Nota del editor: El siguiente artículo fue publicado originalmente por
México es el caso más representativo en Latinoamérica de los efectos devastadores de las políticas estadounidenses en materia de migración, libre comercio y la llamada “guerra contra las drogas”. Entre las víctimas se encuentran decenas de miles de migrantes que emprenden el largo y difícil viaje hacia Estados Unidos a través de territorio mexicano desde Centroamérica y otros lugares. Un tribunal internacional concluyó recientemente que la Masacre de San Fernando de agosto de 2010 es un ejemplo crucial que subraya las responsabilidades convergentes de los gobiernos de México, Estados Unidos y los países de origen.
Los defensores de los derechos humanos han alegado desde hace tiempo que las autoridades mexicanas… comparten la responsabilidad de este y otros incidentes similares, en última instancia atribuibles al papel de México en los esfuerzos promovidos por Estados Unidos para contener y reducir el flujo de migrantes que se dirigen a Estados Unidos a través de territorio mexicano.
Defensores de los derechos de los migrantes en todo México conmemoraron recientemente el cuarto aniversario de la masacre, que resultó en la muerte de 72 migrantes en tránsito, incluídas 13 mujeres, rumbo a Estados Unidos desde seis países. De los fallecidos, 24 eran originarios de Honduras, 14 de El Salvador, 13 de Guatemala, cinco de Ecuador, cuatro de Brasil y uno de la India. Once aún no han sido identificados debido al manejo inadecuado de la evidencia del lugar del crimen y de los cuerpos como resultado de procedimientos forenses defectuosos. Al menos dos sobrevivientes (de Ecuador y Honduras) se encuentran actualmente en programas de protección de testigos debido a las recurrentes amenazas contra sus vidas. San Fernando se encuentra en el estado norteño mexicano de Tamaulipas, a aproximadamente una hora y media de la frontera con Estados Unidos.
La masacre fue inmediatamente atribuida al cártel de la droga más violento de México, un grupo oscuro de origen paramilitar conocido como Los Zetas. Sin embargo, defensores de derechos humanos han alegado desde hace tiempo que las autoridades civiles, policiales y militares mexicanas de todos los niveles de gobierno (federal, estatal y local) comparten la responsabilidad de este y otros incidentes similares, atribuibles en última instancia al papel de México en los esfuerzos promovidos por Estados Unidos para contener y reducir el flujo migratorio que se dirige a Estados Unidos a través de territorio mexicano.
Esta masacre es el peor incidente en la sangrienta guerra contra las drogas en México, respaldada por Estados Unidos, que ha devastado el país en los últimos siete años, dejando más de 125,000 víctimas civiles, unas 25,000 desapariciones forzadas y más de 250,000 desplazados internos o forzados al exilio. Entre las víctimas de este período también se incluyen aproximadamente 20,000 migrantes secuestrados cada año desde 2007 e innumerables personas más que han sido extorsionadas, agredidas y violadas (se estima que el 80% de todas las mujeres y niñas migrantes son víctimas de abuso sexual o violación). La Masacre de San Fernando es también el peor crimen contra los derechos humanos en la historia de México desde el 2 de octubre de 1968, la masacre de estudiantes en Tlatelolco, en la Ciudad de México en 1968.
San Fernando, el epicentro de la guerra contra las drogas en el país, es también el lugar donde se descubrieron unas 47 fosas comunes con al menos 193 cadáveres, siete meses después de la masacre, en abril de 2011. Hasta el momento, solo se ha identificado el 30% de estos cuerpos, pero la mayoría de quienes han confirmado su identidad o lugar de origen también son migrantes, principalmente de origen mexicano, centroamericano y asiático.
La masacre
Periodistas de investigación tanto en México como en Estados Unidos han gradualmente reconstruido las circunstancias inmediatas que condujo primero a la masacre y luego a las fosas comunes:
Esa tarde del 22 de agosto de 2010, … dos camiones de carga circulaban por la carretera 101. A unos 14 kilómetros al norte de San Fernando, las esperanzas de los migrantes terminaron y comenzó su pesadilla: se encontraron con tres vehículos que bloqueaban la carretera y en los que viajaban hombres armados con el rostro cubierto.
“Somos Zetas”, se identificaron, y luego pidieron a los migrantes que bajaran de los camiones. Después los llevaron en camionetas a la bodega de un rancho abandonado. Allí, bajaron a 58 hombres y 14 mujeres de los camiones y los colocaron contra las paredes de la bodega. Primero, los interrogaron para averiguar de dónde venían y a qué se dedicaban. Todos negaron trabajar para el Cártel del Golfo.
Sus captores querían obligarlos a trabajar para ellos, pero los migrantes rechazaron la oferta. Ante tal negativa, los obligaron a tumbarse en el suelo boca abajo. Les dijeron que no levantaran la vista y luego les dispararon ráfagas de fusiles de asalto. Para asegurarse de que nadie quedara con vida, les dieron el tiro de gracia en la cabeza.
Un ecuatoriano que no fue alcanzado por las ráfagas, y cuyo tiro de gracia le atravesó el cuello y la mandíbula, fingió estar muerto y esperó a que se fueran los verdugos. Salió del rancho y caminó casi 24 kilómetros hasta que encontró a unos marines y pidió ayuda. “La masacre fue hace un rato”, les dijo, pero no le creyeron.
El incidente fue reportado a sus superiores, quienes ordenaron un reconocimiento aéreo de la zona. Esa tarde, cuando el helicóptero del Ejército sobrevolaba cerca del almacén, fueron atacados.
Anochecía el 23 de agosto y los marines se retiraron a Matamoros. Pero regresaron al rancho al día siguiente con refuerzos. Allí encontraron los 72 cuerpos.
La Audiencia
Un jurado internacional* con académicos de derechos humanos, defensores y expertos en políticas migratorias de varios países se reunió como parte de una investigación de tres años del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), sucesor del Tribunal Russell, que investigó los crímenes de guerra estadounidenses en Vietnam y el Sudeste Asiático en la década de 1960. El jurado escuchó el testimonio en vivo en la Ciudad de México en agosto de 2013, presentado por familiares de víctimas de la masacre de Guatemala y Brasil, y de la madre de un migrante hondureño que desapareció en circunstancias similares y que, se sospecha, podría estar entre las víctimas de las fosas comunes.
Ángela Pineda, de Chiquimula, Guatemala, testificó que perdió a cinco miembros de su familia en la masacre, incluyendo a su esposo, hija, hijo, nuera y un primo, quienes viajaban juntos. María da Gloria Aires, de Brasil, originaria de la región sureste de Minas Gerais, compareció ante el tribunal en memoria de su joven sobrino, Juliard, de 19 años, quien murió en la masacre junto con su amigo Herminio, de 24.
El jurado concluyó que los gobiernos de Estados Unidos y México son corresponsables de un patrón generalizado de graves violaciones de derechos humanos cometidas contra migrantes en tránsito en territorio mexicano, en su camino hacia Estados Unidos, entre 2010 y 2014.
Pineda y Aires se quejaron amargamente ante el tribunal de que ambos se enteraron de la muerte de sus familiares por informes de noticias de televisión y radio, en lugar de por los gobiernos de México o de sus países, y que los cuerpos del sobrino de Aires y de la hija de Pineda, Mayra, no habían sido identificados adecuadamente y habían sido enviados por error primero a otros países o intercambiados con otros restos.
Otras víctimas incluyeron a Yedmi Victoria Castro, de 15 años, de Pasaquina, El Salvador, quien buscaba reunirse con su madre, Mariluz Castro, quien había emigrado previamente a Nueva York.
Resumen de las conclusiones del jurado
El fracaso en lograr una reforma migratoria integral en Estados Unidos ha exacerbado los efectos negativos de las políticas estadounidenses, incluida la creciente separación y fragmentación de las familias como resultado del aumento de las deportaciones debido a las medidas intensificadas de control en el interior del país.
El jurado concluyó que los gobiernos de Estados Unidos y México son corresponsables de un patrón generalizado de graves violaciones de derechos humanos cometidas contra migrantes en tránsito en territorio mexicano, rumbo a Estados Unidos, entre 2010 y 2014. El jurado también concluyó que la masacre fue el resultado predecible y, por lo tanto, evitable, de las acciones y omisiones de las autoridades mexicanas responsables de violaciones sistemáticas, atroces y recurrentes de derechos humanos contra migrantes en tránsito. Estas violaciones incluyen la incapacidad del gobierno mexicano para proteger a los migrantes en tránsito de la muerte o lesiones debido a los graves abusos cometidos por narcotraficantes y tratantes de personas en complicidad con las autoridades mexicanas.
El jurado concluyó que estos abusos constituyeron una política de terror de estado contra las personas migrantes (muchas de ellas de origen indígena y afro descendiente, y un número cada vez mayor de mujeres y menores de edad) debido a la mayor vulnerabilidad asociada con su condición de indocumentadas, en el contexto de las 72 víctimas de la Masacre de San Fernando de agosto de 2010 y de las 47 fosas comunes que contenían al menos 193 cuerpos adicionales encontrados en el mismo municipio en abril de 2011. El jurado también concluyó que los gobiernos de los países de origen (Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Brasil) de las víctimas migrantes de la Masacre de San Fernando y las fosas comunes compartían la responsabilidad con los gobiernos de México y Estados Unidos por fomentar las condiciones de vulnerabilidad que allanaron el camino para estos crímenes masivos. Esto incluye la adopción de políticas neoliberales de libre comercio y la comisión de violaciones de derechos humanos en las comunidades de origen de estos migrantes, lo que los obligó a migrar en busca de una vida digna.
Responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos
Las conclusiones del jurado enfatizan hasta qué punto las políticas migratorias estadounidenses han resultado en la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México y la criminalización de los flujos migratorios irregulares desde México y otros países. Esto incluye esfuerzos conjuntos sin precedentes de Estados Unidos y México para aplicar este enfoque a los migrantes en tránsito, principalmente de origen centroamericano y andino, en territorio mexicano, al mismo tiempo que los efectos combinados de las políticas neoliberales de libre comercio promovidas por el TLCAN y el CAFTA han intensificado los flujos migratorios tanto desde México como desde Centroamérica.
El jurado también exploró las implicaciones del actual éxodo masivo de jóvenes, niños y mujeres migrantes centroamericanos sobre sus derechos a la protección humanitaria temporal, refugio, asilo y reunificación familiar.
El fracaso en lograr una reforma migratoria integral en Estados Unidos ha exacerbado los efectos negativos de las políticas estadounidenses, incluida la creciente separación y fragmentación de las familias como resultado del aumento de las deportaciones debido a las medidas intensificadas de control en el interior del país.
Al mismo tiempo, Estados Unidos ha incrementado la ayuda a las autoridades mexicanas como parte de la llamada “guerra contra las drogas” (de conformidad con la Iniciativa Mérida, el equivalente mexicano del Plan Colombia, y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, el componente de seguridad nacional del TLCAN). La policía y las fuerzas de inmigración que reciben ayuda de la Iniciativa Mérida se han visto implicadas repetidamente en violaciones de los derechos humanos de los migrantes.
Responsabilidad del Gobierno Mexicano
Otros temas o casos presentados ante el TPP en México incluyen patrones recurrentes de hostigamiento y amenazas contra albergues para migrantes, defensores de derechos y caravanas de migrantes organizadas para protestar contra políticas que violan los derechos de los migrantes; políticas de detención arbitraria y abusiva y otras formas de trato inhumano y degradante a migrantes en tránsito en territorio mexicano –incluyendo tortura.
Las conclusiones del jurado también se basan en documentos oficiales desclasificados de agencias del gobierno de Estados Unidos, incluido el Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la DEA, la Embajada de Estados Unidos en México y los consulados, analizados y publicados en noviembre de 2013 por el Archivo de Seguridad Nacional en la Universidad George Washington, sobre el contexto que condujo a la Masacre de San Fernando y las fosas comunes. Estos documentos ilustran además que el gobierno mexicano conocía de antemano la magnitud de los peligros que enfrentan los migrantes, pero no actuó.
Estos documentos incluyen cables de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, que datan de agosto de 2007, que resaltan los peligros que enfrentan los migrantes en tránsito por México debido a los efectos combinados de la violencia de cárteles de la droga como Los Zetas, la complicidad de funcionarios gubernamentales en todos los niveles y la falta de investigación y enjuiciamiento de los delitos cometidos contra los migrantes. Esto incluye un número creciente de abusos (como asaltos y robos) contra migrantes, atribuidos a los militares, quienes fueron asignados a funciones clave de seguridad pública en regiones como Tamaulipas como parte de la “guerra contra las drogas”.
El articulo del 15 de junio de 2009, en Proceso, el semanario de noticias de mayor circulación en México, presentó amenazas de secuestros masivos contra migrantes como tema de portada e incluyó informes detallados que enfatizaban y actualizaban los mismos factores reflejados en los cables de agosto de 2007 de la embajada, incluidos peligros específicamente aumentados para los migrantes en Tamaulipas.
Poco después, una evaluación de la DEA sobre los Zetas en julio de 2009 llamó la atención sobre su creciente poder y colaboración con la unidad de Fuerzas Especiales del ejército guatemalteco conocida como Kaibiles. Los Kaibiles han sido vinculados por la Comisión de la Verdad, respaldada por la ONU en 1999, y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias decisiones clave de la última década, a muchos de los peores y más recurrentes abusos contra los derechos humanos cometidos durante el genocida conflicto interno en Guatemala, incluyendo varias de las masacres más sangrientas, caracterizadas por tácticas especialmente brutales. Un cable de la DEA del 28 de mayo de 2010 también hizo referencia a los vínculos entre los Zetas y tanto miembros activos como desertores de los Kaibiles.
Uno de los testigos expertos en las audiencias del TPP sobre los casos de San Fernando en la Ciudad de México en agosto de 2013 es un ex general de brigada del Ejército mexicano llamado Francisco Gallardo, quien se convirtió en preso político después de ser encarcelado por sus esfuerzos para promover la creación de un Defensor del Pueblo para los Derechos Humanos dentro de las Fuerzas Armadas. Gallardo relaciona las tácticas y metodologías propias de los Kaibiles y las fuerzas paramilitares en Colombia con las empleadas por los autores de la Masacre de San Fernando y las fosas comunes. Posteriormente, los Zetas y los ex Kaibiles fueron culpados de una masacre que dejó 29 víctimas en la remota región de Petén, Guatemala, en mayo de 2011 (poco después del hallazgo de las fosas comunes en San Fernando), lo que provocó el desplazamiento forzado de 68 familias (más de 250 personas) que huyeron a través de la frontera con México hacia la región cercana a Tenosique, Tabasco, y fueron deportadas arbitrariamente por las autoridades mexicanas en diciembre de 2011.
Un cable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, fechado el 25 de marzo de 2010, destaca la creciente violencia en la región de Tamaulipas, una de las del país con mayor concentración de tropas. Este documento también cita información corroborada y confiable sobre el uso generalizado de retenes en carreteras locales por parte de Los Zetas. Según el análisis del Archivo de Seguridad Nacional, esta es la primera mención en documentos desclasificados de retenes utilizados por los cárteles en Tamaulipas, método empleado para detener autobuses con pasajeros y perpetrar las masacres de San Fernando.
Otro informe de la embajada, publicado poco después (abril de 2010), de su sección de Asuntos Narcóticos, enfatizó hasta qué punto las actividades de los Zetas en la región norte del país, incluyendo Tamaulipas, se caracterizaron por una “casi total impunidad ante la vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad locales” y por el aumento de los incidentes de conflicto armado entre los Zetas y otros cárteles por el control de esta región. En este contexto de guerra entre cárteles, el cable del 25 de marzo de 2010 también advierte que “un ataque de represalia por parte de Los Zetas es probablemente inevitable”. Algunos han argumentado que la masacre de agosto de 2010 podría explicarse en parte como una expresión aguda de dichos conflictos entre cárteles por el control del tráfico de personas que fluye hacia San Fernando y Tamaulipas.
Los derechos humanos fundamentales no pueden ejercerse libremente en contextos caracterizados por procesos convergentes de violencia estatal, estructural y sistémica que imposibilitan una vida digna y segura en las comunidades y países de origen de los migrantes. Estas formas de violencia incluyen la militarización, el paramilitarismo y los efectos de las políticas neoliberales de libre mercado y libre comercio, los megaproyectos de desarrollo minero y otras formas de explotación de los recursos naturales que resultan en la devastación ambiental y el cambio climático. Por su complicidad en la creación y perpetuación de esta violencia contra los migrantes, los gobiernos de México, Estados Unidos y los países de origen deben rendir cuentas.
* El jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos estuvo integrado por: Dr. Jorge Bustamante, ex Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes, COLEF; Iver Orstavik, Fundación Rafto para los Derechos Humanos, Bergen, Noruega; Leticia Calderón, Instituto Mora, Ciudad de México; Laura Carlsen, Programa de las Américas, Centro de Política Internacional-CIP, Washington DC/Ciudad de México; José Rosario Marroquín, Centro PRO DH; Pedro González Gómez, Asamblea de Migrantes Indígenas del DF; David Velasco, ITESO; Jesús Antonio de la Torre Rangel, UAA; Luis Daniel Vázquez, FLACSO; Miguel Pulido, director FUNDAR; Azadeh Shahshahani, presidenta del Gremio Nacional de Abogados, Estados Unidos; Hans Egil Offerdal, teólogo/especialista en derechos humanos, Univ. de Bergen, Noruega; Immanuel Ness, Centro CUNY para la Educación de los Trabajadores, Brooklyn College; Fiona McPhail, jurista, representante de la Sociedad Haldane de Abogados Socialistas (Reino Unido); Rosa Martha Zárate, Alianza de ExBraceros del Norte; Gilberto Parra, Centro Jalisciense de Atención al Adulto Mayor y Migrante, Guadalajara.
El Tribuno del Pueblo le trae artículos escritos por individuos y organizaciones, junto con nuestros propios reportajes. Los artículos firmados reflejan los puntos de vista de las y los autores. Los artículos sin firmar reflejan los puntos de vista del consejo editorial. Por favor, dé crédito a la fuente al compartir: tribunodelpueblo.org. Todos somos voluntarios, sin personal remunerado. Haga una donación en http: //tribunodelpueblo.org/ para seguir ofreciéndoles las voces del movimiento porque ningún ser humano es ilegal.
