Una chispa que avivó la conciencia tan solo hace 30 días en Chile está estremeciendo los cimientos constitucionales del país, exponiendo cuatro décadas de privaciones económicas y cuestionando el legado que se heredó de la dictadura.
Durante los primeros siete meses de 2019, casi tres millones de turistas extranjeros visitaron Chile, un país admirado por sus impresionantes paisajes y vibrantes centros urbanos. Sin embargo, solo unos pocos visitantes pudieron intuir las dificultades que se experimentan frecuentemente en la vida del chileno común. Los disturbios sociales que sacudieron el país desde mediados de octubre tomaron por sorpresa a más de un turista, al mundo entero y hasta la propia clase política de la nación.
La causa de las movilizaciones masivas que surgieron después de que cientos de jóvenes se brincaran los puestos giratorios de pago del metro (tren subterráneo), al igual que debido a la furia represiva que desencadenó este hecho, se remonta a otro mes de octubre hace ya 40 años.
Después de la medianoche del día 5 de octubre de 1988, cuando la dictadura de Augusto Pinochet tenía 15 años de haberse instaurado, debido a la participación de la población civil dentro de esta, a regañadientes, el dictador admitió su derrota en el referendo nacional. La victoria del “No” abrió paso a la celebración de elecciones democráticas un año después y, en marzo de 1990, a la toma del poder del primer presidente civil desde Salvador Allende.
Las protestas nacionales organizadas casi mensualmente desde 1983, las cuales enfrentaron una cruel represión, crearon las condiciones necesarias para obligar a la dictadura a que celebrara un plebiscito. Después de las elecciones, la coalición de partidos políticos se sentó a la mesa durante una conferencia con los militares y sus aliados civiles para negociar la transferencia de poder.
Los términos incluyeron una Constitución establecida en 1980 y guiada por ideologías de la extrema derecha. Ningún otro país latinoamericano que estaba surgiendo de las sombras de una dictadura a finales de los años 80 cargaba con el peso de tener que aplicar un marco jurídico similar, el cual perpetuaba una forma autoritaria de gobierno.
La base constitucional de facto había facilitado el establecimiento de una economía neoliberal extrema. La práctica sistemática de violaciones de derechos humanos fue el mecanismo empleado para desmantelar la estructura social. Los asesores económicos estadounidenses desempeñaron un papel fundamental para señalar el rumbo a seguir, a fin de transformar el que en algún momento fuera un estado benefactor ejemplar en una economía de mercado neoliberal, a través de la desregulación, la descentralización y la privatización de la educación, la salud, las jubilaciones y otros servicios esenciales.
A principios de la década de los 90, se observó en Chile una economía floreciente, gracias a la industria del cobre y al sector agroexportador, Además, el país contaba con excelentes comunicaciones e infraestructura. El país se enorgullecía de su milagro económico y se autodenominó el “jaguar” de América Latina. Además, este era un destino seguro para los turistas y para programas de estudio en el exterior de diversas universidades estadounidenses.
Aun así, no se satisficieron las necesidades básicas de la mayoría de la población. Según un informe gubernamental de 2017, el grupo correspondiente al 10% más rico de la población ganaba un ingreso 40 veces mayor que las familias pobres, por lo que se considera que Chile es el país miembro más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El mismo estudio mostró que el 1% más rico de los chilenos —incluido el presidente Sebastián Piñera, cuya fortuna lo sitúa entre las cinco personas más ricas del país y entre los 800 más acaudalados en todo el mundo, según la lista publicada en Forbes— acaparó el 33% de la riqueza del país.
El salario mínimo mensual es de $414 dólares estadounidenses y, según un estudio del gobierno con fecha de agosto de 2019, el salario del 50% de la población se aproxima a esta cifra. La jubilación (o pensión) mensual promedio es el equivalente a $349. Por ejemplo, después de retirarse, los maestros reciben cheques de su pensión mensual que, en promedio, ascienden a menos de $250, por lo cual se someten a la austeridad y hasta se sumen en la pobreza. Con frecuencia, las personas que ya se han jubilado ocupan puestos de trabajo de medio tiempo para suplementar sus pensiones insuficientes.
En los 29 años que han transcurrido desde que se instauró el primer gobierno después de la dictadura, han surgido impresionantes movimientos que han buscado revertir los programas sociales que datan desde la época dictatorial. El gobierno central contribuye con el 3% a los presupuestos municipales para que los gobiernos locales presten los servicios públicos que se relegaron a las municipalidades después del proceso de descentralización. Durante los años 90 y la primera década de 2000, miles de personas marcharon en las calles para hacer un llamado a una salud pública digna, a una educación secundaria y superior gratuita y de calidad, a viviendas decentes y al cese del sistema de pensiones AFP (administradora de fondo de pensiones), al igual que al respeto de los derechos del pueblo indígena mapuche y a la protección ambiental. El pasado 8 de marzo, una cifra récord de 200.000 personas se hicieron presentes durante el Día Internacional de la Mujer para exigir la igualdad y el fin a la violencia de género.
Con el tiempo, cada uno de los movimientos sucesivos se disolvió o se apaciguó en las mesas de diálogo del gobierno. Pero a lo largo de estas movilizaciones, un segmento representativo de los chilenos se habituó más a participar en las marchas. Quizás estas hayan sido un ensayo general para las protestas masivas que originaron los estudiantes de secundaria, quienes el pasado 7 de octubre se saltaron los puestos giratorios de pago del metro, después de que aumentaran las tarifas.
Ya para el viernes 11 de octubre, en tanto continuaba la evasión masiva del pago de boletos, sujetos que todavía no se han identificado prendieron fuego simultáneamente a 18 estaciones del metro con sustancias aceleradoras. Estos incendios consumieron rápidamente las infraestructuras, mientras que los saqueadores se apresuraron a robar supermercados y otros establecimientos.
Al afirmar que el país estaba en guerra con un enemigo implacable, el presidente Piñeda declaró un estado de emergencia y un toque de queda durante la noche, ordenando que el ejército se desplegara para garantizar el orden público, un replanteamiento contemporáneo de la doctrina de seguridad nacional que utilizó la dictadura chilena para erradicar al “enemigo interno”.
La imagen de tanques que patrullaban la capital del país en estado de sitio, por primera vez desde el apogeo de la dictadura, impactó e indignó a los ciudadanos. Desde la ciudad norteña de Arica hasta Punta Arenas, ubicada 3.000 millas hacia el sur, y en muchos pueblos situados entre estos dos puntos, la gente se reunió para protestar.
Debido a que los pueblos de las provincias no cuentan con un tren subterráneo, es evidente que el problema no era el aumento de 40 pesos ($0.4 centavos) en el costo de los boletos, sino los 30 años de injusticia que han experimentado, tal como lo proclamaban abiertamente las pancartas.
Durante la semana que duró el estado de emergencia, el país, especialmente Santiago, se paralizó por completo, mientras miles de personas se sumaban a las protestas. Familias con niños, ancianos, profesionales y obreros se reunieron, muchos con ánimos festivos, para protestar al mediodía y por la tarde. Los aficionados de los archirrivales equipos de fútbol Colo Colo y de la Universidad de Chile hicieron un llamado a la tregua de su enemistad tradicional para protestar juntos. Durante la noche, cuando se instauraba el toque de queda, se podía escuchar una cacofonía de “caceroladas” en distintos barrios en todo el país, al igual que la canción que se convirtió en el himno del movimiento, “El derecho a vivir en paz” de Víctor Jara, un músico asesinado por la dictadura. En las palabras de uno de los eslóganes más escuchados, “¡Chile despertó!” El 25 de octubre, una cifra récord de 1,5 millones de personas se dieron cita en la Plaza Italia de Santiago, el punto central del movimiento en la ciudad capital.
La miríada de demandas se encauzó hacia una sola exigencia, la cual se sitúa al centro de los problemas más evidentes de esta nación: la Constitución. En las calles, se observó una misma tendencia en las pancartas, los grafitis y los carteles: un llamado al establecimiento de una nueva Constitución y a la instauración de una asamblea constituyente, junto con la renuncia del mandatario actual.
Además de las protestas continuas, se han llevado a cabo cientos de asambleas de base en diversos barrios, centros comunitarios, iglesias y parques en todo el país. El equipo de fútbol Colo Colo convocó a una asamblea en el estadio, a la cual asistieron unas 1.500 personas, divididas en pequeños grupos para facilitar el debate y el diálogo. También se han hecho partícipes a los niños en edad escolar, a fin de que piensen en la forma en que pueden transformar su país para establecer una sociedad más justa. En las librerías de todo el país, ejemplares de la constitución han sido una de las obras más vendidas.
Si bien en 2005 se introdujeron ciertas reformas políticas, esencialmente, la Constitución, al igual que las instituciones que esta creó, continúa siendo la misma desde que el ejército la estableció en 1980. No solo Piñera sino también los cuatro presidentes centristas que lo antecedieron se avinieron a esta.
Por consiguiente, cuando el 10 de noviembre Piñera declaró que su gobierno estaba de acuerdo en que existía la necesidad de enmendar la Constitución, su anunció fue recibido con escepticismo. El rumbo a seguir, según lo señalaron diversos congresistas durante esa misma semana, debe ser un referendo y la instauración de una asamblea constituyente, compuesta por congresistas debidamente electos y ciudadanos. El movimiento social no partidario que continúa manifestándose en las calles insiste en que los funcionarios electos no deben participar en la redacción de la nueva Constitución.
El aclamado historiador social Gabriel Salazar considera que la coyuntura política actual es una “oportunidad singular” para redactar una nueva constitución “por, de y para los ciudadanos, sin involucrar a la clase política”.
Estas semanas tan agitadas expusieron otro legado de la dictadura: la propensión de usar una fuerza brutal para reprimir las expresiones pacíficas del derecho que tiene la población a protestar. La predisposición de la policía de usar cañones de agua y gas lacrimógeno contra las manifestaciones no violentas ha sido un elemento común en la época posterior a la dictadura. No obstante, durante estas semanas, observadores tanto nacionales como internacionales acusaron a la policía y a las fuerzas armadas de cometer violaciones abiertas a los derechos humanos.
Amnistía Internacional, la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones de derechos humanos informan que se observa el uso generalizado y sistemático de la fuerza, al igual que otras violaciones de derechos humanos. En 28 días de protestas, el ejército y la policía han realizado 22.000 arrestos, ocasionado 23 muertes y herido a unas 2.500 personas, principalmente debido a los perdigones utilizados y a los gases lacrimógenos que han lanzado a las multitudes. Los perdigones que se han disparado directamente a los rostros de las personas han ocasionado al menos 285 heridas y lesiones oculares, tal como sucedió el 8 de noviembre con Gustavo Gatica, un estudiante universitario de 21 años que perdió ambos ojos cuando la policía le disparó a quemarropa.
Se han presentado denuncias por 18 casos de violencia sexual y 132 casos de otros tipos de tortura a los detenidos, principalmente en las comisarías. Durante las protestas, diversos observadores de derechos humanos y encargados de primeros auxilios han sido víctimas de ataques. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se encuentra en Chile para realizar una investigación in situ, algo que hace recordar las misiones de investigación que se llevaron a cabo durante la época de la dictadura.
Esta semana, como respuesta al caso de Gatica, el jefe de la policía anunció restricciones en el uso de rifles y perdigones. El gobierno chileno aún niega toda responsabilidad en cuanto a las víctimas. Felipe Guevara, gobernador de Santiago designado hace dos semanas, afirmó lo siguiente: “La policía está haciendo su trabajo. […] Ellos han realizado una labor de paz”.
A tres décadas de haberse restaurado una democracia incipiente, aún no se han asimilado por completo las lecciones del pasado. Y ahora que se ha caído esta fachada y las apariencias ya no engañan, Chile se encuentra en una encrucijada. Hay un grado cada vez más mayor de consenso en torno al hecho de que el país enfrenta un momento oportuno para lograr una transformación de la sociedad, la cual puede disipar las oscuras sombras que todavía emanan de la dictadura.
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