El activismo comunitario obligó al gobierno federal a abandonar los planes para construir almacenes para ICE.

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Nota del editor: El siguiente artículo fue publicado originalmente por Brian Dolinar de Truthout el 13 de julio de 2026.

 

Los activistas están atentos para ver si la administración Trump privatizará aún más los centros de detención de inmigrantes.

 

En un cambio de rumbo, los planes de la administración Trump de detener a decenas de miles de inmigrantes en almacenes al estilo de Amazon se han reducido drásticamente. Como informó Truthout a principios de este año, las comunidades locales se movilizaron rápidamente para detener estos enormes centros de detención, algunos con capacidad para albergar hasta 10,000 personas y sin infraestructura para gestionar los residuos y las necesidades de agua.

En enero de 2026, un memorándum interno filtró una lista de aproximadamente dos docenas de lugares donde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había comprado o estaba buscando comprar grandes almacenes para albergar a detenidos inmigrantes. Ahora, después de gastar casi un billón de dólares en la compra de 11 almacenes en un margen de beneficio del 134 por ciento por encima del valor tasado, la administración Trump está descartando la idea.

Truthout habló con activistas sobre el terreno en Romulus, Michigan; Roxbury, Nueva Jersey; y Social Circle, Georgia, donde se han paralizado los almacenes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como en Surprise, Arizona, donde uno de ellos ha sido suspendido a la espera de un análisis ambiental.

“Esta es una gran victoria para todo el movimiento y las comunidades que se están organizando contra la expansión de la detención aquí en Georgia”, dijo Amilcar Valencia, director ejecutivo de El Refugio, una organización que ayuda a familias con seres queridos en el Centro de Detención Stewart, al sur de Atlanta, donde tienen su sede. “Georgia’s Social Circle era una de las instalaciones más grandes, con capacidad para detener hasta 9,000 personas, lo cual es increíble, saber que seres humanos estaban detenidos en una instalación que no está destinada a personas, sino a paquetes”.

Detention Watch Network, que coordinó una campaña nacional contra los almacenes propuestos por ICE, compartió una declaración con Truthout tras señalar que la decisión de ICE de desalojar los almacenes “ilustra el creciente consenso nacional de que la gente de todo el país no quiere a ICE en sus comunidades. En todas partes, la gente se opone a que los inmigrantes sean encerrados en centros de detención abusivos de ICE y luchará con uñas y dientes para mantener seguras sus comunidades”.

Quienes estuvieron en primera línea coincidieron: no fue el consenso bipartidista, las demandas judiciales ni la sabiduría de los funcionarios electos, sino el activismo comunitario sostenido lo que obligó al gobierno federal a abandonar los almacenes.

Un exfuncionario de Trump lo admitió. John Fabbricatore, quien ha sido comentarista en Fox News y trabajó como asesor principal de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, según se informó el New York Times, que los almacenes fueron un intento rápido de “aumentar la escala” de las deportaciones masivas, pero fracasaron porque “la izquierda fue capaz de levantar obstáculos inmediatos”.

Una situación volátil

El descaro de la administración Trump al ocupar Los Ángeles, Chicago y Minneapolis provocó una respuesta popular. El cierre de los centros de detención de ICE se convirtió en una forma de que las comunidades se rebelaran.

Muchos de estos almacenes fueron construidos durante la pandemia de COVID-19 para satisfacer el auge de las compras en línea, estos locales han permanecido vacíos. Se ubican en muchos centros urbanos o en sus cercanías, convirtiéndose en blancos fáciles para los activistas.

En enero de 2026, comenzaron a circular rumores sobre un almacén de ICE en Romulus, Michigan, a unos 20 minutos de Detroit. Al mes siguiente, más de 300 estudiantes de la escuela secundaria Romulus organizaron una huelga para protestar contra ICE. La huelga fue una respuesta a la situación a nivel nacional y a los rumores en Romulus localmente, según Chris Oliphant, un miembro de los Socialistas Democráticos de América del Área Metropolitana de Detroit, que forma parte de la Coalición para el cierre de los campos que se organizaron para detener el almacén propuesto en Romulus. “Lo que estaba sucediendo en todo el país con las redadas de ICE, particularmente en el área de las Ciudades Gemelas, estaba teniendo un efecto bastante serio en la gente”, le dijo a Truthout. Los estudiantes estaban “alzando el camino” para lo que estaba por venir.

No fue el consenso bipartidista, las demandas judiciales ni la sabiduría de los funcionarios electos, sino el activismo comunitario sostenido lo que obligó al gobierno federal a abandonar los almacenes.

Después de que los rumores se confirmaron a finales de febrero de 2026, hubo una gran demostración en una reunión del Ayuntamiento de Romulus, donde se manifestaron en contra del almacén propuesto. Cuando solo se permitió la entrada a entre 30 y 40 personas a la sala del consejo, una multitud de cientos se congregó afuera. “La gente estaba muy, muy enfadada”, recuerda Oliphant, “así que cualquiera que estuviera allí sabía que se trataba de una situación políticamente muy delicada”. Tras aquella noche, quedó claro que existía una “oposición generalizada” a la construcción de un almacén en Romulus.

Fuera del almacén, la coalición organizó “Sábados de Solidaridad” donde cientos de personas se manifestaron con pancartas en contra del almacén de ICE. Un “momento crucial”, dijo Oliphant, fue su participación en el Día Nacional de Acción de la Red de Vigilancia de Detenciones el 25 de abril, se unieron a otras 200 acciones en todo el país contra la detención en almacenes.

En Georgia, las comunidades inmigrantes de todo el estado, en ciudades como Athens y Gainesville, así como en Atlanta, se involucraron en la campaña para detener la construcción del gran centro de detención en Social Circle. “Esto ha implicado escribir cartas, participar en manifestaciones y hablar con miembros del Congreso”, dijo Valencia.

Seguiremos luchando

Un almacén comprado por DHS en Surprise, Arizona, un suburbio de Phoenix, ha sido suspendido a la espera de un análisis ambiental. En abril, el fiscal general de Arizona, Kris Moyes demandó que DHS y ICE deben bloquear el almacén propuesto, que, como indica la demanda, “carece de la infraestructura de agua y aguas residuales necesaria para albergar de forma segura a tantas personas”.

La investigación para la demanda fue realizada por activistas de base, según Brent Peak, copresidente del grupo Northwest Valley Indivisible. El grupo había estado organizando protestas en las reuniones del Ayuntamiento de Surprise.

Además de las razones humanitarias para oponerse a la detención por parte de ICE”, dijo Peak a Truthout “Lo particularmente terrible de este lugar es que está justo enfrente de un enorme almacén de productos químicos.”

Según Peak, un escenario plausible es una “nube rodante de ácido clorhídrico” provocada por un accidente. “Cientos de personas se encontrarían en un almacén con un sistema de climatización inadecuado que absorbería la nube y la distribuiría por todo el edificio”.

Los miembros del grupo local de Indivisible se reunieron dos veces con la fiscal general Mayes antes de que se presentara la demanda. “Les presentamos la información”, dijo Peak. «Se quedaron muy serios y no dejaban de decir: “Gracias por llamar nuestra atención sobre esto”.

Northwest Valley Indivisible recibió un aviso de que se iba a celebrar una conferencia de prensa en el lugar del almacén para anunciar la demanda, a la que asistieron miembros. Su investigación fue citada en la página 23 del documento legal. “Fue emocionante cuando anunció la demanda”, recordó Peak con cariño.

El gobierno federal ha acordado que la construcción del almacén de Surprise no avanzará hasta que se realice un análisis de impacto ambiental, lo cual es un procedimiento estándar según las normas federales de construcción de la EPA. GardaWorld, una empresa de seguridad y vigilancia, ha sido contratada para realizar la revisión. Según una investigación del grupo Indivisible, GardaWorld nunca antes había realizado un análisis ambiental, pero ha realizado trabajos de seguridad en “Alcatraz de los caimanes” en Florida. Cada 60 días, el contratista debe informar sobre el progreso de la obra. Por ahora, el proyecto está en pausa.

“Seguiremos luchando”, dijo Peak. “Ahora podemos tomarnos un respiro”.

Victoria para los grupos de base

Los activistas se movilizaron rápidamente contra el almacén de ICE en Roxbury, Nueva Jersey. La noticia se dio a conocer en diciembre de 2025, y como William Angus, quien está con Alianza contra ICE en el norte de Nueva Jersey (Proyecto NINJA), transmitido a Truthout “Cuatro días después estábamos en el ayuntamiento, y diez días después ya había protestas. En seis semanas, teníamos a casi 2,000 personas protestando frente al ayuntamiento.”

La demanda presentada por la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, también se benefició de la colaboración de activistas locales. “Pudimos realizar de inmediato una extensa investigación legal”, declaró Angus. “Les proporcionamos a la fiscalía gran parte de la información que les permitió presentar la demanda”.

“Últimamente se han producido muchos secuestros por parte de ICE en el norte de Nueva Jersey. Para nosotros, la lucha simplemente cambia de rumbo. Nos estamos centrando en Delaney Hall y en los secuestros de ICE en general.”

Los activistas llamaron la atención sobre la proximidad del lugar a importantes cursos de agua. Como se indica en la demanda, “existe un grave riesgo de daños al sistema de alcantarillado y desbordamientos de aguas residuales hacia las calles, terrenos y cursos de agua cercanos. Estos cursos de agua incluyen el lago Musconetcong, que se encuentra a 305 metros (1,000 pies) de distancia y cuesta abajo del almacén, y el lago Hopatcong, el lago de agua dulce más grande de Nueva Jersey”.

El gobierno finalmente “se dio por vencido y dijo: ‘Nos rendimos’”, dijo Angus. “Así que, para mí, esto es una victoria absoluta para los grupos de base”.

Según un medio de comunicación de investigación de Proyecto Salt Box el 8 de julio, más de una semana después de anunciar la venta del almacén de Roxbury, un aviso presentado ante el tribunal indicaba que, “tras una reconsideración”, la agencia seguía adelante con sus planes para el almacén.

David Broderick, asesor legal del Proyecto NINJA, afirmó que el gobierno no había presentado nuevos hechos en el caso. “Es inevitable sospechar”, dijo Broderick, “que esto no es más que una farsa política diseñada para avergonzar a los líderes estatales y locales que se declararon victoriosos cuando el Departamento de Justicia presentó la denuncia inicialmente”.

Según Angus, los comentarios del exfuncionario de Trump, John Fabbricatore, fueron reveladores. “No mencionó a los funcionarios locales ni al Congreso. Habló de “la izquierda”, y eso significa gente como yo, los grupos de base. Y creo que está siendo sincero”.

“Nos llevaremos la victoria, pero eso no significa que el esfuerzo haya terminado”, comentó Angus. “Últimamente ha habido muchos secuestros por parte de ICE en el norte de Nueva Jersey. Para nosotros, la lucha simplemente cambia de rumbo. Nos estamos centrando en Delaney Hall y en los secuestros de ICE en general”.

La lucha continúa

Delaney Hall, ubicado en Newark, Nueva Jersey, es la cárcel de inmigración más grande de la Costa Este con capacidad para más de 1,000 personas. En junio, más de 300 personas encarceladas participaron en una huelga de hambre en Delaney protestando por la alimentación inadecuada, la negligencia médica y las condiciones inhumanas. Se unieron a otros en recientes huelgas de hambre en todo el país en Lago Norte, Michigan;Moshannon, Pensilvania; y Adelanto, California.

Si la administración Trump ha abandonado la estrategia de los almacenes, podría indicar un giro hacia la privatización de la detención de inmigrantes. North Lake, Moshannon y Adelanto son operados por GEO Group, la empresa de prisiones privadas. El ex ejecutivo de GEO Group David Venturella actualmente es el director interino de ICE.

Como ha informado Elizabeth Weill-Greenberg para The Appeal en la teleconferencia sobre resultados trimestrales de mayo de 2026, el director ejecutivo de GEO Group, George Zoley, dijo que el proyecto del almacén se había “suspendido” y que DHS podría estar considerando la posibilidad de adquirir instalaciones “llave en mano” listas para su apertura, que podrían ser menos “políticamente problemáticas”.

De acuerdo a Informe de Zoley GEO Group dispone de seis instalaciones vacías con 6,000 camas inactivas que podrían activarse en pocos meses y generar a la empresa 300 millones de dólares en nuevos ingresos.

En California, el DHS adquirió dos prisiones de CoreCivic, la otra importante empresa privada de prisiones, que seguirá gestionando las operaciones diarias de las cárceles. El Centro de Detención de Otay Mesa en el condado de San Diego y el Centro de Detención de California City en el condado de Kern fueron vendidos por CoreCivic en una operación valorada en 1.5 billones de dólares.

Como demuestran estas medidas, ICE sigue empeñado en alcanzar el objetivo de tener la capacidad de detener a 100,000 personas. Las comunidades que desean frenar las detenciones masivas tendrán que continuar la lucha.


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