Nota del editor: El siguiente artículo nos lo ha enviado uno de nuestros queridos lectores, Cathleen Williams.
Cuando salió por la puerta de un edificio en una tranquila calle del centro de Sacramento la tarde del 4 de noviembre, la cara preocupada de Norma se iluminó con una sonrisa momentánea. Una multitud de 100 simpatizantes se había reunido bajo sus paraguas bajo la lluvia para presenciar y esperar mientras ella se reunía con el ICE.
Norma, madre de tres niños pequeños, huyó de Honduras porque su vida corría peligro. Solicitó asilo en Estados Unidos. Ese lluvioso día de noviembre, la llamaron inesperadamente para que se presentara en la oficina de un contratista del ICE. Le avisaron con dos días de antelación. Nadie sabía, ni siquiera la propia Norma, si sería detenida, llevada bajo custodia o deportada después de su cita. Cuando salió de la oficina del ICE unas horas más tarde, la multitud la recibió con gritos de alegría antes de que se apresurara a reunirse con su familia.
La organización que movilizó a miembros de organizaciones comunitarias y grupos religiosos para reunirse en apoyo a Norma se llama NorCal Resist. Organizadores locales con amplia experiencia fundaron NorCal Resist en 2017. Vieron que la primera elección de Trump llevaría al gobierno de Estados Unidos a atacar y convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios. Según la líder del personal de NorCal Resist, Giselle García, «la misión de NorCal Resist es proporcionar ayuda mutua a las comunidades vulnerables y construir estructuras que reflejen el mundo pacífico en el que queremos vivir, especialmente en lo que respecta al poder policial de Estados Unidos y al impacto del ICE en la vida de las personas».
NorCal Resist se centra en la inseguridad alimentaria, la inseguridad de vivienda y otras necesidades básicas de los inmigrantes y sus familias, así como de la comunidad en su conjunto. Apoya la educación política, las capacitaciones «Conoce tus derechos», un club de lectura semanal, una clase de defensa personal, clínicas de autoayuda para inmigrantes y diferentes tipos de foros que abordan la política de inmigración y el estado «carcelario» de Estados Unidos que gobierna a través de su vasto sistema penitenciario y de detención. «Tenemos que protegernos y cuidarnos unos a otros», dice Giselle García, «tenemos que organizarnos y movilizarnos para hacer frente a la amenaza de secuestro y detención sin el debido proceso por parte del ICE».
Cuando el ICE citó a Norma para que se presentara en la oficina del contratista, NorCal Resist envió un llamamiento urgente a la acción por correo electrónico que llegó a cientos de personas. «Una madre de Honduras corre el riesgo de ser separada de su esposo y sus hijos, incluido un bebé de tres meses, en un control del ICE», decía el aviso. «Por favor, acuda y únase a nosotros. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el ICE separa a las familias de nuestra comunidad».
El «registro» por parte del ICE que exigía a Norma presentarse en persona refleja las prácticas y políticas actuales del ICE para el control de los inmigrantes sujetos a su jurisdicción. Este año, el ICE ha recurrido cada vez más al uso de «órdenes de supervisión» (OSUP) que emiten los tribunales de inmigración a las personas que no pueden ser deportadas de inmediato debido a apelaciones pendientes y otras consideraciones. En virtud de las OSUP, los inmigrantes que solicitan asilo pueden ser incluidos en el «ISAP», el «Programa de Supervisión Intensiva y Comparecencia». El ICE describe el ISAP como una «alternativa a la detención», pero el programa equivale a un confinamiento digital y psicológico mediante vigilancia electrónica. El ISAP exige un cumplimiento estricto: Norma tenía que presentarse inmediatamente ante el ICE cuando se le contactara y notificar al ICE cualquier cambio de domicilio. «Norma y otras personas sujetas al ISAP viven cada día con una ansiedad y un estrés extremos», informa Giselle García, de NorCal.
Al principio, Norma tuvo que llevar un monitor en el tobillo; más recientemente, el ICE la vigilaba a través de una aplicación GPS en su teléfono, que Norma tenía que llevar consigo en todo momento. Cualquier problema con los dispositivos electrónicos podía dar lugar a su detención y deportación. El ICE podía imponer a Norma arresto domiciliario o revocar su estatus sin previo aviso en cualquier momento.
Según los expertos en inmigración, el alcance del ISAP se ha disparado desde 2024 con la política anunciada por el gobierno de Estados Unidos de arrestos, detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes. Hoy en día, más de 7.6 millones de personas están bajo algún tipo de «supervisión» migratoria. Es menos costoso que los centros de detención que se han establecido en todo el país, pero ha significado que los contratistas del ICE pueden obtener enormes beneficios de sus medidas de vigilancia y control.
Según Giselle García, «No hay duda de que nuestra presencia en el «registro» de Norma marcó la diferencia. Sabían que estábamos allí vigilando, asegurándonos de que cumplieran las normas. Por eso son tan importantes la respuesta de la comunidad, los santuarios y otras respuestas organizativas ante los abusos en materia de inmigración».
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