Siguen muriendo personas bajo custodia de ICE. Trece demócratas respaldan un proyecto de ley para abolir la agencia.

Nota del editor: El siguiente artículo fue publicado originalmente por Mike Ludwig de Truthout el 23 de julio del 2026.

Al menos 53 personas han muerto bajo custodia del ICE desde el regreso del presidente Donald Trump al cargo.

 

Jesús Manuel Arenas-Silva se encontraba en su casa en Georgia con su familia el 9 de julio cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llegaron para arrestarlo. Sonimar María, hermana de Arenas-Silva, dijo que su familia imploró a los agentes que no se llevaran al venezolano de 45 años, mencionando sus necesidades médicas, pero el ICE no escuchó sus súplicas.

Flanqueado por demócratas progresistas de la Cámara de Representantes en una conferencia de prensa en el Capitolio el 22 de julio, Sonimar declaró en español que los agentes de ICE también ignoraron la solicitud de su familia para que Arenas-Silva llevará consigo su medicación. Según Sonimar, Arenas-Silva necesitaba cuatro medicamentos diferentes para una afección médica, pero ICE solo le permitió llevar una al remoto Centro de Detención del Condado de Irwin, en la zona rural de Georgia.

“Jesús Manuel me dijo después por teléfono que ICE no le había dado la medicación que necesitaba”, Sonimar dijo en una declaración traducida: “Estuvo sin medicación durante su detención hasta que trágicamente falleció bajo custodia de ICE el 13 de julio… Estoy completamente segura de que no recibió la atención médica adecuada”.

Arenas-Silva falleció durante su traslado desde el Centro de Detención del Condado de Irwin al Centro de Procesamiento de ICE en Folkston, un trayecto de aproximadamente 160 kilómetros. Fue hallado inconsciente cinco días después de su arresto, según ICE al menos 53 personas han muerto personas bajo custodia de ICE desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo y lanzó una campaña de deportación masiva liderada por el asesor Stephen Miller, lo que convierte al último año fiscal en el más mortífero en la historia de la agencia.

Además, al menos 30 personas han recibido disparos en lugares públicos o en sus hogares por agentes federales de inmigración durante la caótica represión de Trump, y 11 han muerto, incluyendo a varios padres y dos ciudadanos estadounidenses. Sonimar está pidiendo una investigación independiente sobre la muerte de su hermano, pero la administración Trump ha sido consistentemente levantado barreras para que se rindan cuentas tanto por los tiroteos mortales, como por las muertes en las cárceles del ICE.

“Era un hijo, hermano y tío cariñoso, un hombre atento y trabajador que vino a este país en busca de mejores oportunidades”, dijo Sonimar sobre Arenas-Silva, y agregó que vino a Washington, D.C. para buscar justicia para su hermano para que otras familias no tengan que soportar un trauma similar.

Algunos demócratas están presionando para que se realicen cambios estructurales para poner fin a la violencia perpetrada por ICE, que se ha envalentonado bajo las políticas establecidas por Trump y Miller. En una audiencia del Subcomité de Supervisión Judicial de la Cámara de Representantes sobre las condiciones en las cárceles de ICE el 22 de julio, los demócratas criticaron la administración Trump y los republicanos en el Congreso por gastar billones de dólares en construir cárceles para inmigrantes y reclutar agentes federales de inmigración mal capacitados, mientras recortando fondos para la atención médica y asistencia alimentaria.

Los demócratas progresistas de la Cámara de Representantes van un paso más allá de simplemente cuestionar las tácticas y el presupuesto inflado de ICE. Proponen abolir la agencia por completo y redirigir sus fondos a programas de red de seguridad que puedan ayudar a las personas a navegar la crisis de asequibilidad en espiral.

“Los estadounidenses exigen que los miembros del Congreso vayan más allá de la capacitación, las reformas y las políticas mínimas”, declaró la representante Delia Ramirez (demócrata por Illinois) en una conferencia de prensa el 22 de julio. “Exigen que ninguna otra familia sufra el dolor de la deportación o la muerte a manos de las autoridades migratorias de DHS”.

En enero, Ramírez presentó H.R. 7190, o Ley Melt ICE, que desmantelaría el ICE al poner fin a la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional para vigilar y encarcelar a inmigrantes. La legislación también redirigiría los fondos de aplicación de la ley hacia la vivienda federal y programas de atención médica para brindar servicios a personas afectadas por las medidas enérgicas contra la inmigración, así como a grupos que apoyan a migrantes y a hogares con miembros de la familia que no son ciudadanos.

“Los agentes de ICE están asesinando gente en las calles, destrozando familias, secuestrando a nuestros vecinos y encerrándolos en jaulas”, declaró la representante Rashida Tlaib, demócrata de Michigan y co patrocinadora del proyecto de ley. “ICE debe ser abolido, sin más. Los billones de dólares que financiaron a ICE deberían destinarse a las comunidades que sufrieron bajo su reinado de terror”.

“Los billones de dólares que financiaron a ICE deberían destinarse a las comunidades que sufrieron bajo su reinado de terror.”

Tan solo en el último mes, agentes de ICE dispararon y mataron a dos padres desarmados en sus vehículos mientras se dirigían al trabajo: Agentes de inmigración mataron a Juan Sebastián Guerrero el 13 de julio en Maine y a Lorenzo Salgado Araujo el 7 de julio en Texas. Según los informes, ambos hombres no eran objetivos iniciales de arresto y fueron perseguidos por oficiales de inmigración de Trump en controles vehiculares que activistas de derechos civiles sospechan que son casos claros de perfil racial. Guerrero, esposo y padre de un niño de 3 años, según se informa, fue asesinado por un agente de ICE que había sido reclutado recientemente a pesar de tener un historial bien documentado de violencia y abuso.

El 22 de julio, Juan Jairo Coronilla Durán murió atropellado por un camión articulado en Florida mientras huía de agentes de ICE. Tenía una visa de turista y estaba visitando a su familia en Estados Unidos durante sus vacaciones procedentes de México. Un grupo de defensa que ayuda a la esposa de Coronilla Durán dijo que creía que “tenía mucho miedo, y por eso huyó”. Ramírez coincidió con eso, añadiendo que Coronilla Durán probablemente huyó por temor a ser arrestado y recluido en una de las tristemente célebres cárceles y centros de detención de ICE, donde las personas están muriendo a un ritmo récord.

“Hizo lo que mi hermano habría hecho, hizo lo que tu hermana haría, hizo lo que tu madre haría si la detuviera ICE y tuviera cierta apariencia – huyó”, dijo Ramírez. “Tenía miedo de que lo llevaran a un centro de detención privado donde podría morir en cuestión de días y no volver a ver jamás a su familia”.

Un reciente aumento de la aplicación de la ley está afectando tanto a ciudadanos como a no ciudadanos, ya que agentes federales recientemente nombrados y fuertemente armados allanan hogares y atacan a personas en la calle para aumentar las cifras de deportaciones de Trump. Una revisión de 1,200 incidentes realizada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), en la que participaron ICE y sus socios, concluyó que las tácticas empleadas están provocando violaciones de los derechos civiles a una escala y con una gravedad sin precedentes en la historia reciente de nuestra nación.

Ramírez recordó a sus colegas legisladores que el Congreso creó ICE y el Departamento de Seguridad Nacional hace tan solo 25 años, tras los atentados del 11 de septiembre, y que pueden desmantelarse igualmente.

“Sé que la gente dice: ‘Eres radical, quieres disolver a ICE’; la gente pregunta: ‘¿Qué va a pasar con la detención?’”, dijo Ramírez. “Les digo: Miren nuestra historia, teníamos un Departamento de Justicia que manejaba todos nuestros casos de inmigración hasta 2003, y quiero recordarles que la gente no moría como muere ahora”.

Hasta el momento, solo 13 demócratas han copatrocinado la Ley Melt ICE de Ramírez: Tlaib, junto con las representantes Yvette Clarke (Nueva York), Ilhan Omar (Minnesota), Yassamin Ansari (Arizona), Nydia Velázquez (Nueva York), Adelita Grijalva (Arizona), Jesús G. “Chuy” García (Illinois), Valerie Foushee (Carolina del Norte), Ayanna Pressley (Massachusetts), Summer Lee (Pensilvania), Danny Davis (Illinois), LaMonica McIver (Nueva Jersey) y Sylvia García (Texas). Ramírez sugirió que la mayoría de los firmantes son personas de color.

“A todos nuestros aliados blancos en el Congreso, este es el momento de unirse al movimiento para desmantelar a ICE”, dijo Ramírez. “También quiero ver sus apellidos aquí”.

La Ley Melt ICE tiene prácticamente cero posibilidades de ser aprobada mientras el Partido Republicano mantenga la mayoría, pero el proyecto de ley representa un importante punto de inflexión político para los demócratas, ya que su base electoral presiona para que se produzcan cambios en las elecciones de mitad de mandato.

A medida que se acercan las elecciones de noviembre, los republicanos están desplegando una estrategia familiar de presentar a los demócratas como “comunistas” radicales que quieren recortar los fondos de las fuerzas del orden. En realidad, la cúpula del partido ha proporcionado constantemente muchos fondos para la policía, incluyendo los años posteriores al estallido de protestas a nivel nacional en 2020 contra la violencia policial racista, que exigían retirar fondos a la policía.

Los republicanos pintaron a todo el Partido Demócrata como partidarios de los movimientos “abolir a ICE” y “desfinanciar a la policía” de todos modos, y las figuras del establishment y los analistas a menudo mencionan esos movimientos en su discusión sobre sus derrotas electorales en 2024. Sin embargo, los republicanos ahora están a la defensiva. Trump es profundamente impopular, sus índices de aprobación en materia de economía e inmigración se han desplomado desde que asumió el cargo.

Cerca de la mitad de los adultos estadounidenses apoya ahora la abolición de ICE, incluido el 73% de los demócratas.

Una encuesta de YouGov publicada el 21 de julio reveló que aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses apoya la abolición de ICE, incluyendo el 73% de los demócratas. Solo el 40% se opone, en mayor o menor medida, a la eliminación de la agencia. Al parecer, las noticias sobre los asesinatos cometidos por ICE están llegando a los votantes, ya que el 60% declaró a los encuestadores haber oído hablar de tiroteos y asesinatos perpetrados por ICE la semana anterior.

En una carta del 21 de julio, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con más de 100 legisladores estatales progresistas, concejales y políticos de su estado natal de Nueva York exigieron que los demócratas en el Congreso se pronunciaran a favor de la abolición de ICE. Después de que Joan Sebastian Guerrero fuera asesinado por  ICE en Maine, el debate sobre la abolición de ICE se convirtió en un tema central de una campaña para el Senado muy seguida en el estado, con el aspirante demócrata Troy Jackson confirmando recientemente que apoya el desmantelamiento de la agencia.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, una demócrata moderada, escribió en un comunicado el 15 de julio a la delegación del estado en el Congreso que “la violencia tiene que terminar” antes de que más disparos destrocen un parabrisas y otra familia pierda a un ser querido.

“ICE necesita una reforma fundamental, y si no, entonces es hora de abolirlo”, escribió Mills.

Mientras Ramírez volvía a presentar la Ley Melt ICE esta semana, una coalición de grupos de derechos de los inmigrantes lanzó Acabemos con la era de ICE, una campaña para desmantelar a ICE como agencia y presionar a los demócratas para que copatrocinen la Ley Melt ICE.

“La gente está muriendo en centros de detención de ICE a un ritmo sin precedentes, los agentes de ICE están destrozando familias y disparando a personas en las calles, poniendo en peligro la seguridad de la población y sembrando el caos allá donde van, ya sea en Minneapolis, Chicago, Los Ángeles, Houston, Biddeford o cualquier otro lugar”, declaró Setareh Ghandehari, directora de incidencia política de Detention Watch Network. “No nos equivoquemos, estamos presenciando un momento crucial”.


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