajo, medio ambiente, política y educación han aparecido en Salon, Daily Beast, Truthout y otros medios. Se crió y vive en Houston.
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