El 23 de agosto, el juez que supervisa el caso de los cinco ecologistas de Santa Marta detenidos desde enero dictaminó que fueran trasladados a arresto domiciliario. Esta decisión representa una importante victoria tras meses de lucha constante por parte de la Asociación para el Desarrollo Económico Social (ADES Santa Marta) y otros miembros de la comunidad, el movimiento popular salvadoreño y organizaciones de derechos humanos, así como aliados solidarios internacionales.
Preocupada por los retrasos en su puesta en libertad, dada la situación de riesgo para la vida en el sistema penitenciario salvadoreño, la comunidad celebró una concentración el 31 de agosto, exigiendo que la Dirección General de Prisiones mantuviera la orden judicial. Los cinco líderes comunitarios fueron finalmente trasladados a sus domicilios a primera hora de la mañana del 5 de septiembre, más de una semana después de que venciera el plazo para su puesta en libertad. Su estado de salud, por el que finalmente se concedió la petición de excarcelación, sigue siendo una incógnita mientras la comunidad trabaja para acogerlos y acomodarlos.
Este fallo se produce pocas semanas después de que el Juzgado de Distrito de Sensuntepeque accediera a la petición del Fiscal General de seis meses más de prisión preventiva para seguir “preparando pruebas”. La comunidad de Santa Marta y sus aliados siguen pidiendo a la Fiscalía que retire los cargos, alegando una serie de irregularidades procesales y falta de pruebas. Los abogados defensores del caso han solicitado que se retire la acusación alegando que la presentación de estos cargos viola la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, que prevé la amnistía para la mayoría de los crímenes relacionados con la guerra civil, salvo los señalados en el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1992 y otros crímenes de guerra o de lesa humanidad similares.
La campaña internacional que lucha por la liberación de los cinco líderes comunitarios se ha intensificado en los últimos meses, y diecisiete miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron el 18 de julio una carta al Secretario de Estado, Anthony Blinken, instándole a “enviar un mensaje claro y público pidiendo su liberación de la prisión preventiva y que se retiren los cargos contra los acusados”. El Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos había publicado anteriormente una petición oficial para su liberación, en la que expresaba su grave preocupación por la detención de los líderes ecologistas. El equipo jurídico de Santa Marta también ha recurrido a organismos internacionales, la última vez presentando el caso en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la “Situación de los derechos humanos en El Salvador en el contexto del estado de excepción.”
Videlina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta, en un discurso pronunciado inmediatamente después del fallo del 23 de agosto, expresó su agradecimiento a quienes les habían apoyado. “A las organizaciones que se han solidarizado con Santa Marta y ADES, dentro y fuera del país, les agradecemos infinitamente su apoyo. Y les pedimos que nos sigan acompañando hasta lograr una victoria definitiva en esta lucha. Continuaremos con las acciones legales hasta revertir este injusto proceso penal contra nuestros líderes comunitarios.”
Tanto la carta del Congreso al Departamento de Estado como la declaración de la ONU expresan la preocupación de que estos líderes hayan sido señalados como parte de un plan más amplio para anular la histórica prohibición de la minería metálica en El Salvador, aprobada en 2017. La comunidad de Santa Marta y ADES fueron líderes de esa reñida victoria, en la que al menos tres activistas medioambientales perdieron la vida.
Más allá de estas preocupantes detenciones, la comunidad de Santa Marta ha denunciado el aumento de la actividad militar en su comunidad, en el contexto del Estado de Excepción indefinido del presidente Bukele en todo el país, aparentemente como parte de su “guerra contra las pandillas.” A principios de agosto, el gobierno desplegó 7,000 militares y otros 1,000 policías en el departamento de Cabañas. Este asedio militar se ha centrado desproporcionadamente en comunidades históricamente organizadas, incluida Santa Marta, donde los tanques ocuparon las calles de la pequeña comunidad hasta la semana pasada.
Las detenciones y la militarización de Santa Marta apuntan a una tendencia general de militarización en el país y también a cómo las comunidades históricamente organizadas se han visto particularmente afectadas. Cinquera, también en Cabañas, recientemente vio su escuela y centro comunitario convertidos en cuarteles militares temporales, una comunidad que, como Santa Marta, también fue violentamente perseguida durante el conflicto armado por el ejército de El Salvador. La comunidad de Guajoyo, Tecoluca, en San Vicente, que sigue inmersa en diversas luchas por la tierra (incluida una batalla legal por las tierras agrícolas sobre las que recibieron títulos de propiedad como parte de los Acuerdos de Paz) ha denunciado la continua persecución a la que se han enfrentado, incluida la instalación de un puesto militar el pasado 11 de agosto.
La lucha por liberar a los líderes de la comunidad de Santa Marta es sólo uno de los frentes de la batalla por defender unas victorias en defensa del medio ambiente y de la tierra por las que tanto se ha luchado, y dista mucho de haber terminado. Sus partidarios permanecen vigilantes, mientras centran sus esfuerzos en la batalla legal más amplia. Como resumió Videlina Morales a la salida del juzgado la semana pasada: “Hoy celebramos este paso como familias, como comunidad y como organizaciones, pero el paso definitivo y final será cuando nuestros compas sean liberados total e inequívocamente”.
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