Disminución de la migración de El Salvador: Otro mito de Bukele

El Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador publicó originalmente el siguiente artículo en el sitio web de la CISPES el 2 de agosto de 2024.

Para ayudar a pintar la imagen de una guerra exitosa contra las bandas, en los últimos años el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha promovido una narración de que sus políticas de seguridad están llevando a menos personas a abandonar el país. Recientemente, esta narración ha recibido un impulso en los Estados Unidos, de los partidarios de MAGA a la prensa principal. Poco después de su inauguración el 1o de junio para un segundo mandato ilegal, al que el Secretario de Seguridad Nacional de los EE.UU. Alejandro encabezó una delegación considerable de la administración de Biden, la Associated Press publicó un artículo argumentando que los Estados Unidos ahora están apoyando a Bukele porque las cifras de migración de El Salvador están disminuyendo, y los números están bajando porque el enfoque de Bukele está “ trabajando”. Este marco, sin embargo, ignora otras explicaciones para las crecientes demostraciones de apoyo de la administración de Biden a Bukele, y no se alinea con muchos datos sobre la continua migración de El Salvador hoy, que cuenta una historia mucho más compleja.

La Embajada de El Salvador en los EE.UU. insiste en que Bukele ha creado las condiciones para que los salvadoreños en el extranjero regresen al país y que la mayoría están ansiosos por hacerlo, incluso empujando un nuevo hashtag, #MigracionInversa (inverse migration). Sin embargo, los expertos han contestado que si bien los datos, sin duda, muestran que la mayoría de los salvadoreños que han tenido que abandonar el país quieren regresar algún día, menos del 20% tienen planes concretos para hacerlo.

Esta narración también ha puesto en peligro y a un lado las demandas de casi 200.000 salvadoreños que contan con la renovación del estatuto de Protegido Temporal, y cientos de miles más que están luchando para permanecer en los Estados Unidos, especialmente teniendo en cuenta el peligro creciente de ser deportados al estado policial de Bukele. Las principales organizaciones de derechos de los inmigrantes han pedido que se redefine el TPS para todos los salvadoreños, no sólo una extensión para los actuales titulares del TPS que llegaron antes de febrero y marzo de 2001. Estos llamamientos han sido rechazados por más de cien legisladores estadounidenses, que señalan la crisis de los derechos humanos bajo el estado de excepción de Bukele como una de las principales razones por las que los salvadoreños de los Estados Unidos no pueden regresar al país.

Ciertamente, la promesa de Bukele de que disminuirá el número de salvadoreños en los Estados Unidos apela a muchos nacionalistas blancos que se han apoderado de Trump por su puro racismo y xenofobia. De hecho, una destacada delegación de la MAGA también se unió a la inauguración de Bukele, incluidos Don Trump, Jr., Tucker Carlson y el diputado Matt Gaetz (R-FL), que desde entonces ha vuelto a asombrarse de nuevo del aparato represivo del Estado, incluida la prisión más grande del hemisferio.

Es por eso que muchos se quedaron conmocionados por el hecho de que el ex presidente Trump pareciera lanzar a Bukele bajo el autobús durante su discurso del 18 de julio en la Convención Nacional Republicana, afirmando que Bukele sólo había reducido la tasa de homicidios enviando a los que habían cometido asesinatos a los Estados Unidos. El objetivo, por supuesto, era recuperar su base antes de prometer las mayores deportaciones en la historia de los Estados Unidos. Pero la administración de Bukele también ha participado en esta peligrosa narración. Después de todo, según su lógica, si El Salvador es ahora un paraíso, sólo los delincuentes que intentan evitar la prisión en su mega prisión, el Centro para la Contención del Terrorismo (CECOT), tienen razón para salir.

El resultado final es que los inmigrantes salvadoreños siguen siendo pintados como criminales, ahora incluso por su propio gobierno. Esto oculta las verdaderas razones por las que muchos salvadoreños continúan huyendo del país, incluido el empeoramiento de la represión política, los derechos humanos y las condiciones económicas que ha creado, y deja a los expertos en derechos humanos e inmigración en El Salvador para luchar en una batalla para pintar la verdadera imagen de la migración del país hoy.

Contando los números

Muchos en Washington parecen estar señalando una estadística específica de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para justificar el supuesto enfoque de “mano dura contra el crimen” de Bukele como exitoso. En el año fiscal 2023, los encuentros de salvadoreños en la frontera suroeste de CBP totalizaron 61,515, una disminución del total del año fiscal 2022 de 97,030. Sin embargo, los encuentros fronterizos de CBP por sí solos no pintan una imagen completa de la migración salvadoreña, ni una caída en un año es un indicador claro o permanente de la disminución de la emigración o de la mejora de las condiciones de vida en El Salvador.

El examen del número total de encuentros en la frontera suroeste de EE. UU. durante el primer mandato de Bukele, utilizando datos de CBP del año fiscal 2020-2024 (hasta junio de 2024), revela un total de 319,143 encuentros. En tanto, entre  los ejercicios 2015-2019, abarcando el anterior mandato presidencial de Sánchez Cerén del FMLN, el número total de encuentros se situó en 286.352. (Ver recopilación de datos anuales aquí). Esto equivale a un aumento general del 11.5% con respecto al período de cinco años anterior, incluso a pesar de las cifras universalmente más bajas de movilidad humana en 2020 debido a la pandemia de COVID y el hecho de que las políticas fronterizas de EE. UU. se han externalizado cada vez más hacia México en los últimos cinco años, como se analiza en la siguiente sección.

Los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pueden proporcionar estadísticas más completas sobre el desplazamiento salvadoreño. Según el Buscador de Datos de Refugiados de ACNUR, que recopila el número de refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y otras personas de interés, el número de salvadoreños desplazados asistidos por ACNUR en 2023 ascendió a 405.464, frente a los 332.383 de 2022 y los 250.619 de 2018. El aumento de solicitantes de asilo y refugiados en el último año indica un aumento de la persecución y del fracaso del gobierno salvadoreño para proteger a sus ciudadanos.

Los datos proporcionados por ACNUR también demuestran una disminución en el número de salvadoreños a los que se les ha otorgado el estatus de refugiado en los EE.UU. en los últimos cinco años. En 2023, Estados Unidos solo recibió el 51% de todos los refugiados salvadoreños en todo el mundo, en comparación con el 62% en 2018, lo que significa que Estados Unidos ha asumido menos responsabilidad en brindar protección a los salvadoreños desplazados.

El papel de México en la migración a EE.UU.

México también desempeña un papel fundamental en la migración salvadoreña. Especialmente desde el lanzamiento del Plan de la Frontera Sur de México en 2014, Estados Unidos ha presionado cada vez más a México para evitar que los migrantes y refugiados lleguen a la frontera entre Estados Unidos y México. Como resultado, México ha intensificado las medidas de militarización y securitización, incluso en su propia frontera sur con Guatemala y en todo su territorio nacional. Bajo la administración de Trump se implementaron políticas de externalización adicionales diseñadas para retrasar o prevenir la entrada de migrantes a los EE. UU., y muchas continuaron bajo Biden. Por ejemplo, el Título 42, promulgado por Trump en 2020 supuestamente para frenar la propagación del COVID-19, permaneció en vigor hasta mayo de 2023.

Los salvadoreños ahora enfrentan un viaje cada vez más difícil a través de México, a menudo permaneciendo allí por más tiempo de lo previsto o, trágicamente, sin sobrevivir a las duras condiciones impuestas por los funcionarios de inmigración mexicanos. El incendio en el centro de detención de migrantes de Ciudad Juárez, que provocó la muerte de 40 detenidos, entre ellos 12 salvadoreños, pone de manifiesto las graves condiciones que enfrentan los migrantes debido a la creciente securitización de México.

A pesar de la dura realidad, los datos sugieren que la migración salvadoreña a través de México sigue aumentando. En el primer semestre de 2024, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) de México ha citado un aumento del 10,41% en las solicitudes de refugio de ciudadanos salvadoreños en comparación con 2023, mientras que las solicitudes de los otros diez países con mayor número de solicitantes disminuyeron. Si bien varios factores podrían estar contribuyendo a este aumento en las cifras, indica que el número de refugiados salvadoreños en México está aumentando. Además, los datos de la Unidad de Política Migratoria de México indican un aumento significativo en los encuentros con salvadoreños en situación migratoria irregular. En 2023, las autoridades mexicanas documentaron 24.182 encuentros con migrantes salvadoreños indocumentados. Solo entre enero y mayo de 2024, ese número ya había aumentado a 33.292.

Entonces, si las condiciones son tan seguras en El Salvador, ¿por qué la gente sigue saliendo a tasas altas?

Persecución política y represión

Las aparentemente altas tasas de aprobación de Bukele se ven ensombrecidas por el aumento de la represión política. En una encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana  (Iudop) publicada en mayo de este año, el 54,4% de los encuestados afirmó ser cauteloso a la hora de expresar sus opiniones políticas, la segunda vez durante la presidencia de Bukele que más de la mitad de la población encuestada ha reportado sentir miedo de expresar opiniones políticas públicamente.

 

 

Esto no es inesperado dada la persecución política contra opositores políticos, líderes comunitarios y periodistas, así como la naturaleza arbitraria de muchos de los arrestos bajo el actual Estado de Excepción de Bukele. Después de que se suspendieran los derechos constitucionales en marzo de 2022, muchas comunidades han sido militarizadas y aproximadamente 80.000 personas han sido detenidas injustamente sin orden judicial, la gran mayoría únicamente por acusaciones de “asociación ilícita”. Las organizaciones de derechos humanos en El Salvador estiman que al menos 26.000 de los detenidos no tienen ninguna participación criminal, pero casi todos los que han sido arrestados son de barrios pobres. Los últimos informes indican que más de 3.000 niños han sido detenidos y torturados en prisión y que al menos 261 personas han muerto. Como escribió en 2023 la destacada organización de derechos humanos CRISTOSAL, con sede en El Salvador, “la perpetración sistemática de estas violaciones de los derechos humanos como política de Estado del más alto nivel, de carácter sistemático y dirigida a un segmento específico de la población (personas que residen en zonas de alto conflicto, pobres y mayoritariamente jóvenes), permite que sean tipificadas como crímenes de lesa humanidad (artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional)”.

Tras este total desprecio por el debido proceso, el gobierno de Bukele ha puesto en la mira  a defensores del medio ambiente, exmiembros del FMLN y líderes de la oposición, y defensores de los derechos humanos para su detención, lo que refleja una clara estrategia para silenciar la disidencia. Sin embargo, las detenciones por motivos políticos no comenzaron con el Estado de Excepción en marzo de 2022. En una publicación realizada antes de la implementación del Estado de Excepción, ya había más de 50 casos documentados de salvadoreños que huyeron del país debido a la persecución política por parte del gobierno de Bukele. Así, el actual Estado de Excepción representa una escalada de la política represiva que Bukele ha implementado desde que asumió el cargo en 2019.

Desplazamiento interno

La violencia estatal, incluidas las amenazas, las conductas indebidas y las represalias por parte de la policía y el ejército, también están obligando a los salvadoreños a abandonar sus hogares y comunidades, incluso si permanecen en el país. Según un informe de 2023  sobre el desplazamiento interno dentro de El Salvador, CRISTOSAL, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) y el Servicio Social Pasionista encontraron que, desde 2022, año en que entró en vigor el Estado de Excepción, la policía y el ejército han reemplazado a las pandillas como los principales impulsores del desplazamiento interno (ver más abajo).

En 2020 y 2021, las pandillas representaron el 91,2% y el 92% de los perpetradores de desplazamiento interno en los casos recibidos por estas organizaciones, respectivamente. Para 2023, la Policía Nacional Civil representó el 72,8% de los perpetradores en casos de desplazamiento interno y las Fuerzas Armadas un 3,3% adicional. Solo en el primer semestre de 2023, el número de víctimas (195) ya igualó el total del año anterior y se prevé que supere con creces el número de víctimas de 2021 (213), cuando se informó que las pandillas eran los principales perpetradores de violencia.

 

 

Deterioro de las condiciones económicas

Para los salvadoreños que permanecen en el país, no se puede ignorar el empeoramiento de las condiciones económicas. Durante su ilegal toma de posesión para un segundo mandato, Bukele prometió, una vez más, proporcionar una “medicina amarga” al país para reactivar la economía.

Colectivo de educación popularEquipo Maízhace un recuento de varios indicadores de un deterioro de la economía tras el primer mandato de Bukele (Véase más abajo). Las tasas de producción han disminuido, mientras que las tasas de inflación han aumentado junto con las tasas de pobreza y subempleo. Además, el coste de la vida ha aumentado un 28% en las zonas urbanas y un 23% en las rurales, alcanzando niveles inasequibles para muchos. En unreciente encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, los salvadoreños citaron la economía como una de las principales preocupaciones, y el 50% mencionó que sintió un aumento significativo en el costo de vida en el último año.

 

 

Hasta ahora, la “medicina amarga” del gobierno ha significado recortes en los subsidios a la gasolina, la atención médica, la educación y los servicios de agua. Además, Bukele ha prometido eliminar los aranceles durante los próximos 10 años a las importaciones como supuesta solución al encarecimiento de los bienes básicos, algo que ya se había implementado en 2022. Como  señala el Bloque de Resistencia y RebeliónPopular, esto no sólo no mejoró el costo de los bienes, sino que generó efectos negativos duraderos en las tasas de producción nacional.

Las falsas promesas hechas por Bukele siguen beneficiando a unos pocos, al tiempo que cobran el mayor precio en las familias más pobres de El Salvador, obligando inevitablemente a muchos a migrar. Las condiciones económicas han sido los principales impulsores de la migración fuera de El Salvador en el período de posguerra. Sin embargo, el porcentaje de personas que se van debido a factores económicos va en aumento. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, entre enero y abril de 2022, el 64,1% de los adultos que habían salido de El Salvador dijeron que se debía a las condiciones económicas. Entre enero y junio de 2024, ese porcentaje había aumentado al 73,5% de los adultos entre enero y junio de 2024.

La lucha en curso

Una mirada más allá de las tendencias a corto plazo en la frontera entre Estados Unidos y México deja en claro que un gran número de salvadoreños continúan migrando. Los problemas subyacentes que impulsan el desplazamiento de salvadoreños siguen sin resolverse a medida que las condiciones económicas continúan afectando a más y más familias, y la represión política y la persecución aumentan. La descripción de Trump -y de Bukele- de los migrantes salvadoreños como peligrosos pandilleros no solo estigmatiza y pone en peligro a toda una población, sino que también sirve como cortina de humo para las crisis que enfrentan muchas familias de clase trabajadora en El Salvador bajo el actual régimen dictatorial.

La teoría de que el apoyo continuo de la administración Biden a Bukele se basa en una reducción de la migración, ya sea que los números lo confirmen o no, también perpetúa el mito de que la política exterior de EE. UU. está genuinamente interesada en abordar las causas fundamentales de la migración y permitir que mejoren las condiciones de vida en Centroamérica. En realidad, las posturas de la política exterior de Estados Unidos, incluido el apoyo continuo a Bukele, a menudo están impulsadas por intereses económicos y geopolíticos, como la competencia con China, y resultan en un desplazamiento continuo de países como El Salvador. También defiende las peligrosas políticas de contención migratoria que alimenta el discurso político antiinmigrante en Estados Unidos, y en las que el gobierno de Bukele ha demostrado estar dispuesto a colaborar.


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