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Miércoles, 10 de julio de 2024
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Delegación de grupos de inmigrantes y de defensa denuncia los últimos esfuerzos de los EE.UU. para externalizar aún más la frontera de Estados Unidos a Panamá
PANAMÁ — El lunes pasado, Estados Unidos y Panamá firmaron un acuerdo en el que el gobierno de los EE.UU. proporcionará financiación a través del Departamento de Estado a Panamán para apoyar la deportación de migrantes y el examen de los solicitantes de asilo que cruzan la brecha de Darién. El último acuerdo del gobierno de Biden tiene como objetivo mover la frontera de los EE.UU. más al sur y mantener políticas de disuasión fallidas. El recién elegido presidente de Panamá ya ha ordenado la instalación de barras de alambre en la selva de Darién, una acción que no detendrá ni detendra a los migrantes, sino que sólo hará que su viaje sea cada vez más peligroso.
En respuesta, una coalición de defensores de Witness at Border, Quixote Center, Human Security Initiative, Las Americas Immigrant Advocacy Center (Las Américas), Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), y Red Franciscana para Migrantes en Panamá, que publicaron recientemente un nuevo informe titulado “DANGER IN THE DARIÉN GAP: Abuses de los derechos humanos y la necesidad de caminos humanos hacia la seguridad”, compartieron las siguientes citas:
“El Gobierno de los EE.UU. está efectivamente subcontratando al Gobierno de Panamá el mismo juego de políticas de disuasión inhumanas que han demostrado ser ineficaces en nuestra propia frontera sur. Esto es una vergüenza y una violación de los derechos humanos básicos”, dijo Karla Barber en Witness at the Border.
“Migrantes de todo el mundo están huyendo de sus países como resultado de la violencia, los abusos de los derechos humanos y la pobreza extrema. Lamentablemente, los Estados Unidos han optado por financiar medidas de ejecución punitiva contra los migrantes vulnerables en lugar de trabajar para abordar las cuestiones que hacen que las personas huyan. Las bandas y los cárteles que terrorizan a las personas en sus países de origen pueden comprar armas, legalmente e ilegalmente, en los Estados Unidos y luego traficarlas en toda América Latina y el Caribe. La vigilancia de las fronteras debería comenzar por poner fin al tráfico de armas y abordar otras causas fundamentales de la migración. Los vuelos de deportación y otras medidas punitivas solo hacen que el viaje sea más peligroso para los migrantes vulnerables y traumáticos”, dijo Kim Lamberty, Director Ejecutivo del Centro Quixote.
“En lugar de aplicar fondos muy necesarios a los esfuerzos humanitarios a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, la administración de Biden ha optado por enviar dinero a Panamá para que puedan devolver a peligro a miles de personas. Esto ignora el derecho humano a buscar protección fuera de su hogar y obliga a las familias vulnerables a las manos de contrabandistas, traficantes y funcionarios gubernamentales corruptos. El acuerdo con Panamá viola las obligaciones legales de nuestro país y discrimina directamente a las personas desvinculadas y empobrecidas que no tienen acceso a otros medios de buscar refugio”, dijo Jennifer Babaie, Directora de Abogacía y Servicios Jurídicos del Centro de Advocacía de Inmigrantes de Las Américas. (Las Americas).
“Estados Unidos debería utilizar recursos para proteger a los migrantes y solicitantes de asilo en lugar de gastarlos para devolver a la gente al peligro. Sin dar a las personas y a las familias la oportunidad de que sus casos sean juzgados, muchas personas volverán a ser torturadas y posiblemente morirán. Los Estados Unidos deben mantener su promesa en la Declaración de Los Ángeles de «crear las condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular y de fortalecer los marcos para la protección y la cooperación internacionales». Es nuestra obligación moral y jurídica proteger a los solicitantes de asilo, no financiar su fallecimiento”, dijo Margaret Cargioli, Procuradora Directiva de Política y Advocacy del Centro de Derecho de Defensores de Inmigrantes (ImmDef).
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