Nota del editor: El siguiente artículo fue publicado originalmente por Marisa Revilla en Truthdig el 7 de abril del 2026.
VILLAHERMOSA, México — A los 83 años, Miguel nunca imaginó que tendría que empezar de nuevo. Nacido en Cuba, había vivido durante décadas en Estados Unidos, trabajando y envejeciendo allí. Pero fue deportado, y ahora duerme en una cama en un albergue en Villahermosa, en el estado de Tabasco, cerca de la frontera sur de México. No tiene documentos ni dinero. Pidió que no se usara su nombre completo por temor a represalias y al posible impacto en su solicitud de visa para México.
El 25 de marzo, la administración Trump informó a una corte federal que ha deportado a unos 6,000 cubanos a México bajo un acuerdo “no escrito” en el que México aceptó recibirlos. Durante el último año, Villahermosa ha estado recibiendo un flujo constante de deportados no mexicanos, en su mayoría haitianos y cubanos, que son ancianos o médicamente vulnerables. No tienen vínculos con México, y llegan a Villahermosa sin documentos, sin teléfonos y sin instituciones ni seres queridos esperándolos. Están atrapados en un limbo migratorio: demasiado invisibles para que a alguien le importe, luchando con su salud y demasiado viejos para empezar de nuevo
Miguel recuerda fragmentos de su detención en octubre de 2025; el confinamiento en “Alligator Alcatraz” en Ochopee, Florida, las literas, la malla metálica que separaba a los detenidos unos de otros como animales enjaulados.
—“Era como un gallinero,” —dice a Truthdig. El lugar, afirma, estaba rodeado de pantanos. “Con caimanes,” añade.
Luego vino la transferencia. Varias vuelos, paradas que no reconoció. Quizá en Luisiana. Quizá en otro lugar. Él no lo sabe.
—“Solo miraba por la ventana,” —dice, sin entender a dónde lo llevaban, hasta que llegó a México.
“En México, oficialmente, Miguel no existe.”
No sabe exactamente cuánto tiempo ha estado aquí. Diez días, quizás doce. Lo tiene escrito en algún lugar, pero no quiere verificarlo.
—“Cuando te vas, no traes nada,” —dice. “No hay teléfono, no hay forma de contactar a la familia, no hay forma de recuperar lo que dejaste atrás.”
—“Allí tenía todo,” —dice. Su vida, como la de muchos, estaba construida sobre pequeñas certezas: una cama propia, una cocina familiar, vecinos que sabían su nombre.
Miguel no puede regresar a Cuba, dice. Pero en México, oficialmente, Miguel no existe. Sin documentos ni identificación, él y otros migrantes deportados quedan fuera del sistema. No pueden acceder a atención médica ni empleo formal. Muchos inician el proceso de solicitud de asilo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, conocida como COMAR, pero ese proceso —que en teoría debería resolverse en semanas— puede tardar meses o incluso más de un año. Las solicitudes a menudo son rechazadas, y no hay otras alternativas. Mientras los migrantes esperan, están atrapados en un vacío legal, sin acceso efectivo a derechos.
—“Para las autoridades mexicanas, los migrantes no son nadie,” —dice Josué Martínez Leal a Truthdig. Es el subcoordinador del albergue Oasis de Paz del Espíritu Santo, mejor conocido como Amparito, en Villahermosa, donde algunos de los migrantes deportados ahora se están quedando.
México no es un país seguro para los migrantes
Durante la actual administración de Donald Trump, Estados Unidos ha endurecido su política migratoria con el cierre de la frontera y la aceleración de las deportaciones. En marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump, formalizó su enfoque de frontera cerrada con el Título 42, una supuesta medida de salud pública que permitía deportaciones inmediatas sin acceso al asilo. Aunque fue levantado en 2023, la práctica de las expulsiones ha continuado a través de distintos mecanismos. Desde 2020, México ha aceptado a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos deportados desde Estados Unidos.
Entre mayo y noviembre de 2023, México recibió al menos 19,561 personas no mexicanas expulsadas de Estados Unidos; en 2025, al menos 12,983. La falta de atención institucional hacia personas no mexicanas en México hace que las estadísticas completas y exactas sean poco frecuentes. Mientras que los mexicanos deportados pueden acceder a programas como “México te abraza”, que ofrece apoyo financiero, transporte y servicios de salud, las personas no mexicanas quedan fuera del sistema.
El gobierno mexicano niega la existencia de un acuerdo formal de “tercer país seguro”, y estas deportaciones operan sin un marco legal claro ni lineamientos transparentes. Organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración han documentado que México no es un país seguro debido a los peligros que enfrentan migrantes y solicitantes de asilo, incluidos el secuestro y asesinato por parte de grupos del crimen organizado, así como extorsión, robo y abusos por parte de autoridades.
El gobierno mexicano niega la existencia de un acuerdo formal de “tercer país seguro”.
Durante décadas, Villahermosa no fue una parada importante en las rutas migratorias, explica Martínez Leal. “Eso cambió en 2019, cuando México endureció su política migratoria bajo presión de Estados Unidos y comenzó a controlar a los migrantes dentro de su propio territorio. Con más detenciones y traslados, las personas dejaron de avanzar hacia el norte y comenzaron a quedarse aquí.” Hace una pausa. “[Villahermosa] se convirtió en una ciudad de destino, por imposición.”
El albergue donde ahora viven muchos de estos hombres no fue diseñado originalmente para migrantes. José de la Cruz Vidal Guzmán lo fundó en 2006 después de perder a su esposa en un accidente. Días después, al salir del cercano Hospital Regional Dr. Juan Graham Casasús, vio a una persona recibiendo diálisis sentada sobre una coladera pluvial. Decidió crear un espacio para pacientes y sus familiares que no tenían a dónde más ir.
El albergue evolucionó a medida que aumentó el flujo migratorio. Se incorporó personal médico, psicólogos, trabajadores sociales y asesores legales en coordinación con organizaciones humanitarias.
“La idea era crear un espacio de apoyo psicosocial para acompañar a las personas mientras transitaban por México”, dice Martínez Leal. “En 2024 atendimos a más de 6,000 personas. En 2025, solo a 1,300.”
Los números disminuyeron, pero los casos se volvieron más complejos. “Empezamos a recibir hombres mayores y enfermos”, dice.
“Están atrapados desde el principio. Para tener acceso a derechos, necesitan documentos. Pero para obtener documentos, primero tienen que existir legalmente. El problema es que el proceso tarda meses, a veces años. Mientras tanto, no pueden trabajar, no pueden acceder regularmente a la atención médica, no pueden alquilar. En la práctica, no existen para el sistema.”
Dormir en una gasolinera
Ángel Inzúa Moré tenía 18 años cuando llegó a Estados Unidos en 1980 desde Cuba. Una organización de la Iglesia católica pagó su educación y estudió informática. Trabajó durante décadas en la industria tecnológica.
Cuenta que fue arrestado en la década de 1980. Dice que estaba intentando separar una pelea. Fue sentenciado a seis años y siete meses de prisión, pero solo cumplió seis meses por buen comportamiento.
Nunca formó una familia. “¿Para qué, si me iban a deportar?”, pregunta Inzúa Moré. Aunque había regularizado su estatus migratorio, le preocupaba que la condena y sus antecedentes lo hicieran vulnerable a la deportación.
En abril del año pasado, fue detenido por beber en la vía pública. Tres días después, agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo estaban esperando. Permaneció detenido durante meses. Le quitaron su dinero, pertenencias y documentos. Perdió una cirugía ocular programada para tratar el glaucoma, y su visión empeora cada día, le dice a Truthdig.
Estados Unidos intentó deportarlo a Cuba. “Tenía una orden de deportación, pero a Cuba, no a México. Cuba no me aceptó”, dice Inzúa Moré. Las autoridades cubanas aceptan algunas deportaciones, pero no todas. Solo admiten ciertos casos bajo acuerdos bilaterales.
Ángel Inzúa Moré, de 67 años, duerme sobre una caja de cartón en una gasolinera en Villahermosa y pasa sus días realizando pequeños trabajos ocasionales y dependiendo de la ayuda de otras personas.
Fue deportado a México en septiembre de 2025. Ahora duerme en una gasolinera, detrás de unos arbustos, sobre una caja de cartón. Por las mañanas va al albergue por café o con la esperanza de comer algo. En la calle se encuentra con otros cubanos en la misma situación. Conversan, fuman y se hacen compañía.
Uno de ellos es Alberto Rodríguez González, de 73 años. Llegó a Estados Unidos desde Cuba cuando era joven y trabajó durante décadas en oficios como carpintería y construcción. Con el paso del tiempo enfrentó diversos problemas de salud. Sufrió un derrame cerebral y perdió gran parte de su memoria. Ahora le cuesta hablar. Dice que después de su enfermedad, el gobierno de Estados Unidos le quitó todo: el Seguro Social, Medicare, su pensión.
“Creo que fue porque… fue un derrame muy fuerte. Creo que el tratamiento fue caro, las máquinas que usaron conmigo eran muy caras… Me quedé sin nada”, dice Rodríguez González. No fue detenido en una redada, añade. Él mismo acudió a las autoridades migratorias para presentar una queja. “Les dije: ‘Me quitaron todo. ¿Qué se supone que debo hacer?’”
La respuesta fue deportarlo a México, alrededor de noviembre de 2025, aunque debido al derrame no recuerda la fecha exacta. Rodríguez González cree que fue descartado, que una vez que enfermó dejó de ser visto como útil. Llegó a México desorientado, sin documentos ni acceso a tratamiento.
“Perdí la mente, perdí la memoria y terminé en un estado muy malo”, dice.
Ahora también duerme en la calle y depende de visitas ocasionales de equipos médicos de organizaciones no gubernamentales internacionales como Médicos del Mundo. También perdió contacto con su familia. Después del derrame olvidó los números de teléfono, y su celular —donde tenía todo guardado— desapareció durante el proceso migratorio. Solo recuerda el nombre de su hija.
A veces, dice, le preocupa poder lastimar a otros. Fue a la policía y les pidió que lo encerraran. No lo hicieron. “Aquí no hay nada”, dice.
Roy, de 67 años, sí tiene un lugar donde dormir —pero nada más. Se negó a proporcionar su nombre completo. Llegó a Estados Unidos a los 20 años, después de desertar del ejército cubano tras la guerra en Angola a mediados de la década de 1970. En Estados Unidos recibió asilo, según cuenta. Trabajó durante 44 años en la misma empresa.
“Me estaba yendo bien”, le dice Roy a Truthdig. Con el tiempo compró una casa y luego se jubiló.
Entonces, el día de su cumpleaños, el 3 de agosto de 2025, agentes de inmigración rodearon su casa. Un helicóptero sobrevolaba el lugar. Varios agentes armados lo tiraron al suelo. “Como si fuera un terrorista”, dice.
“Mejor estar libre aquí que seguir encerrado allá.”
Estuvo detenido durante ocho meses. Su estatus de asilo fue ignorado, afirma, e ICE le dio una opción: permanecer encarcelado en Estados Unidos o ser deportado a México. Eligió la deportación.
“Mejor estar libre aquí que seguir encerrado allá”, dice Roy.
Al llegar, fue liberado sin apoyo alguno. “Ahí está la puerta, váyase”, recuerda que le dijeron. Caminó hasta encontrar un albergue. En el camino, lo asaltaron. “Roban allá y roban aquí”, dice.
Hoy trabaja en un deshuesadero y alquila una habitación en Villahermosa. Cree que está cerca de obtener la residencia en México.
“Al menos no estoy en la calle”, dice. Como la mayoría, no tiene acceso a sus fondos de jubilación, que, según afirma, fueron bloqueados en Estados Unidos.
“Empiezas a pensar: ¿Cuál es el sentido de vivir?”, dice.
Algunos no viven mucho tiempo después de llegar. Ricardo del Pino, de 67 años, llegó a Villahermosa el año pasado, deportado desde Las Vegas, también estando enfermo. Tenía una hernia discal y cáncer de páncreas que aún no había sido diagnosticado.
En el albergue Amparito, su salud se deterioró rápidamente. A pesar de no tener documentos, el personal luchó para que fuera admitido en el hospital de todas formas, y murió allí 18 días después, dice Martínez Leal.
El albergue pagó su cremación. Sin documentos, sin embargo, no pudieron registrar su nacionalidad en el acta de defunción. Sus cenizas permanecen en la capilla del albergue, junto a los restos de otros migrantes.
Las deportaciones violan los derechos humanos
Luis René Lemus Rivera quiere regresar a Cuba, dice. Tiene 60 años y llegó a Estados Unidos en 1998. Nunca logró regularizar su estatus, viviendo allí durante más de dos décadas con una orden de deportación. Durante años, distintas administraciones le permitieron permanecer en Estados Unidos. Trabajó en lo que pudo, casi siempre en la economía informal.
Un día fue a las oficinas de inmigración a firmar documentos —algo que, según dice, debía hacer cada año— y no le permitieron salir. Fue deportado a México sin ninguna explicación, afirma. Después de 28 años en Estados Unidos, ahora no tiene nada: ni papeles, ni estabilidad, ni un futuro claro.
Lemus llegó a Villahermosa hace poco más de un mes. Lo encontraron en la calle, desorientado. Dice que perdió la razón. Fue hospitalizado y luego trasladado al albergue. Tiene esquizofrenia y enfermedad de Parkinson. Depende de medicamentos que obtiene gracias a visitas irregulares de Médicos del Mundo.
“No sé cuánto tiempo más puedan mantenerme aquí”, dice sobre el albergue, donde “hay personas que llevan casi un año esperando [visas]”.
De octubre de 2024 a junio de 2025, México concedió asilo solo al 3% de los migrantes que lo solicitaron, emitiendo 5,191 visas humanitarias de más de 140,000 solicitudes. México estuvo entre los cinco principales países receptores de solicitudes de asilo en 2023, pero la COMAR no cuenta con suficientes recursos ni personal para garantizar una asistencia efectiva.
Cuando Estados Unidos deporta a personas mayores y médicamente vulnerables a México, lo hace sabiendo que las está condenando a vidas de aislamiento, abandono y desesperación. Esto viola sus obligaciones bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura. Desplazar a personas con enfermedades crónicas a un país donde no pueden acceder a atención médica, medicamentos o vivienda estable las expone a un deterioro grave, rápido e irreversible de su salud, causando un sufrimiento intenso y una reducción significativa de la esperanza de vida.
Alrededor de 30 hombres mayores viven en las calles cerca del hospital y el albergue en Villahermosa. Duermen en la acera. Trabajan en lo que pueden, abriendo y cerrando puertas de tiendas para los clientes y comiendo cuando alguien les da algo. A veces no sobreviven.
“Alrededor de 15 personas han muerto en el último año”, dice Martínez Leal.
La memoria es lo único que les queda.
Este es el resultado de una política deliberada. El 16 de marzo, un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos permitió al gobierno reactivar una política de la era Trump que deporta rápidamente a migrantes a un tercer país. A finales de febrero, un juez había bloqueado la política porque ponía a las personas en riesgo en países potencialmente peligrosos, sin permitirles el debido proceso ni plantear primero sus preocupaciones de seguridad.
Mientras tanto, también hay un debilitamiento constante de las organizaciones que brindan una respuesta humanitaria en México. Los recortes presupuestarios y la disminución de financiamiento internacional han reducido su capacidad operativa. Algunos albergues dependen de fondos de organizaciones como la Agencia de la ONU para los Refugiados o de programas financiados por Estados Unidos que han sido recortados. El resultado es una red de apoyo cada vez más frágil, dice Martínez Leal.
Cerca del hospital, los hombres caminan lentamente. Se reconocen entre sí. Se llaman por su nombre. La memoria es lo único que les queda. Todo lo demás —documentos, patria, familia, la posibilidad de regresar— se perdió en el camino.
Aquí, donde nadie los reclama y donde incluso la muerte puede quedar sin registro, lo único que pueden hacer es resistir.
Un día más. Sin papeles, sin país. Esperando no desaparecer antes de tiempo.
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