Nota del editor: El siguiente artículo es un artículo original enviado por Daniel Garibay, amigo del Tribuno del Pueblo y People’s Tribune.
Más de 150 miembros de la comunidad acudieron, tanto en persona como a través de Zoom, para protestar por la apertura de un nuevo centro de detención de ICE de 2,500 camas en California City, operado por CoreCivic. La oposición incluyó a residentes locales, líderes religiosos, grupos de derechos de los inmigrantes y defensores de los derechos civiles, con Dolores Huerta hablando en persona.
La Comisión de Planificación de la Ciudad de California fingió ser transparente al decir que no tenían voz sobre si aprobar o no aprobar la solicitud para que CoreCivic abriera un centro de detención en California City. California City está en el condado de Kern, a unas dos horas al norte de Los Ángeles.
Tras el cierre de la prisión estatal en 2024, CoreCivic y ICE firmaron un acuerdo a corto plazo para reabrirla como una instalación federal de inmigración. Se espera que se apruebe por un plazo más largo.
Los oradores destacaron el costo humano de las redadas y detenciones de ICE, incluido un niño que preguntó por qué trasladaron a su padre a la instalación. También plantearon serias preocupaciones legales:
La instalación reabrió sin el aviso público de 180 días requerido por la SB29 de California.
CoreCivic está operando sin una licencia válida.
Una asistente de zoom de habla hispana comentó que estaba preocupada por su hijo, que ha estado detenido durante seis meses y estaba siendo trasladado al centro de detención de California City. Fue detenido mientras iba a trabajar. Ella suplicó su liberación para tenerlo en casa. Afirmó que no ha dormido en todo este tiempo, está frustrada y que hay muchas madres que están preocupadas y sufriendo como ella.
El acuerdo de la ciudad de California sigue un patrón nacional de ICE que utiliza contratos iniciales para activar rápidamente instalaciones cerradas administradas por operadores privados como CoreCivic, anteriormente conocida como Corrections Corporation of America.
A pesar de estos problemas, los funcionarios de la ciudad desviaron la responsabilidad. La Comisión de Planificación afirmó que carecía de autoridad sobre la solicitud de CoreCivic, mientras que el Concejo Municipal canceló su última discusión programada.
Los defensores enfatizaron las implicaciones más amplias: como el centro de detención de ICE más grande de California, la instalación podría generar más arrestos y redadas en todo el Valle Central. También sienta un precedente peligroso al explotar las lagunas de la AB137, que prohíbe la reutilización de las prisiones estatales para la detención de inmigrantes, pero no cubre las instalaciones de propiedad privada como esta.
Las organizaciones que lideran la oposición incluyen: Faith in the Valley, Fundación Dolores Huerta, Detention Watch Network, Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, CHIRLA, ACLU, Movimiento Interreligioso, Coalición Dignity Not Detention, Defensa contra la Deportación y muchos residentes preocupados.
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