Nota del editor: El siguiente artículo fue publicado originalmente por Niccole Okoren de Truthdig el 13 de Octubre de 2025.
La lucha del pueblo Apache occidental para salvar Oak Flat pone de relieve una vez más los límites de la libertad religiosa para los no cristianos.
En lo profundo del Bosque Nacional de Tonto, al sureste de Arizona, residen los Ga’an, o espíritus sagrados. Estos espíritus se comunican con Usen, el Creador, y actúan como mensajeros para el pueblo. Con esta creencia, los apaches occidentales han rezado durante siglos, utilizando las hojas, los árboles, el agua y la tierra para dar vida a sus tradiciones y ceremonias. Esta tierra alberga su forma de vida y el alma de lo que significa ser apache en medio de cientos de años de genocidio continuo por parte del gobierno estadounidense.
Esta tierra se conoce como Chí’chil Biłdagoteel, o Oak Flat en español. Es donde las hijas apaches celebran sus Danza del Amanecer, donde los hombres y niños apaches participan en las cabañas de sudor, donde se celebran reuniones y donde los apaches acuden a comulgar con Usen.
Pero dado que Oak Flat se encuentra sobre uno de los mayores depósitos de cobre en Norteamérica, también es un objetivo atractivo para las empresas mineras. En 2014, Resolution Copper, una empresa conjunta de Río Tinto y BHP, firmó un acuerdo con el gobierno estadounidense para intercambiar 1470 hectáreas de terreno que adquirió a lo largo del río San Pedro por 1070 hectáreas de terreno en la Reserva Apache de San Carlos. Desde entonces, los miembros de la tribu y sus aliados han luchado por preservar el sitio sagrado y el delicado ecosistema desértico que lo rodea.
“La voz de nuestro sistema judicial está silenciada por el capitalismo”.
Apache Stronghold, una organización sin fines de lucro integrada por activistas indígenas y líderes religiosos, demandó al gobierno estadounidense para proteger Oak Flat en 2021, argumentando que la destrucción del sitio violaba la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA) y el tratado de 1852 que protege el sitio para el pueblo apache. Tras años de marchas de oración, reuniones y una caminata de oración por todo el país con otros grupos activistas y religiosos, el caso llegó a la Corte Suprema en 2024.
Cuando la Corte Suprema se negó a escuchar el caso de Apache Stronghold, la organización sin fines de lucro solicitó una nueva audiencia. La semana pasada, la Corte Suprema denegó la petición de revisión de sus argumentos. “Estados Unidos nos ha mostrado las verdaderas intenciones del gobierno; una vez más, nos ignoran”, declaró Apache Stronghold en un comunicado tras la denegación. “El capitalismo silencia la voz de nuestro sistema judicial; se ha permitido la destrucción definitiva de la Madre Tierra, como si ellos la controlan, ella nos provee de vida, no al revés. Qué triste realidad”.
El bufete de abogados que representa a Apache Stronghold, el Fondo Becket, argumentó que la minería en Oak Flat afectaría directamente la capacidad del pueblo apache para practicar su religión y, por lo tanto, su identidad. Para extraer el mineral de cobre de Oak Flat, Resolution Copper tendría que excavar un cráter de 335 metros de profundidad, destruyendo así 1070 hectáreas de tierra e imposibilitando la práctica religiosa del pueblo apache.
“Muchas religiones nativas americanas se basan en el lugar, lo que significa que su religión es inseparable del lugar en el que se practica”, explica Beth Wright, miembro del Pueblo de Laguna y abogada del Fondo para los Derechos de los Nativos Americanos, “sus prácticas religiosas son esenciales para su propia existencia, ya que garantizan su fortaleza continua al transmitir sus religiones, costumbres, valores y tradiciones de generación en generación”.
Para los apaches occidentales, la Danza del Amanecer está en peligro. Las Danza del Amanecer son ceremonias de tres días que preparan a la niña para la madurez y las responsabilidades que inevitablemente asumirá en su madurez. Una vez que la niña tiene su primera menstruación, participa en la ceremonia, donde se reza por ella, se la pinta con arcilla de la tierra y se le entregan regalos, mientras mensajeros espirituales, llamados Danzantes de la Corona, le enseñan sobre la creación y otras historias sagradas a través de su danza. Si estas niñas no pueden bailar, esta tradición, que sobrevivió al genocidio, ya no podrá practicarse.
“Este lugar es esencial para la práctica de la religión apache”, afirma Jason Searle, abogado principal de NARF. “Aquí se recolectan las medicinas que usan, las raíces, las plantas y los animales que han usado en diferentes ceremonias, y todo está vinculado específicamente a ese lugar, sus historias y sus canciones; tienen una historia allí. Y esa es la única manera de que realmente puedan mantenerse. La forma en que la transmiten es explicándoles a sus hijos: esto es lo que este lugar significa para nosotros, y le da un contexto para todas sus creencias de una manera difícil de explicar a otras personas”.
Oak Flat y sus alrededores estaban protegidos tanto por el Tratado de Santa Fe de 1852 como por una orden ejecutiva de 1955 firmada por el presidente Dwight Eisenhower. Sin embargo, en diciembre de 2014, el entonces senador John McCain de Arizona añadió una cláusula de última hora a un proyecto de ley de defensa de obligado cumplimiento, que exigía la transferencia de Oak Flat a Resolution Copper por motivos de seguridad nacional. McCain justificó la cláusula diciendo: “La gente de mi estado está sufriendo. Esta mina representa una oportunidad económica que no debe desperdiciarse”. El presidente Barack Obama finalmente la promulgó.
La segunda administración Trump ha hecho de la apertura de tierras públicas a intereses privados una prioridad principal. En una versión del proyecto de ley de presupuesto “Grande y Hermoso” de Trump, las empresas extractivas fueron mencionadas explícitamente como “clientes” del Departamento del Interior hasta que el senador Mike Lee, republicano por Utah, fue presionado a eliminar el texto, aunque el espíritu aún impulsa la acción gubernamental. La administración Trump encontró otras maneras de abrir el territorio, como no renovar las protecciones ambientales, eliminar los requisitos de conservación y las restricciones a la minería, y abrir los hábitats de la vida silvestre para la extracción petrolera. Según un análisis , estas acciones eliminarán las protecciones de aproximadamente 88 millones de acres de tierras públicas.
También ha específicamente priorizado a Oak Flat. En abril de este año, la administración incluyó la mina Resolution Copper en una lista de prioridades, junto con otros nueve proyectos mineros, en apoyo a la orden ejecutiva de Trump de marzo sobre el aumento de la producción nacional de minerales críticos.
“Los tribunales dicen que conseguir cobre es más importante que este ejercicio religioso”.
Joe Davis, asesor principal del Fondo Becket, explicó: “Gran parte de la defensa de la mina de cobre se basa en la idea de que es fundamental obtener cobre. Primero, dijeron que el cobre es importante para la energía verde. Tenemos que destruir el medio ambiente para salvarlo. Y luego dijeron que el cobre es fundamental para la seguridad nacional”.
“Por supuesto, tenemos argumentos en contra de esas cosas, pero realmente no se entiende el punto, que es que los tribunales están diciendo que obtener cobre es más importante que este ejercicio religioso”, agregó Davis.
Según la Asociación para el Desarrollo del Cobre, la industria del cobre estadounidense genera una producción económica de más de 160,000 millones de dólares y se espera que crezca un 6.5 % anual tan sólo en los próximos cinco años. Debido a la transición hacia las energías renovables y a las tendencias regionales, también se prevé que la demanda mundial de cobre aumente 12.6 millones de toneladas para el año 2040. El cobre fue designado un mineral crítico por parte del Departamento del Interior este agosto, después de que el Departamento de Energía lo incluyó en 2023. Esta designación establece que el cobre tiene un alto riesgo de interrupción de la cadena de suministro; Trump anunció aranceles del 50% a las importaciones de cobre el 30 de julio de este año.
Resolution Copper no respondió a la solicitud de comentarios de Truthdig.
En junio de 2022, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos se negó a detener la venta de Oak Flat, afirmando que la transferencia de tierras no afectaba sustancialmente el ejercicio religioso de los apaches, el estándar requerido para demostrar que el gobierno de los Estados Unidos está violando la libertad religiosa bajo la RFRA.
Tras una nueva audiencia en noviembre de ese mismo año, el Noveno Circuito reiteró su decisión anterior. Apache Stronghold apeló la decisión ante la Corte Suprema, la cual, con la excepción de los jueces Neil Gorsuch y Clarence Thomas, se negó a escuchar el caso. Gorsuch y Thomas escribieron en su disidencia que la decisión del tribunal fue un “grave error, con consecuencias que amenazan con repercutir durante generaciones”. Gorsuch dijo que habría concedido la solicitud cuando la Corte Suprema denegó la nueva audiencia el 6 de octubre.
A medida que Apache Stronghold llevaba su lucha a los tribunales inferiores, acumuló un apoyo y una solidaridad sin precedentes. Más de 52 naciones tribales, 85 organizaciones religiosas, asociaciones de inquilinos, grupos ambientalistas, grupos de recreación al aire libre y organizaciones de reforma minera también presionaron para detener la transferencia de tierras.
Russ McSpadden, defensor de la conservación del suroeste del Centro para la Diversidad Biológica, trabaja en otros temas, incluyendo otras minas de cobre, con coaliciones similares, pero ninguna tan amplia como la que Apache Stronghold y su fundador, Wendsler Nosie, han creado. “Hay un movimiento comprometido en torno a Apache Stronghold, porque son muy comunitarios y organizan muchos eventos increíbles en Oak Flat”, dijo Spadden. “Recorren el país. Han viajado a Europa y hablado con líderes religiosos en el extranjero. Realmente han construido algo que nunca antes había visto”.
“Debemos defender lo que es espiritual, santo y el mayor regalo de Dios para todos nosotros: nuestra Madre”.
El año pasado, Apache Stronghold organizó un viaje de oración que comenzó el 13 de julio en la Nación Lummi, en el estado de Washington, y concluyó el 11 de septiembre en la escalinata de la Corte Suprema. La misión era “detener la destrucción de la existencia humana y proteger a la Madre Tierra”. Visitaron tribus, iglesias, sindicatos y cualquier grupo que quisiera acoger a Nosie y a su familia en este viaje.
Un importante aliado y partidario de la lucha de Apache Stronghold es la organización de justicia económica Poor People ‘s Campaign. En una declaración oficial de apoyo de Oak Flat, los reverendos William J. Barber II y Liz Theoharis escribieron: “Esta lucha es la base de la lucha de la Campaña de los Pobres. El pueblo apache ya ha sido abusado y explotado por el gobierno de Estados Unidos a lo largo de nuestra historia, y ahora se permite que las corporaciones violen el lugar donde los antepasados apaches recibieron su pacto con Dios”.
En respuesta a la decisión de la Corte Suprema de la semana pasada, Nosie declaró: “El mal creó la injusticia, no solo para nosotros, los seres humanos, sino para todas las creaciones de Dios. Cuando se fundó este país, los humanos, con un corazón ambicioso, se esforzaron por silenciar la voz del Creador. Con esta acción, ahora convivimos con una tercera entidad, creada para arrebatar y destruir todo don bendito que Dios nos dio a través de nuestra Madre Tierra. Conocemos este mal como corporaciones, que proviene del capitalismo que coloniza a las personas. Debemos defender lo que es espiritual, sagrado y el mayor regalo de Dios para todos nosotros: nuestra Madre”. El Fondo Becket continúa el caso en los tribunales federales del distrito de Arizona.
Aunque el caso de Apache Stronghold podría haber concluido, otros tres casos relacionados con la transferencia de tierras se encuentran actualmente en trámite judicial. El más reciente, presentado en julio de 2025, fue interpuesto por mujeres y niñas apaches que perderían sus tradiciones de la Danza del Amanecer. Los siete cargos de la demanda argumentan que Estados Unidos está violando la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas (RFRA), sus derechos amparados por la Primera Enmienda al libre ejercicio de la religión y a dirigir la educación religiosa de los niños, y que el gobierno está violando la Ley Nacional de Preservación Histórica y la Ley de Procedimiento Administrativo.
Los otros dos casos están actualmente a la espera de audiencia en el Tribunal del Noveno Circuito de EE. UU. Ambos argumentan que la administración Trump violó la ley federal al no analizar ni mitigar adecuadamente los posibles daños de la mina a los bosques nacionales, las aguas y la vida silvestre.
“Nos encantaría proteger este lugar el tiempo suficiente para llegar a un cuerpo político sensato en el Congreso que comprenda los pecados del pasado y rectifique esta injusticia”, declaró McSpadden, del Centro de Diversidad Biológica, involucrado en uno de los casos. “Lucharemos con uñas y dientes para garantizar que esta tierra no sea privatizada ni entregada a dos gigantes mineros multinacionales, Río Tinto y BHP, que conforman Resolution Copper”.
Los demandantes en estos casos saben que tienen pocas posibilidades de convencer a la administración actual de que cambie sus planes, y saben que sus casos también podrían terminar como el de Apache Stronghold. Mientras un caso se estanca, otro avanza con la esperanza de agotar el tiempo. Pero mientras la lucha continúe, la esperanza para Oak Flat permanece.
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